El Gobierno exige confidencialidad a sus expertos de la desescalada como escudo legal

El Gobierno ha blindado a un grupo de expertos que le asesoran y sus informes. Pese a que la ley de Salud Pública y la de Transparencia establece que sus informes y composición deben ser públicos, la veintena de expertos que asesoraron a la vicepresidencia de Transición Ecológica en la desescalada en Moncloa firmaron un documento que exigía confidencialidad, según fuentes conocedoras del procedimiento. Así, evita hacer público quiénes han diseñado la desescalada y se defiende del alud de demandas en preparación que podrían usar esos informes como armas contra el Ejecutivo. Sanidad también se reserva los funcionarios que evalúan qué comunidades pasan de fase. La protección de los documentos oficiales está regida por una ley de 1968 que el PSOE prometió derogar aunque fuentes del Ejecutivo sostienen que no se ha recurrido a esta norma.

Los comités de expertos que asesoran al Gobierno son un arcano. Los hay en distintos ministerios pero no se puede saber con exactitud quiénes son. Moncloa hizo público un comité científico con mayoría de miembros subordinados de la Administración y solo dos procedentes de la universidad. El ministerio de Ciencia publicó en nota de prensa otro grupo.

El grupo asesor más numeroso, el de la desescalada, no existe oficialmente. No hay rastro de ellos en ningún documento público

Pero el más numeroso, el de la desescalada, no existe oficialmente. La agencia pública Efe publicó una serie de nombres pero estaba incompleto. La vicepresidencia de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera no hace público el listado alegando que alguno de los integrantes no quieren salir y que lo hicieron voluntaria y altruistamente. No están en ninguna web oficial.

La ley de Salud Pública, de 2011 y elaborada bajo el Gobierno de Zapatero, prohíbe estas prácticas. "Las Administraciones sanitarias exigirán transparencia e imparcialidad a las organizaciones científicas y profesionales y a las personas expertas con quienes colaboren en las actuaciones de salud pública". Y añade: "Será pública la composición de los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública, los procedimientos de selección, la declaración de intereses de los intervinientes, así como los dictámenes y documentos relevantes, salvo las limitaciones previstas por la normativa vigente". La norma establece incluso que el Gobierno debía desarrollar un reglamento para vigilar que no hubiera conflicto de intereses.

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Sin embargo, el comité de desescalada firmó un documento de confidencialidad, según fuentes conocedoras del procedimiento. Uno de estos, Miguel Otero, preguntado en Twitter por los documentos, señaló: "Los debates y documentos han sido confidenciales".

Según fuentes del Ejecutivo, no se ha recurrido a la ley de Secretos Oficiales, una norma de 1968 que ni PSOE ni PP han querido nunca reformar. No establece plazos de publicación de los informes y da un poder total al Ejecutivo para desclasificar lo que quiera. El PNV siempre ha exigido su reforma y la ministra de Defensa, Margarita Robles, llegó a anunciar su derogación en 2019. Aun así, no llegó a plasmarse como compromiso en el pacto de legislatura con los nacionalistas vascos.

Fuentes jurídicas interpretan que la opacidad es una defensa preventiva del Estado para minimizar que los informes de estos expertos sirvan como arma en pleitos contra la Administración. El Estado se prepara para una avalancha de reclamaciones —la fiscalía ya ha preparado instrucciones—, y la documentación interna de expertos que el Gobierno haya desoído da munición a los reclamantes.

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Aunque inicialmente Sánchez y el Gobierno señalaban que todo eran recomendaciones de los expertos, últimamente Illa se atribuye la responsabilidad. Lo ha hecho al ocultar el nombre de los funcionarios que deciden sobre la desescalada de las comunidades.

Hay denuncias en vía penal, que según fuentes judiciales tienen menos probabilidad de prosperar, pero los despachos preparan un alud de reclamaciones por la Responsabilidad Patrimonial de la Administración, en la que se exige una indemnización por mal funcionamiento de los servicios públicos. Los juristas interpretan cruces de escritos entre el Gobierno y las comunidades como un anticipo de intentar eludir esta responsabilidad.

La importancia del caso de la firma de técnicos y expertos se ha visto en el caso de la Comunidad de Madrid. La directora general de Salud Pública dimitió para no firmar el informe en el que pedía pasar a la fase uno de la desescalada.

El PP ha anunciado que pedirá en el Congreso las actas y los informes de los comités que asesoran al Gobierno amparándose en la ley de Salud Pública y en la de Transparencia.