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"No cuentes nada a la Policía": un chat de Podemos refuerza los indicios contra Iglesias
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nuevos mensajes apuntan a un montaje en dina

"No cuentes nada a la Policía": un chat de Podemos refuerza los indicios contra Iglesias

Comunicaciones internas de Podemos revelan que la formación ocultó información clave en el caso Dina para manipular la investigación judicial y utilizarla con fines políticos

Foto: El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. (EFE)
El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. (EFE)
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Nuevos mensajes internos de Podemos apuntalan la acusación a la que se enfrentan Pablo Iglesias y otros altos cargos del partido por haber manipulado supuestamente la investigación del caso Dina para utilizarlo con fines políticos. Un chat del equipo jurídico de Podemos revela que su cúpula ocultó a la Policía y al juez Manuel García-Castellón datos clave sobre el presunto robo y posterior difusión del contenido del teléfono de la exasesora de Iglesias y maniobró para presentar al actual vicepresidente segundo del Gobierno como una víctima de las cloacas del Estado en plena campaña de las elecciones generales de abril de 2019.

Podemos instrumentalizó la causa desde el primer día, según reflejan las comunicaciones a las que ha tenido acceso El Confidencial, inéditas hasta ahora. La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional convocó a Dina Bousselham en sus dependencias el 10 de diciembre de 2018. La antigua colaboradora de Iglesias pensó que la citación estaba relacionada con una denuncia que había interpuesto por un ataque en YouTube, pero allí le explicaron que habían encontrado archivos de su móvil en la vivienda del comisario Villarejo. Mientras esperaba para prestar declaración, Dina avisó del hallazgo a la entonces jefa de los servicios jurídicos de Podemos, Gloria Elizo, que en estos momentos ocupa la Vicepresidencia Tercera del Congreso.

Foto: El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. (EFE)

A las 15.33 horas de ese 10 de diciembre, Elizo envió un mensaje a Dina para ordenarle que no colaborara con la Policía, pese a su teórica posición de víctima. “Que te cuenten todo y luego vemos cómo actuar, de momento no cuentes nada”, le exigió Elizo. La cúpula sabía desde julio de 2016 que Dina había denunciado el robo de su teléfono y que algunos de sus archivos habían aparecido en medios de comunicación. El hallazgo de Asuntos Internos conectaba a Villarejo con ese episodio y permitía a Iglesias y al partido en su conjunto alimentar la tesis de que habían sufrido una campaña de una mafia parapolicial con tentáculos en la prensa que tenía como único objetivo destruirlos.

Dos horas después del primer mensaje, a las 17.26 horas, Elizo trasladó al resto de abogados de Podemos lo que Dina había logrado averiguar. “Que no salga de aquí bajo ningún concepto. INFORMACIÓN MUY MUY RESERVADA: Dina ha salido de la Brigada de Información. La citación no era por lo del vídeo de YouTube sino por el robo del móvil”, explicó la abogada. “Quien está detrás del robo ha sido Villarejo. Hay una pieza secreta en Tándem a la que van a unir su declaración. Me manda ahora la copia. Hay por tanto una pieza tras la conexión Villarejo/Pablo Iglesias”. “Qué guay, buenísima noticia. Confidencial absolutamente”, reaccionó dos minutos después Marta Flor, la abogada que terminó asumiendo la defensa de Dina y el propio Iglesias en esta pieza separada del llamado caso Tándem.

Foto: Ilustración: El Herrero.

No era la idea inicial. Tras descubrir la existencia de la pieza, los abogados de Podemos pactaron que Dina se personaría como perjudicada a título particular porque era la única afectada por la difusión del contenido de su móvil. Un letrado de la formación se encargaría de representarla, pero lo haría al margen del partido para evitar agravios con otros militantes o cargos que no habían disfrutado de ese privilegio. Buscaron a un compañero que apenas hubiera tenido participación en la causa. La formación estaba personada en Tándem como acusación popular desde el inicio de la instrucción. “Podemos ser más o menos descarados (…) Que sean los mismos letrados a lo mejor no nos interesa”, opinó Elizo el 31 de enero de 2019. Todos asintieron en el chat interno, según los mensajes en poder de este diario.

Sin embargo, en los días siguientes, la dirección de Podemos cambió de opinión y decidió explotar el caso electoralmente. Para evitar interferencias en ese plan, la formación dejó al margen a los abogados que se oponían a la politización de la causa, entre ellos el entonces coordinador de sus servicios jurídicos, José Manuel Calvente, despedido de forma fulminante en diciembre de 2019 por una denuncia de acoso sexual que resultó ser un montaje. Su testimonio fue clave para que el juez García-Castellón acordara la semana pasada enviar a Iglesias, Elizo, Marta Flor y otros responsables de Podemos al Tribunal Supremo por los presuntos delitos de revelación de secretos, daños informáticos y simulación de delito o denuncia falsa.

Foto: El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. (EFE)

Pese a concluir que Dina era la única perjudicada y Podemos se quedaría fuera del procedimiento, se hizo finalmente cargo de su defensa Marta Flor, que ya representaba al partido en Tándem. El motivo fue su buena relación con los fiscales anticorrupción asignados al procedimiento, Ignacio Stampa y Miguel Serrano. El primero está siendo investigado en estos momentos por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por su relación con esta letrada y otros abogados de Podemos, después de que este diario publicara mensajes que apuntan a que les habría filtrado información de varias piezas secretas, entre ellas, la de Dina.

La dirección de Podemos tomó una decisión aún más importante en esas fechas. Ordenó que Iglesias también se personaría como perjudicado alegando que, entre la información del móvil de Dina que había salido en prensa, había varios pantallazos de conversaciones de Telegram en las que aparecían mensajes del dirigente que habían servido para atacarle. Con ese criterio, el resto de participantes en los chats filtrados tenía derecho a personarse, pero Podemos decidió que solo Iglesias emprendería acciones legales para que todo el foco del supuesto espionaje de las cloacas se centrara en su figura y, de ese modo, pudiera exprimir el papel de víctima.

Foto: El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. (EFE)

La maniobra fue clasificada como un “asunto confidencial” incluso dentro del partido, como demuestra un mensaje del 25 de marzo de 2019 enviado por otra letrada del equipo legal. Solo estaba al tanto del plan el círculo más próximo al vicepresidente segundo del Gobierno. Dos días después, el 27 de marzo, cuando ya solo quedaba un mes para las generales, Iglesias y Dina se presentaron por sorpresa en la Audiencia Nacional para declarar como perjudicados por una supuesta operación de espionaje y difamación ejecutada por Villarejo. La noticia dio un vuelco a la campaña de Podemos y condicionó la del resto de partidos. A partir de ese momento, la supuesta conspiración parapolicial se convirtió en el eje de su discurso.

Los mensajes internos de Podemos demuestran que la cúpula de formación sabía al menos desde julio de 2016 que, en realidad, los pantallazos de las conversaciones de Telegram en las que salían mensajes escritos por Iglesias habían sido hechos por la propia Dina y enviados a terceras personas, como adelantó 'El Mundo'. “Ayer nos explicaron en la reunión que los pantallazos los hizo ella”, contó una letrada de Podemos tras un encuentro con la dirección, el 28 de julio de 2016. También supieron en ese momento que la información del teléfono teóricamente robado a Dina estaba circulando por diferentes medios de comunicación. Pero Iglesias y su exasesora omitieron estos datos al juez García-Castellón cuando declararon como perjudicados para que únicamente prosperara la línea de investigación que implicaba a Villarejo en el caso y permitía a Podemos usar el caso para apuntalar su mensaje.

Foto: La exasesora de Podemos Dina Bousselham, junto a la abogada Marta Flor (i). (EFE)

Año y medio después de la apertura de la pieza, la estratagema ha terminado volviéndose contra Iglesias. El instructor de Tándem le acusa de mentir en la causa para obtener un rendimiento político. También le atribuye un presunto delito de revelación de secretos tras descubrirse que, en enero de 2016, el presidente del Grupo Zeta en esa época, Antonio Asensio, le entregó una copia de la tarjeta del móvil de Dina. Guardaba “archivos personales y de carácter muy íntimo”, pero Iglesias no se la devolvió a su legítima propietaria al menos hasta julio de ese año. Para entonces ya se habían publicado los pantallazos de Telegram y otros documentos.

Además, el juez sospecha que Iglesias le dio a Dina la tarjeta inutilizada para que no pudiera acceder de nuevo a su contenido. Su antigua asesora en el Parlamento Europeo envió la memoria a una empresa de recuperación de datos de Gales, pero allí no solo no lograron arreglarla, sino que le provocaron nuevos daños que la hicieron irrecuperable, según los informes policiales incorporados al sumario.

Nuevos mensajes internos de Podemos apuntalan la acusación a la que se enfrentan Pablo Iglesias y otros altos cargos del partido por haber manipulado supuestamente la investigación del caso Dina para utilizarlo con fines políticos. Un chat del equipo jurídico de Podemos revela que su cúpula ocultó a la Policía y al juez Manuel García-Castellón datos clave sobre el presunto robo y posterior difusión del contenido del teléfono de la exasesora de Iglesias y maniobró para presentar al actual vicepresidente segundo del Gobierno como una víctima de las cloacas del Estado en plena campaña de las elecciones generales de abril de 2019.

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