La Fiscalía se inclina por rechazar las querellas al Supremo sobre el covid

La Fiscalía se inclina por pedir que se rechacen las 51 querellas y denuncias contra miembros del Gobierno y autoridades sobre el covid que han llegado al Tribunal Supremo, aunque aún no hay una decisión definitiva. La Sala Segunda del alto tribunal, encargada de los asuntos penales, pidió a principios de julio un informe a la Fiscalía sobre la conveniencia o no de admitirlas a trámite. Una vez recibido ese informe, tendrá que decidir si hay motivo suficiente para investigar o si las rechaza de plano.

Las 15 querellas y 36 denuncias van dirigidas contra el presidente del Gobierno y otros miembros del Ejecutivo, así como presidentes de comunidades autónomas, todos ellos con fuero, es decir, su investigación y en su caso su enjuiciamiento son potestad del Tribunal Supremo. El contenido se refiere, sobre todo, a la supuesta vinculación entre decisiones de esas autoridades y la transmisión del coronavirus. Por ejemplo, por falta de material o por el momento en que se decretó el estado de alarma.

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La Fiscalía ha hecho una labor de estudio de cada una de las iniciativas, para agruparlas y determinar si hay material para abrir una investigación penal. El estudio ha dado lugar a un detallado informe que responde y valora cada una de ellas, para ser remitido a la Sala Segunda en las próximas semanas.

El informe está en manos del teniente fiscal, Luis Navajas, a falta de una decisión definitiva, previa a su remisión a la Sala. Fuentes de la Fiscalía explican que, en principio, no se aprecian elementos suficientes como para abrir investigaciones penales como consecuencia de esas iniciativas. Los informes son estrictamente técnicos y no ha intervenido la Fiscal General del Estado y exministra de Justicia, Dolores Delgado.

Ha habido casos análogos que se han resuelto con el archivo o derivándolos a otras jurisdicciones. Por ejemplo, una sentencia en Aragón que se convirtió en un caso de legislación social o laboral en el caso de una denuncia por no haber facilitado material sanitario para hacer frente a la pandemia. Y fue archivado el procedimiento sobre la celebración de la manifestación feminista del 8 de marzo que iba dirigido contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.

Fuentes de la Fiscalía explican que, en principio, no se aprecian elementos suficientes como para abrir investigaciones penales por esas iniciativas

En esta mezcolanza de hechos que están examinándose uno a uno, hay acontecimientos muy diversos. Aunque los denunciados suelen ser los mismos —desde el presidente del Gobierno hasta el ministro de Sanidad y el resto de miembros del Ejecutivo, pasando por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, también aforada en el TS—, los delitos varían. Homicidio imprudente, lesiones imprudentes, prevaricación, omisión del deber de socorro, imprudencia grave, delito contra la seguridad de los trabajadores. También cambian de una a otra los hechos. Una amalgama heterogénea que va de las manifestaciones celebradas en los días previos a la declaración del estado de alarma al retraso en la compra y distribución de material de protección y sus consecuencias, de la carencia de test efectivos a la falta de control de las residencias de mayores, de la 'selección' de pacientes en las UCI y el rechazo a los mayores a las presentadas por declaraciones públicas, más o menos desafortunadas, de cargos públicos.

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Los fallos en la protección efectiva de los trabajadores sanitarios y la gestión de las residencias son los dos cabos con más visos de desembocar en un procedimiento penal. Una de las primeras denuncias en esta vía penal fue la presentada ante el alto tribunal por el abogado Víctor Valladares contra Pedro Sánchez por la comisión de un presunto delito de prevaricación administrativa, al permitir la celebración de concentraciones multitudinarias entre los días 5 y 14 de marzo, entre ellas, la manifestación del 8-M. Se trata de una acción penal espejo de la que archivó la jueza de Madrid Carmen Rodríguez-Medel contra el delegado del Gobierno José Manuel Franco por no adoptar medidas frente a las movilizaciones en situación de prealerta médica.

La más numerosa es la presentada por 11 abogados en nombre de más de 3.000 familias, acusando al presidente del Gobierno y a todos sus ministros de fomentar con sus decisiones las muertes por el covid. También los médicos han acudido a la Sala Segunda del TS, en su caso contra Salvador Illa, por la retirada de mascarillas FPP2 empleadas por personal sanitario y que resultaron ser defectuosas. Incluso lo han hecho colectivos como Abogados Cristianos, que reprochaban a Sánchez imponer trabas en la libertad de culto por los límites a la celebración de misas.