El PP insiste en que haya un plan B jurídico y deja en el aire su posición sobre la alarma

El Partido Popular apura la respuesta al anuncio del presidente del Gobierno, que este domingo confirmaba la entrada en vigor de un nuevo estado de alarma. La novedad es la posible prórroga del mismo durante seis meses. Los servicios jurídicos de Moncloa ya han avalado esta opción, y aunque el contenido del decreto está previsto solo para 15 días (momento a partir del cual Pedro Sánchez tendrá que pedir apoyo al Congreso para mantener la alarma), la extensión podría servir para que la situación de excepcionalidad dure hasta el 9 de mayo. El jefe del Ejecutivo reconoció que, en todo caso, la duración sería revisable.

Pablo Casado fijará la posición de su partido este lunes durante la clausura de la primera sesión del XXIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar. En la formación, evitan decir con claridad la postura que adoptarán, aunque parece complicado que los populares puedan apoyar que la medida se extienda durante seis meses. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dejó claro en la noche del domingo que no ve con buenos ojos esa duración porque daña la imagen de España, e insistía en que se podrían llevar a cabo otras reformas legales.

También el alcalde de Madrid, el popular José Luis Martínez-Almeida, demostró su malestar en un tuit en el que aseguraba que los ciudadanos “no merecían este desconcierto”, recordando las palabras de Fernando Simón, hace apenas 10 días, cuando aseguraba que la situación se estabilizaba. Otros dirigentes populares como el presidente de Murcia, Fernando López Miras, sí respaldaron la medida, celebrando que el Ejecutivo hubiera actuado por fin, pero sin entrar al detalle de cuánto deberá durar la prórroga. El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, también ratificó las medidas puestas en marcha este fin de semana en su comunidad, y que con el estado de alarma quedarán avaladas.

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Sánchez desveló en su comparecencia que había hablado por teléfono con Casado y pidió contar con el apoyo del grupo popular para la decisión. Lo que está claro es que los populares insistirán en la necesidad de un marco jurídico alternativo que permita a las administraciones actuar y contar con herramientas ágiles para hacer frente a la pandemia sin tener que recurrir a la alarma. En realidad, es un reclamo repetido desde el mes de mayo, cuando la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ya se comprometió a que el Gobierno impulsaría un plan B jurídico. Fue un compromiso con Ciudadanos también para la cuarta prórroga del primer estado de alarma. Pero nunca se cumplió. Inés Arrimadas confirmó ayer el apoyo de su grupo al nuevo estado de alarma, después de que el viernes compareciera para pedirle al presidente que actuara.

Los populares han seguido insistiendo al respecto, dejando claro que las autonomías debían contar con herramientas para atajar los rebrotes sin necesidad de otros estados de alarma. Aunque el PP no confirma que se esté produciendo alguna negociación para dar su apoyo al Ejecutivo, en caso de que llegue, irá de la mano de esta condición.

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Ana Pastor volvió a señalarlo el pasado viernes, cuando los rumores sobre un nuevo estado de alarma eran acuciantes. Y pronto habrá una oportunidad para saber si el Gobierno está dispuesto. La próxima semana, está previsto que llegue al Congreso una proposición para modificar la Ley Orgánica de Medidas Especiales en materia de Salud Pública de 1986 que el PP registró en verano. PSOE y Unidas Podemos deberán decidir si apoyar su admisión a trámite, que sería el primer paso para ese cambio normativo.

Esa reforma incluye, entre otras cosas, que se pueda obligar a guardar cuarentena, aislar a “las personas sospechosas” de covid-19, así como controlar las entradas y salidas en las zonas afectadas y limitar la libre circulación sin tener que recurrir a la excepcionalidad de la alarma.

El Consejo de Ministros extraordinario de este domingo tomó la decisión de un nuevo estado de alarma después de que la mayor parte de las comunidades (a excepción de las presididas por los populares) comenzaran el pasado viernes a pedir en cascada su aprobación (incluso Euskadi y Cataluña) para poder contar con un marco jurídico que avale sus decisiones sin que los tribunales se las tumben. Castilla y León sí había pedido formalmente al Ministerio de Sanidad la aplicación de un toque de queda, pero al no haber acuerdo entre todas las regiones en el Consejo Interterritorial del jueves, se dispuso a aprobarlo por su cuenta.

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No fue la única. También la Comunidad Valenciana pidió a la Abogacía autonómica que lo estudiara. Andalucía, por su parte, lo declaró en Granada y otros municipios de su área metropolitana. Las autonomías presididas por el PP, sin embargo, no se sumaron a la petición del estado de alarma. Galicia incluso reprochó hablar de toque de queda como tal, aunque no veía mal las restricciones nocturnas a la movilidad.

Tampoco lo veían mal Madrid y Murcia. De hecho, la comunidad de Isabel Díaz Ayuso fue la primera que abrió el melón del toque de queda hace días por boca de su consejero de Sanidad. Luego llegaron los matices y, al final, la región aprobó medidas dentro de sus competencias que limitaban la actividad económica desde las 00:00 a las 6:00 de la mañana. Medidas que se mantienen con este estado de alarma, igual que las restricciones a la movilidad por zonas básicas de salud que comienzan este lunes (y cuyos detalles se puede leer aquí).