OPACIDAD EN LAS ACTUACIONES POR EL COVID

Ribera alega "protección de datos" y oculta vía Transparencia los asesores de la desescalada

"Dado que las colaboraciones se realizan en colaboración personal, la identidad de tales personas no puede ser objeto de publicidad", alega Transición Ecológica. También rechaza publicar los informes

Foto: La vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera, en una sesión plenaria del Congreso de los Diputados. (EFE)
La vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera, en una sesión plenaria del Congreso de los Diputados. (EFE)
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Ni por voluntad propia ni a través del Portal de Transparencia. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, encabezado por la vicepresidenta Teresa Ribera, ha rechazado facilitar a El Confidencial el listado de personas que asesoraron al Gobierno en la elaboración del plan de la desescalada al entender que "entre el derecho al acceso a la información y el derecho a la protección de los datos personales (…) prevalece el segundo". Además, también ha denegado el acceso a los informes elaborados por este grupo de expertos, al considerar que "las actuaciones consistieron en labores instrumentales y a que se manejaron textos preliminares, borradores sin la consideración de final".

Tres meses después de la aprobación de una desescalada en cuatro fases y un mes después del final del estado de alarma y del confinamiento, los expertos e informes del grupo multidisciplinar para la desescalada continúan siendo uno de los tantos secretos que el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene de su gestión durante la fase más aguda del covid-19. Muchos ciudadanos optaron por usar la Ley de Transparencia para conocer más detalles de esta actuación, pero no fue hasta el 1 de junio, con el levantamiento de la suspensión de plazos, cuando el Ejecutivo empezó a contestar estas solicitudes. El Gobierno, eso sí, se guardaba un as en la manga: la ampliación del plazo de respuesta en un mes más, una facultad que ha utilizado en la mayoría de las solicitudes dirigidas a Presidencia y Sanidad por "el volumen de solicitudes dirigidas" a estos órganos.

El resto de ministerios va respondiendo a estas solicitudes con cuentagotas, y en muchos casos negándose a facilitar la información solicitada. Es lo que ha ocurrido con la solicitud enviada por El Confidencial a Transición Ecológica, que ha alegado que la protección de datos personales prevalece sobre el acceso a la información: "Dado que las colaboraciones se realizan en calidad de colaboración personal, la identidad de tales personas no puede ser objeto de publicidad, pues en la necesaria ponderación entre el derecho al acceso a la información y el derecho a la protección de los datos personales, y según el criterio interpretativo mencionado, prevalece el segundo".

El criterio interpretativo a que se refiere el departamento dirigido por Teresa Ribera es uno elaborado conjuntamente en 2016 por el Consejo de Transparencia y la Agencia de Protección de Datos sobre la información relativa a las agendas de los responsables públicos. La regla general de este criterio es la siguiente: "Cabe considerar que la ponderación sería más favorable al acceso de los datos cuanto mayor fuera la responsabilidad del interviniente en la reunión en la posible toma de decisiones derivada de la misma (…). Por el contrario, la ponderación operaría en contra del acceso en los supuestos en los que la identidad del participante en la reunión no aporte un elemento añadido a la descripción del órgano o entidad que presta sus servicios".

Esta decisión de ocultar a los expertos e informes del grupo multidisciplinar para la desescalada contrasta con lo realizado por el Ministerio de Ciencia de Pedro Duque con su grupo de trabajo multidisciplinar. Tanto los expertos como los cinco informes científicos que han elaborado hasta la fecha están publicados en la página web del ministerio. Los nombres que conforman este grupo ya se hicieron públicos el pasado 22 de abril, cuando Duque y la propia Ribera se reunieron con ellos. En cambio, los asesores para la desescalada tuvieron que firmar una cláusula de confidencialidad, aunque algunos miembros del grupo, a título personal, sí han revelado su participación en el mismo. Fue el caso del economista político Miguel Otero Iglesias, que en una entrevista en El Confidencial explicó algunos de los entresijos de este grupo.

La decisión de Transición Ecológica también va contra lo establecido en la Ley General de Salud Pública, que exige transparencia e imparcialidad a las organizaciones científicas y profesionales y a las personas expertas con quienes colaboren en las actuaciones de salud pública. El artículo 11 de la norma también establece que "será pública la composición de los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública, los procedimientos de selección, la declaración de intereses de los intervinientes, así como los dictámenes y documentos relevantes, salvo las limitaciones previstas por la normativa vigente".

La prevalencia de la transparencia en el ámbito de la salud pública ha sido confirmada en dos sentencias de la Audiencia Nacional ganadas por el Consejo de Transparencia. En una de ellas, se le dio la razón a una ciudadana que pedía acceso al expediente y los informes técnicos sobre el medicamento Ala Octa, que había causado casos de ceguera. "No afecta a la protección de datos personales el hecho de identificar a los expertos participantes, por haberse creado una situación de alarma social que afecta sustancialmente a la salud pública, lo que presupone la existencia de un interés público superior a tener en cuenta", afirma la resolución del Consejo de Transparencia avalada por la Audiencia Nacional.

El Confidencial ya ha presentado una reclamación al Consejo de Transparencia por la respuesta negativa de Transición Ecológica. A pesar de las numerosas resoluciones y sentencias a su favor en materia de salud pública, la institución encargada de velar por la transparencia en España, que lleva dos años y medio con un presidente en funciones tras el fallecimiento de la anterior presidenta, Esther Arizmendi, tendrá que evaluar otra vez el conflicto entre la protección de datos personales y la salud pública.

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