La Fiscalía dice que Cospedal apoyó espiar a Bárcenas por los datos que tenía sobre ella

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido imputar a la que fuera secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en el conocido como caso Kitchen, que investiga el espionaje al extesorero del partido Luis Bárcenas en 2013, porque considera que tenía un "interés personal en que la operación tuviera éxito". En el escrito, al que ha tenido acceso El Confidencial, la Fiscalía apunta a que pudo verse "afectada por documentación supuestamente comprometedora" que Bárcenas tenía en su poder, así como por "material comprometedor de otros altos dirigentes" del partido. La Fiscalía presentó el escrito el pasado viernes, pero el juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, todavía no ha respondido a la petición de imputar a la política, a su marido Ignacio López del Hierro y al que fuera ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

En diciembre de 2018, el Ministerio del Interior ya reconoció la existencia de la operación Kitchen y el pago de la misma con fondos reservados. La Dirección General de la Policía entregó a otro magistrado de la Audiencia Nacional, el titular del Juzgado de Instrucción número 5, José de la Mata, que investiga la caja B del PP, un escrito en el que explicaba que "hasta el momento se conoce que en dicha operación han participado funcionarios adscritos a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía así como a la Comisaría General de Información". Este lunes, el propio García-Castellón fue un paso más allá y emitió un auto con el que levanta el secreto de la investigación y responsabiliza de la operación a "órganos superiores [...] de la Administración General del Estado".

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En su escrito, Anticorrupción sigue la misma línea y explica que la operación Kitchen "habría consistido en la captación y manipulación de Sergío Javier Ríos Esgueva, a la sazón conductor de Rosalía Iglesias Villar, esposa del extesorero del PP Luis Francisco Bárcenas Gutiérrez, como colaborador-informante del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) para obtener de dicho colaborador, en cuanto persona de la máxima confianza del matrimonio, información concreta sobre el lugar en el que Luis Bárcenas y su esposa ocultarían material documental comprometedor de dicho partido político y para altos dirigentes del mismo". A cambio, según la Fiscalía, este recibiría una "retribución mensual con cargo a gastos reservados [2.000 euros]", además de la promesa de incorporarle a la Policía Nacional "a modo de recompensa".

En cuanto al supuesto papel que Cospedal jugó en este operativo, Anticorrupción recuerda el encuentro que mantuvieron ella y su marido con el comisario jubilado José Manuel Villarejo en julio de 2009. La cita se celebró en la sede del partido de la calle Génova y fue grabada por el policía, dando lugar a un audio en el que se puede escuchar cómo le prometen a Villarejo "encargos puntuales" que serían sufragados con fondos del PP. Según sostiene Anticorrupción en su escrito, estos encargos "podrían ya entonces estar relacionados con la investigación policial y judicial de casos de corrupción que afectaran a miembros del Partido Popular, entre ellos, el denominado caso Gürtel", en el que Bárcenas jugaba un papel central para la investigación. Las referencias a Cospedal son constantes en otros audios intervenidos.

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A la hora de repasar los indicios que acorralan a López del Hierrro, la Fiscalía apunta además a que fue él quien puso en contacto al policía que se encargaba de la seguridad de Cospedal, Andrés Gómez Gordo, con Villarejo para que, una vez fracasados los primeros intentos de recuperar el material, este manipulara al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos. "Así se refleja en la conversación, de nuevo recordando el operativo Kitchen, que mantuvieron el 16 de febrero de 2017 José Manuel Villarejo, su socio Adrián de la Joya Ruiz de Velasco y el comisario José Luis Olivera Serrano", sostiene Anticorrupción. En la transcripción de la mencionada conversación, que se incluye en el escrito, Villarejo se refiere a Ríos como "el cocinero" y a Gómez Gordo como "Cospedín", motes similares a los que se utilizaban con el resto de implicados.

A esto se suma una serie de llamadas de Villarejo a López del Hierro en septiembre y octubre de 2009, comunicaciones en las que el comisario le advertía de la existencia de "investigaciones penales" con la "directa implicación en los hechos de dirigentes [del PP]", entre ellas el caso Gürtel. Villarejo le avisaba de que en estas pesquisas se autorizarían registros judiciales, "información que, según se desprende del contenido de las informaciones, le habría facilitado el comisario jefe de la UDEF en aquellas fechas, José Luis Olivera Serrano". Llegados a ese punto, la Fiscalía también hace referencia a las noticias publicadas por este diario y 'Moncloa.com' a finales de 2018, en las que se explicaban las reuniones entre Cospedal, López del Hierro y Villarejo para "controlar daños" en las operaciones policiales contra la corrupción del PP.

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Anticorrupción también incide en que Villarejo pudo actuar "a instancia de altos responsables" del PP por varios documentos que apuntan a que tuvo como cliente a "un abogado encargado de la defensa de [...] investigados en el procedimiento judicial Gürtel [Ignacio Pérez Marqués]", como el propio Villarejo reconoció en una de sus declaraciones en sede judicial y como indica una "hoja de presupuesto" que recoge un posible pago de hasta 15 millones al comisario por estos trabajos. Dentro de esos "encargos puntuales", el escrito de la Fiscalía hace referencia a la "destrucción de ordenadores del Partido Popular", en alusión a los dispositivos dañados de Bárcenas que dieron lugar a una causa judicial en la que se imputó al PP como persona jurídica.

A la vista de estos indicios, Anticorrupción pide al juez que tome declaración como investigados a Cospedal, López del Hierro y Fernández Díaz por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y revelación de secretos.