Casado, obligado a romper con Rajoy para salvar su liderazgo

Cuando un partido se enfrenta a un escándalo de corrupción, tiene a su alcance varios protocolos de pánico que se suelen repetir. “Rómpase en caso de incendio”, viene a decir el cristal de la urna que contiene el manual de autodefensa.

Contiene capítulos que van desde la apelación a la presunción de inocencia, el ataque contra el juez o fiscal, el intento de minimizar los hechos, la comparación con casos que afectan a otros, el borrado del nombre de los afectados, la descalificación del denunciante o la distancia con los hechos, si se refieren a etapas anteriores.

El PP ha pasado este martes por prácticamente todas las alternativas del manual en relación con el llamado caso Kitchen, referido a la operación parapolicial para intentar desactivar las investigaciones judiciales del caso Gürtel. Y seguramente tendrá que seguir recurriendo al libro de autodefensa a medida que continúen aflorando casos de corrupción que le afectan y que se encuentran en alguna fase de la investigación judicial.

El propio PP calcula unos cinco años en los que periódicamente tendrá que hacer frente a escritos de fiscales, autos judiciales, vistas orales, sentencias y recursos. Por ejemplo, Gürtel, pendiente aún de una vista oral y de recurso del juicio que ya se celebró; Púnica y, sobre todo, Kitchen, que según el escrito del fiscal afecta de alguna manera a Mariano Rajoy, Dolores de Cospedal y Jorge Fernández Díaz, entre otros. Este último caso no ha hecho más que empezar y promete muchos días de protocolo de pánico para Casado.

Lo que no ha hecho nunca el PP (ni Casado) es buscar en la última página del manual la respuesta extrema y desesperada de admitir la culpa y pedir perdón, y por eso, arrastra esa pesada herencia. A esta página llegan pocos partidos. Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, admitió en Onda Cero que el caso afecta “a la imagen reputacional del PP” y, además, impide que sus dirigentes hablen de otros temas que les resultan más propicios.

Ana Pastor, exministra de Rajoy, expresidenta del Congreso y ahora vicesecretaría del PP, optó en TVE por minimizar los hechos, porque solo es un escrito del fiscal, e invocar la presunción de inocencia de quienes formaron equipo con ella en el Gobierno. Y Pablo Casado reunió casi todos los argumentos del protocolo del pánico: presunción de inocencia, descalificación de la Fiscalía porque tiene a una exministra al frente y, sobre todo, poner distancia con los hechos. "En esos años, yo era diputado por Ávila y no tenía responsabilidades en el partido" y la investigación “viene de tiempos muy pasados”, dijo en un acto organizado por el diario 'El Mundo'.

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Los hechos investigados se refieren al periodo entre 2013 y 2015. Casado fue nombrado por Rajoy vicesecretario de Comunicación del PP el 18 de junio de 2015, ya fuera de ese periodo. Lo que sí hizo en ese cargo de portavoz fue minimizar y hacer frente a acusaciones y reveses judiciales que se sucedían casi cada semana. Lo hizo mientras que otros dirigentes, como Cospedal, entonces secretaria general, guardaban silencio. A Casado le pusieron para eso y nunca se puso de perfil para evitarlo.

Recordando esa función de portavoz, la de este martes no es la primera vez que se distancia de la etapa de Rajoy a propósito de un caso de corrupción. Lo hizo el 2 de octubre de 2016 cuando sobre la financiación ilegal del PP dijo: “Yo en el 99 estaba en COU, creo”. Ahora ha usado un argumento similar, tuneado para la ocasión, e intentando diferenciar su mandato del de Rajoy. Casi como Felipe VI con Juan Carlos I.

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Su argumento de descalificar el escrito del fiscal porque Dolores Delgado es fiscal general del Estado tiene el inconveniente de que los autores, miembros de la Fiscalía Anticorrupción, son los mismos que trabajaban en la etapa anterior. Y, además, supone dar por hecho que ve posible que el fiscal general intervenga en un escrito de ese tipo.

Lo de la presunción de inocencia choca con el rasero utilizado para denunciar casos de otros partidos, como los referidos a Unidas Podemos. Si para el PP en esos casos ajenos la imputación supone responsabilidades y expulsiones, Cospedal y Jorge Fernández deberían ir buscando sus carnés de militantes para entregarlos en breve.

Casado y todo el PP piden desde hace un mes la dimisión del vicepresidente por la imputación de varios de los dirigentes de su partido. Si sacralizan la imputación, la sacralizan para todo y, aunque Fernández, Martínez y Cospedal ya no puedan dimitir, sí pueden ser expulsados del partido inmediatamente, sin posibilidad de invocar la presunción de inocencia.

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El otro argumento de la dirección del PP es explicar que tanto Jorge Fernández como Francisco Martínez fueron excluidos por Casado de diferentes listas electorales. Es decir, ambos están a un paso de ser “esa persona por la que usted me pregunta”, según la expresión acuñada por Rajoy y que iba utilizando a medida que se imputaba a alguien. No han usado aún el argumento de desacreditar al exnúmero dos de Interior, aunque ya se insinúa que actúa por venganza, como si la motivación fuera más importante que el fondo de la denuncia.

Cospedal se excluyó sola de la política, pero ella fue fundamental para que Casado ganara la segunda vuelta de las primarias frente a Soraya Sáenz de Santamaría, que había ganado la primera vuelta, la de los votos directos de los militantes.

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Admiten en la dirección del PP que la explosión del caso les rompe la agenda y el discurso, como explicó el presidente andaluz. La prueba es que el acto de este martes de Casado terminó siendo un acto de autodefensa, entre Kitchen y el bloqueo de las instituciones. No trascendió ningún mensaje político más del líder del PP. Para los próximos días, Unidas Podemos, que también tiene acceso al mismo protocolo de respuesta, puede contestar a las acusaciones que reciba con la referencia a Kitchen.

Y mucho más si finalmente PSOE y Unidas Podemos dan vía libre a una comisión de investigación parlamentaria contra el PP que niegan para el caso del partido de Pablo Iglesias. El caso, además, es especialmente grave, porque afecta a la gestión de la Administración pública y el control de los mecanismos públicos y, por eso, afecta justo a lo que Casado pretende que sea el activo del PP: la capacidad de gestionar recursos públicos, acreditada durante años.