Tregua en la Fiscalía frente al criterio sobre la imputación de Pablo Iglesias

Las aguas no han estado tranquilas en la Fiscalía desde hace ya meses, pero, en la última etapa, es oficial que lo que se agita en el Ministerio Público es un temporal. Al malestar que provocó la elección de una exministra para dirigir la institución siguieron los recelos por el daño a la independencia del órgano que pueden provocar algunos de los posicionamientos ante procedimientos sensibles en ciernes. El cisma interno quedó claro en el caso de las querellas presentadas por la gestión del Gobierno frente al covid. El episodio amenazaba ahora con reproducirse e incluso recrudecerse ante el informe que los fiscales del Supremo deben presentar sobre Pablo Iglesias. Por ello, se ha buscado una solución de consenso y la posibilidad de abrir causa contra el vicepresidente será analizada por un amplio grupo de fiscales, informan fuentes jurídicas.

La corriente que hace unos meses reivindicaba un criterio técnico para lo relacionado con el coronavirus ha vuelto a hacerlo ahora después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón haya remitido su exposición razonada contra el vicepresidente, pidiendo que se le impute por tres delitos en relación con la conocida como pieza Dina. Así, una parte de la Fiscalía quería que fuera una fuerte representación de la cúpula fiscal la que estudiara la solicitud del titular del Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional a la hora de informar sobre si procede o no abrir causa en su contra. Y en este caso, su tesis ha triunfado.

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La primera experiencia ha servido de lección en la Fiscalía General del Estado que, en esta ocasión, parece optar por una vía más abierta. El frentismo con el que se vio esta propuesta en la primera ocasión en el órgano de Dolores Delgado se ha sustituido por una mayor moderación y el organismo parece haber optado por un camino intermedio. En lugar de oponerse de forma radical el teniente fiscal Luis Navajas, que ha vuelto a asumir las riendas, ha decidido repartir juego. Después de que Delgado haya anunciado su abstención por los vínculos con el Ejecutivo, Navajas —cuyo tono y declaraciones sorprendieron hace unas semanas cuando acusó a compañeros de tratar de presionarle e influirle— ha abierto consultas.

Por una parte, el teniente fiscal recabará el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que no fue consultada por García-Castellón antes de que se decidiera por remitir el asunto Iglesias al TS. Por otra, sondeará la opinión de fiscales de sala. Aunque está descartado que pregunte a todos ellos convocando junta de fiscales, sí lo hará con un grupo reforzado. La decisión se ha adoptado después de que, en los primeros pasos, se hayan ya detectado opiniones encontradas.

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Las fuentes consultadas aseguran que desde Anticorrupción no apoyan impulsar el procedimiento contra Iglesias. Como ya indicaron los fiscales del departamento que dirige Alejandro Luzón en escritos presentados en la Audiencia Nacional, piensan que los posibles delitos que pueden atribuirse a Iglesias de forma indiciaria pierden toda su carga gracias a su antigua colaboradora Dina Bousselham. La revelación de secretos que cometió al acceder al contenido privado de su teléfono, cuya tarjeta retuvo varios meses, según ha reconocido él mismo de forma pública, no puede castigarse sin que la víctima, o sea, Dina, exprese su deseo de proceder contra él. No consideran armados los otros dos delitos, daños informáticos y denuncia falsa o simulación de delito.

Sin embargo, voces del Supremo no hacen la misma lectura y recalcan que la falta de denuncia por parte de Dina solo desactiva el primer delito, pero no los otros dos, y consideran que, al menos, sería necesario abrir causa e investigar. Por ello y para alejar cualquier riesgo de malestar, el grupo seleccionado incluye a representantes de la parte tradicionalmente vista como crítica. Formarán parte del grupo los cuatro fiscales del 'procés' -Jaime Moreno, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena- además de otros destacados miembros como Juan Ignacio Campos o Pilar Fernández, que ya fueron consultados en el caso de las querellas del covid. La polémica parece, por el momento, acallada.