Vista para sentencia la crisis de Vox en Cataluña sin que comparezca Abascal
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"DEBÍAMOS DISOLVER POR ESTATUTOS"

Vista para sentencia la crisis de Vox en Cataluña sin que comparezca Abascal

El Juzgado 44 de Primera Instancia determinará en los próximos días si la cúpula del partido vulneró los derechos de los afiliados al ordenar el cese de su comité provincial

Foto: Ortega Smith, junto a Ignacio Garriga, ha sido uno de los miembros del comité ejecutivo de Vox que acudieron ayer a declarar como testigos en el juzgado. (EFE)
Ortega Smith, junto a Ignacio Garriga, ha sido uno de los miembros del comité ejecutivo de Vox que acudieron ayer a declarar como testigos en el juzgado. (EFE)

La cúpula de Vox considera que su comité ejecutivo nacional actuó correctamente cuando disolvió el comité ejecutivo del partido en Barcelona en octubre de 2019. Así lo entienden los servicios jurídicos de la formación y así se lo han trasladado al Juzgado de Primera Instancia 44 de Madrid, donde estaba previsto que ayer comparecieran varios miembros del organismo que dirige la fuerza política tras la denuncia interpuesta por los tres afiliados de la delegación catalana M. A. R., M. J. C. T. y A. V. C., que acusaban a sus entonces máximos dirigentes jerárquicos de vulnerar el derecho de los afiliados al decidir unilateralmente la disolución del comité provincial.

Los miembros del comité ejecutivo nacional que estaban citados en calidad de testigos prestaron declaración ante la magistrada María José Ochoa. Todos ellos explicaron que los antiguos estatutos del partido, que estaban vigentes cuando tuvieron lugar los hechos (ya que fueron modificados el pasado marzo), establecían que, si dimitía la mitad del comité ejecutivo de una provincia, debía disolverse automáticamente todo el organismo. En este caso, además, argumentan fuentes del partido, en distintos momentos presentaron su dimisión tres de los seis miembros de este órgano, con lo que era imperativo legal ordenar la disolución al completo del mismo, como determinó el comité ejecutivo nacional.

Foto: Varias personas hacen cola para recoger alimentos durante el reparto que ha realizado el Banco de Alimentos en el campo de Mestalla. (EFE)

Estaban citados para prestar declaración como testigos los miembros del comité ejecutivo nacional David Lucas López —que ejerce como responsable de organización territorial—, el también concejal de Madrid Javier Ortega Smith, María Dolores Martín San Cristóbal y José Manuel Arias Flores. También el presidente de la formación, Santiago Abascal Conde, había sido llamado a declarar, pero este último excusó su asistencia, según fuentes del partido, para evitar la pena de telediario.

Las mismas fuentes entienden que este procedimiento civil no tiene ningún sentido y que la citación de Abascal no buscaba más que obligar a la cara visible de Vox a pasar por los juzgados para ser captado por las cámaras de los medios de comunicación. El resto de miembros del comité ejecutivo nacional citados podía perfectamente dar su visión sobre lo ocurrido. Abascal, añaden desde la formación, no estaba físicamente en Madrid cuando el organismo se reunió para tomar la decisión de la disolución del organismo provincial. Fuentes jurídicas explican, por otra parte, que al ser un procedimiento civil, el citado no estaba obligado a acudir, por lo que el hecho de que Abascal decidiera no personarse ante el Juzgado de Primera Instancia no acarrea consecuencias directas para el presidente de Vox a menos que la jueza determine lo contrario.

Los miembros del comité ejecutivo nacional que sí acudieron a la sede judicial permanecieron en el Juzgado de Primera Instancia 44 poco más de dos horas. Ninguno de ellos, sin embargo, pudo ser captado por los periodistas. Fuentes del partido explican que el caso quedó visto para sentencia sin que fuera necesaria comparecencia alguna. Añaden que el procedimiento para disolver un comité conlleva un informe inicial por parte de la delegación territorial, al frente de la cual estaba Lucas López. Ese documento pasa normalmente al comité de garantías, que emite sus propias conclusiones. Ninguno de los dos dictámenes mencionados, sin embargo, se torna vinculante. Los dos pasan entonces al comité ejecutivo nacional, que es el único órgano facultado para tomar la determinación mencionada. Aseguran también las mismas fuentes que esto fue lo que ocurrió en aquella crisis interna.

Foto: Santiago Abascal. (Reuters)

El cese de aquel comité provincial conllevó la posterior llegada al organismo de gobierno del partido en Barcelona de Juan Garriga, primo de Ignacio Garriga, odontólogo, diputado por la Ciudad Condal, portavoz del comité ejecutivo nacional y la persona elegida por Abascal para defender la moción de censura fallida presentada por la formación que sirvió para que el presidente del PP, Pablo Casado, se desmarcara radicalmente de la derecha representada por Vox. Juan era dirigente de Plataforma per Catalunya, agrupación que se integró en Vox.

El Confidencial ha tratado de ponerse en contacto con los tres denunciantes que provocaron la apertura de la presente causa judicial y que han hecho que tengan que comparecer varios miembros del comité ejecutivo nacional ante el Juzgado 44. Sin embargo, han rehusado dar explicaciones.

La declaración de parte de la cúpula del partido en sede judicial se produce poco después de que un diputado de la formación, Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez, renunciara a su escaño en el Congreso tras ser denunciado. El propio exparlamentario lo contó en su cuenta de Twitter, aunque no aclaró los motivos que hay detrás de la demanda. Según Fernández-Roca, él mismo acudió de forma voluntaria e inmediata a dependencias policiales en cuanto conoció la existencia de la denuncia el pasado miércoles. "A pesar de ser inocente, el jueves por la mañana renuncié a mi acta de diputado y por tanto a mi condición de aforado", explicó.

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