Iglesias reduce los indicios que le arrinconan en el caso Dina a una "hipótesis del juzgador"

Pablo Iglesias ha vuelto a la carga en el caso Dina. El 25 de mayo, el magistrado Manuel García-Castellón le retiró la condición de perjudicado, pero desde entonces, el vicepresidente ha intentado una y otra vez volver como víctima a la causa. Su último movimiento se produjo este mismo miércoles, cuando presentó un nuevo escrito ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el que reduce los motivos por los que fue apartado del caso a una mera "hipótesis del juzgador [instructor]".

Hasta el pasado mayo, Iglesias estaba personado como perjudicado en la pieza Dina, que indaga en el robo de un móvil a la exasesora de Podemos Dina Bousselham en 2015 y en cómo su contenido acabó en manos del comisario José Manuel Villarejo. Tras un año de pesquisas, el magistrado le quitó la condición de víctima y ahora indaga en si incurrió en los delitos de revelación de secretos y daños informáticos: sospecha que, tras recuperar Iglesias la tarjeta del móvil en 2016, no avisó a su exasesora y, cuando finalmente se la entregó meses después, esta ya se encontraba dañada.

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Iglesias, sin embargo, considera que esta nueva línea de investigación carece de base alguna y descarta haber dañado la tarjeta antes de devolvérsela a su exasesora. Así lo defiende en un escrito fechado este mismo miércoles, en el que sostiene que la tesis del juez, "además de exceder de la valoración de la condición de perjudicado del mismo, carecía de elemento indiciario alguno del supuesto daño a la tarjeta". Apoyándose en esta idea, pide a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que le conceda de nuevo la condición de perjudicado.

Para ello, el vicepresidente pone el foco en dos documentos que se han incorporado recientemente a la causa. El primero de ellos es el informe de Recuperación Express, la empresa de Gales a la que la pareja de Bousselham, Ricardo Sá Ferreira, envió la tarjeta en septiembre de 2017 para intentar recuperar su contenido. Según la empresa, el dispositivo estaba "físicamente intacta" cuando la recibieron y se responsabilizan de parte de los daños que presenta ahora, por lo que Iglesias considera que ha quedado demostrado que él no la daño.

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El segundo documento que Iglesias pide tener en cuenta es el informe que la Policía Científica presentó el pasado 12 de agosto ante la Audiencia Nacional, en el que se apunta a que el daño que presenta la tarjeta "sería compatible con un intento de recuperación del contenido de la memoria, una vez que se ha detectado un fallo en la controladora de la tarjeta que impide su normal funcionamiento". La tesis de la policía sigue así la misma línea que la empresa de Gales y, por tanto, Iglesias defiende que demuestra su inocencia.

"Obviamente, dado el actual estado de la tarjeta, no se puede precisar si existía daño alguno previo, pero sí ha quedado acreditado que la supuesta destrucción externa era ajena a la tesis del instructor, que la consideró base y elemento para la retirada de la condición de perjudicado de esta parte y parte de los motivos del presente recurso de apelación", sostiene el vicepresidente en su escrito. Lejos de dejar ahí sus argumentos, Iglesias lanza además un dardo contra el magistrado al considerar que, tras más de un año de pesquisas, la instrucción del juez es "absolutamente ajena a cómo apareció copia del teléfono" en casa de Villarejo.