Los barones del PP se separan de la vía Ayuso mientras Génova se lanza en su defensa

Todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP, con la excepción de Castilla y León, se opusieron a la orden de Sanidad sobre nuevas restricciones a la movilidad en ciudades de más de 100.000 habitantes. La imagen de unidad, en la que solo faltó la autonomía de Alfonso Fernández Mañueco, no respondía a una estrategia única ni a un respaldo unánime a la Comunidad de Madrid, abiertamente enfrentada al Gobierno de Pedro Sánchez. Galicia y Andalucía, por ejemplo, coincidían en la falta de más criterios epidemiológicos para aplicar medidas objetivas. La dirección nacional del PP, que estuvo días sin pronunciarse con claridad sobre la presidenta madrileña, aunque sí defendió la gestión de los últimos meses, decidió ayer tras su reunión semanal cerrar filas con Ayuso y mantener en cotas máximas la confrontación con Moncloa.

El secretario general, Teodoro García Egea, fue contundente con la afirmación: “El PP respalda sin fisuras a la Comunidad de Madrid y a su presidenta”. En Génova, defienden los argumentos de la Puerta del Sol sobre que las medidas aplicadas por zonas básicas de salud (un total de 45 en la última etapa) estaban dando resultados.

Es más, entienden que la vía es precisamente la que defiende Ayuso: confinamientos selectivos en las zonas más afectadas y liberar las áreas que tengan menor incidencia para que “el cierre de Madrid” no sea nunca completo. Justo lo contrario de lo recomendado por el Ministerio de Sanidad, que desde este fin de semana impuso restricciones en toda la ciudad de Madrid. En Génova, insisten en defender que los requisitos aprobados finalmente para las ciudades de más de 100.000 habitantes eran un traje hecho a medida para Madrid y aseguran que la hoja de ruta del Gobierno de Sánchez es “un ataque” permanente a la capital.

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La cuestión es que el resto de autonomías gobernadas por el PP (cuatro de ellas en coalición con Ciudadanos) están tomando caminos muy distintos, a pesar de coincidir en algunas críticas hacia el Ministerio de Sanidad. El ejemplo más evidente ha sido el de Castilla y León, que desde este martes confinará las capitales de León y Palencia, a pesar de que la segunda ni siquiera tiene los 100.000 habitantes requeridos para aplicar las actuaciones coordinadas del consejo interterritorial. Dicho de otra manera: la comunidad ha decidido aplicar ya la orden de Sanidad, aunque estrictamente en una de las dos ciudades no tuviera por qué hacerlo. Es cierto que más allá de las medidas pensadas para municipios de ese tamaño, la resolución de Sanidad avala a las comunidades para actuar en ciudades más pequeñas.

Castilla y León ya votó a favor de la orden del ministerio en la Interterritorial de la semana pasada y su presidente aseguró que lo hicieron “pensando en los ciudadanos” de esa comunidad. Veían con buenos ojos los criterios del ministro Illa que otros compañeros de filas criticaban. La consejera de Sanidad en esta comunidad, independiente propuesta por Ciudadanos y médica, ha sido muy vehemente con la aplicación de medidas a lo largo de la pandemia, tratando de ir por delante de los contagios. En el PP nacional, defienden las medidas aplicadas por comunidades como esta, aunque la defensa no se produce en los mismos términos que con Madrid.

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De hecho, el propio García Egea sacó pecho por algunas restricciones llevadas a cabo por Murcia durante el verano, como la limitación a un máximo de seis personas en reuniones sociales o el confinamiento selectivo (equivalente a la fase 1 de desescalada) en localidades como Totana o Lorca. En Murcia, el PP entiende que era pertinente actuar de esta manera, pero considera que imponer medidas a Madrid es “un ataque” y reprocha al Gobierno tener como objetivo la región que preside Ayuso.

No solo Murcia. También Galicia —que se opuso a la orden del ministerio hace días, por entender que los criterios se quedaban cortos frente a los 10 indicadores que utiliza el Comité Clínico gallego— ha endurecido las medidas en los últimos días y no descarta el confinamiento de Ourense, que ya acumula los peores datos de esa comunidad. Al constatar que las reuniones sociales son la principal vía de transmisión, la Xunta ya decretó la obligatoriedad de que estos encuentros se produzcan solo con personas convivientes en esa ciudad, restringiendo al máximo las relaciones sociales. Además, en casi una quincena de municipios ya se están aplicando otras restricciones desde hace días.

Andalucía es la otra comunidad que gobiernan PP y Ciudadanos en coalición y que también se opuso a la orden de Illa. La Junta insistió en pedir más criterios científicos para que se pueda actuar tanto en municipios grandes como en pequeños, pero se distanció de Madrid desde el primer momento, dejando claro que no recurrirían la resolución en los tribunales. Es cierto que el contenido no afecta por ahora a la comunidad, ya que no hay ninguna ciudad de más de 100.000 habitantes con más de 500 casos. Pero el Gobierno de Juanma Moreno descartó la vía judicial, al contrario de lo que hizo Madrid, primero dando a entender que se abría a desobedecer y luego aclarando que cumpliría la ley, pero acudiría a la Audiencia Nacional, donde pidió medidas cautelares que están pendientes de resolverse.

A las diferencias en la gestión del PP por los distintos territorios se unen las quejas de Ciudadanos, socio de muchos de estos ejecutivos, y que precisamente pide ahora explicaciones por las diferencias en los criterios. Este lunes, la portavoz nacional, Melisa Rodríguez, evidenciaba que "los mismos partidos están en distintos gobiernos de coalición" y algunos “toman medidas más restrictivas con niveles de incidencia menores” que Madrid “y no se ponen a recurrir ante la Justicia, sino que siguen trabajando”. Un mensaje clarísimo a Génova y que pretendía defender también el papel del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, cuestionado por sus críticas a la presidenta y la inacción como parte del Gobierno.