Se cierra otra vía en el caso Dina: 'Interviú' no conserva los registros de visitas
La solicitud formulada por el magistrado se dirigía a averiguar quién o quiénes entregaron en la revista la tarjeta de memoria de Bousselham
Las últimas diligencias ordenadas en el caso Dina, en el que se investiga el robo de una tarjeta de memoria alojada en el móvil la excolaboradora de Iglesias, han acabado en vía muerta. Una de las que quedan aún pendientes lleva el mismo camino. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón reclamó el pasado julio en una nueva providencia que se requiriera al Grupo Zeta, dueño de la desaparecida revista 'Interviú', su registro de entradas y salidas correspondientes a diciembre de 2015 y enero de 2016. No obstante, fuentes cercanas al medio aseguran que no se conservan las anotaciones correspondientes a aquellos años, por lo que no podrán aportarlas al juzgado del caso Villarejo.
La revista conservaba estos registros hasta que, en septiembre de 2016, se modificó la ley que regula la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En una reforma, se suprimió la obligación de las empresas de disponer de libro de visitas, tanto físico como electrónico. El magistrado reclamaba el dato para que se cumplimentara a la mayor brevedad. Ordenaba, en concreto, a la Unidad de Asuntos Internos que obtuviera "documento en el que obre el contenido de su libro de registro de visitas (entradas y salidas recogidas en el control de acceso) habidas en su sede entre los meses de diciembre de 2015 y enero de 2016 en la sede de la revista 'Interviú". El Grupo Zeta cerró las revistas 'Interviú' y 'Tiempo' en enero de 2018.
La solicitud formulada por el magistrado se dirigía a averiguar quién o quiénes entregaron en la revista la tarjeta de memoria de Dina Bousselham. El entonces director de 'Interviú', Alberto Pozas, declaró ante el juez que la tarjeta se depositó en la recepción en un sobre anónimo. Tras comprobar su contenido, el presidente del grupo, Antonio Asensio, decidió entregar la microSD a Pablo Iglesias, ya que contenía información privada sobre Podemos, además de datos íntimos de su colaboradora.
La sospecha inicial que provocó la apertura de la pieza en el marco de la macrocausa de Villarejo era que fue el comisario el que robó el móvil y difundió el contenido de la tarjeta para hacer daño a Iglesias y a la formación. No obstante, las distintas versiones y contradicciones en las que incurrió Dina provocaron un vuelco. Tras reconocer Bousselham que ella misma había hecho pantallazos de conversaciones de grupo sobre Podemos y se los había facilitado a terceros, decayó para el juez y los fiscales el vínculo inicial con el policía retirado.
La segunda parte de las manifestaciones de Dina resultó clave para el cambio de condición de Iglesias, que en un inicio se personó en la causa como perjudicado. Bousselham dijo en la última de sus declaraciones que el ahora vicepresidente no le entregó la tarjeta hasta meses después de recuperarla en la sede de 'Interviú' y que cuando lo hizo no pudo abrirla para comprobar su contenido. Mandó el dispositivo a una empresa de recuperación de datos con sede en Gales para tratar de recuperar los archivos.
La pieza mutó y el instructor considera sospechoso de delitos de revelación de secretos y daños informáticos a Iglesias. Reclamó nuevas averiguaciones en Gales a las que se sumó un informe de la Policía Científica sobre el daño de la tarjeta. Estas dos diligencias también han acabado en vía muerta. Los técnicos de Reino Unido explicaron que rasparon el exterior de la SD para tratar de abrirla y que no pudieron. No llevaron a cabo la segunda fase de la operación de recuperación porque el presupuesto era superior y no fue aprobado por el marido de Bousselham. La Policía Científica tampoco consiguió aclarar nada. En su informe, se limitó a señalar que el raspado de Gales dañó la tarjeta, pero no logró averiguar las causas del daño interno anterior a esa labor de los técnicos.
Así las cosas, la única de las diligencias pendientes que puede representar alguna novedad es la próxima declaración del exabogado de Podemos José Manuel Calvente. El magistrado le ha citado el próximo 9 de septiembre después de que indicara, en una entrevista concedida a 'El Mundo', que su despido vino provocado precisamente por las dudas que le suscitaban determinadas prácticas que detectaba en el partido. "En Podemos, solo quieren palmeros y vasallos. La única lealtad que conocen es la obediencia ciega, y yo soy un profesional", dijo. El cese se ejecutó después de que advirtiera de que era imposible que las conversaciones que contenía el móvil robado y que fueron publicadas en parte procedieran del comisario Villarejo. En su opinión, la tesis de Iglesias de que el robo formó parte de una campaña de las cloacas del Estado para perjudicarle no se sostenía.
Las últimas diligencias ordenadas en el caso Dina, en el que se investiga el robo de una tarjeta de memoria alojada en el móvil la excolaboradora de Iglesias, han acabado en vía muerta. Una de las que quedan aún pendientes lleva el mismo camino. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón reclamó el pasado julio en una nueva providencia que se requiriera al Grupo Zeta, dueño de la desaparecida revista 'Interviú', su registro de entradas y salidas correspondientes a diciembre de 2015 y enero de 2016. No obstante, fuentes cercanas al medio aseguran que no se conservan las anotaciones correspondientes a aquellos años, por lo que no podrán aportarlas al juzgado del caso Villarejo.
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