Sánchez se compromete a reformar el delito de sedición para atraer al PDeCAT a los PGE

La ruptura dentro del espacio posconvergente, que ha dividido a los partidarios de Carles Puigdemont y a la actual dirección del PDeCAT, ha dejado a los cuatro diputados de esta formación en el Congreso con las manos abiertas para negociar los Presupuestos. Una oportunidad que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no quiere desaprovechar y por lo que ha retomado su compromiso de reformar los delitos de sedición y rebelión en el Código Penal para atraer su apoyo. El ministerio de Justicia, que dirige Juan Carlos Campo, estaría trabajando en esta reforma, según ha avanzado el presidente durante una entrevista esta mañana en 'TVE'. Se trata de un "compromiso firme", ha asegurado para argumentar que "algunas sentencias", en referencia a Estrasburgo, "nos han dicho cuáles son los déficits de nuestro Código Penal cuando hablamos de este tipo de delitos. Incluso la sentencia del Tribunal Supremo hace referencia al ello y nuestro compromiso es actualizar, modernizar y revisar estos delitos vía modificación del Código Penal".

El Gobierno todavía no ha contactado formalmente con los cuatro parlamentarios que no se sumarán a la escisión del PDeCAT liderada por Puigdemont, pero la previsión es hacerlo en los próximos días con el objetivo de sumar apoyos transversales para los Presupuestos y que salgan aprobados por más de 176 escaños. Respecto a la mesa de diálogo que el presidente acordó convocar con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, a la mayor brevedad posible, Sánchez se pondrá en contacto con el president Quim Torra con la esperanza de cerrar una fecha para "los próximos días".

La reforma fiscal está siendo una de los puntos nucleares de la negociación entre PSOE y Unidas Podemos para elaborar el borrador presupuestario. Las principales diferencias se enmarcan en el alcance de esta reforma, que al igual que el departamento de Hacienda Sánchez ha limitado al advertir que dicha reforma debe adecuarse a la actual "coyuntura económica del país", teniendo en cuenta que la pandemia provocará que el PIB vaya a caer en torno a un 10%. A pesar de enfriar la progresividad fiscal, ha reconocido que España recauda menos que la media de la UE y que de estas crisis se debe "salir con un Estado de bienestar más fuerte".

El presidente del Gobierno ha revelado en su entrevista que durante el mes de agosto mantuvo negociaciones con el PP para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de otras instituciones clave como el Tribunal Constitucional. Unas negociaciones que llegaron a fructificar en "un acuerdo del 99%", según Sánchez, pero que posteriormente el principal partido de la oposición "rompió esos acuerdos".

El secretario de Justicia del PP y consejero en la Comunidad de Madrid Enrique López atribuía directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la dificultad existente para que el PP y el PSOE alcancen los acuerdos parlamentarios necesarios para la renovación de estos órganos. López reconocía en una entrevista con 'Europa Press' este domingo que los contactos con el PSOE para renovar los citados órganos comenzaron a partir de enero, cuando ya había un Gobierno asentado. "Pero lo primero con lo que nos encontramos de este Gobierno, vamos a llamarlo su sentido de Estado, de respeto a las normas democráticas, fue el nombramiento de su hasta ese momento ministra de Justicia y diputada socialista como fiscal general del Estado (Dolores Delgado), lo cual es algo sin precedentes en un Estado europeo, y empezó a hacer muy difícil cualquier tipo de acuerdo".

De cara a encarar la recuperación económica, Sánchez ha defendido una hipotética fusión entre Caixabank y Bankia, lo cual contribuiría a "maximizar la participación pública, defender el interés general y sanear el sector que también ha sufrido por la pandemia". Asimismo ha subrayado que se trata de una operación importante para la "cohesión territorial" al tratarse de entidades con presencia en Madrid y Cataluña, pero también en la Comunidad Valenciana -donde podría quedarse la sede de la entidad resultante-, y Baleares.

Sobre la recuperación de los 21.000 millones de euros del rescate a Bankia que el Estado todavía no ha recuperado (sí se hizo con en torno a 3.000 millones), el presidente no ha ofrecido garantías. Se ha limitado a subrayar la necesidad de maximizar la participación pública en Bankia subrayando que su valor ha subido en bolsa desde que se conoció esta posibilidad de fusión, pero sin dar pistas sobre si el estado conservará o venderá sus acciones en el medio plazo.

El presidente ha avanzado que la intención del Gobierno pasa por prolongar los ERTE más allá del 30 de septiembre, como se está negociando con los agentes sociales, y hacer acompañando esta medida de incentivos para la reactivación de los puestos de trabajo. Unos incentivos que podrían traducirse en la exoneración para el empresario de las cotizaciones de la seguridad social.

Dentro del diálogo social se están negociando también las bajas para los padres de niños en edad escolar que tengan que guardar cuarentena. Al margen de lo que pueda cerrarse en esta mesa, Sánchez ha vuelto a diferenciar entre padres de niños con PCR positivo o de aquellos que tengan que guardar cuarentena con PCR negativo, después de que se ofreciesen distintas versiones por miembros del Gobierno durante los últimos días. Así, los primeros podrán acogerse a una baja por incapacidad temporal, mientras que los segundos solo podrán negociar una jornada laboral flexible, que podría llegar hasta el 100%, pero sin remuneración.