El Gobierno incumple la Ley de Salud Pública al ocultar los expertos que lo asesoran

El Gobierno incumple la Ley General de Salud Pública al ocultar qué expertos han asesorado en la desescalada y quiénes deciden el paso de fase de las comunidades. La norma, de 2011, establece que "las administraciones sanitarias exigirán transparencia e imparcialidad a las organizaciones científicas y profesionales y a las personas expertas con quienes colaboren en las actuaciones de salud pública", pero Transición Ecológica, la vicepresidencia que ha coordinado el plan, no da los nombres y alega que algunos expertos prefieren no ser citados. El PP y Vox han denunciado el incumplimiento en la Comisión de Sanidad del Congreso.

Desde el principio de la pandemia, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha justificado sus decisiones en expertos a los que en ocasiones no citaba. Solo se conocía un comité científico con una mayoría procedente de la Administración. Sin embargo, ha habido más grupos, el principal uno que ha colaborado en el plan para la desescalada bajo el mando de la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera.

Esos expertos no se pueden consultar en ninguna web. La agencia EFE dio un listado, pero la vicepresidencia admite que estos se apoyaron en otros expertos de forma puntual. El departamento que dirige Ribera señala que hay expertos que prefieren no ser citados y que han colaborado sin cobrar. Su composición no se puede consultar en ninguna web oficial ni sus informes son públicos.

Lo mismo ocurre con quienes decidirán el paso de fase de las comunidades autónomas. Sánchez anunció criterios objetivos y transparentes para decidir los cambios, pero al final los hará un grupo de expertos del ministerio que Fernando Simón se negó a desvelar. "No les voy a dar nombres de ninguna persona. Las presiones que sufre cualquier persona de la que se da el nombre por parte de la sociedad y de los medios de comunicación acaban haciendo muy difícil que puedan trabajar con la suficiente libertad. Si me lo permiten, no voy a dar el nombre de ninguno. Son un equipo de técnicos que trabajan en la Dirección General de Salud Pública, que trabajan muy estrechamente cada uno de ellos con la comunidad que les corresponde. Somos 12 personas trabajando con las comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas y lo mejor que podemos hacer es dejarles que hagan su trabajo correctamente y de la manera más independiente posible". No es la primera vez que Simón decide ocultar datos en rueda de prensa, como cuando se negó a desvelar qué comunidades estaban peor de UCI en el pico de la epidemia.

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Esta opacidad choca con la Ley General de Salud Pública, aprobada en 2011 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que no fue desarrollada por el de Mariano Rajoy. El texto establece: "Las Administraciones sanitarias exigirán transparencia e imparcialidad a las organizaciones científicas y profesionales y a las personas expertas con quienes colaboren en las actuaciones de salud pública, incluidas las de formación e investigación, así como a las personas y organizaciones que reciban subvenciones o con las que celebren contratos, convenios, conciertos o cualquier clase de acuerdo".

Y detalla que los nombres deben ser conocidos: "Será pública la composición de los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública, los procedimientos de selección, la declaración de intereses de los intervinientes, así como los dictámenes y documentos relevantes, salvo las limitaciones previstas por la normativa vigente".

"No les voy a dar nombres de ninguna persona", respondió Simón sobre quién decide el paso de fase, alegando que se querían evitar "presiones"

La ley incluso preveía desarrollar "reglamentariamente los requisitos para la declaración de conflicto de intereses por parte de los expertos y representantes de las organizaciones científicas y profesionales que compongan los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública". El Gobierno de Sánchez incumple todo el artículo 11: ni son públicos los nombres ni sus informes ni ha vigilado que no haya conflicto de intereses.

La vicepresidencia de Transición Ecológica se remitió a la comparecencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa, en el Congreso este jueves. Allí, Illa sostuvo que las evaluaciones de progresión de fase a las comunidades autónomas, "muy cualitativas" —"no es una 'checklist"—, corren a cargo del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), que dirige el doctor Fernando Simón, y la dirección general de Salud Pública (de la que depende el CCAES), y que pilota Pilar Aparicio. Todos, insistió, en coordinación con las direcciones de Salud Pública de las comunidades. Frente al diputado de Vox Juan Luis Steegmann, defendió a Simón: no lo nombró él —el médico creó el CCAES, en 2004, siendo ministra la popular Ana Pastor—, pero si tuviera que nombrarlo ahora, lo haría, dijo.

La ley de 2011 obligaba a regular el posible conflicto de interés de los asesores, pero el Gobierno ni publica los nombres

Cuca Gamarra, parlamentaria del PP, recordó sin embargo que el ministerio ha de dar los nombres del equipo examinador, porque le obliga el artículo 11 de la Ley General de Salud Pública, de 2011. Illa respondió que los "responsables" de los informes son aquellos que están al frente de las unidades administrativas: él mismo como ministro de Sanidad, la directora general de Salud Pública y el jefe del CCAES, Fernando Simón. "Son los que tendrán que informar, y es el informe que a efectos de la administración pública tiene peso. Es a los responsables a los que por su posición les corresponde informar de esto, y en el ámbito autonómico entiendo que será lo mismo", agregó.