Delgado toma el control de las respuestas de los fiscales a las solicitudes de confinamiento

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, controlará a partir de ahora la respuesta que dé el Ministerio Público a las solicitudes de confinamiento a través de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Así lo establece una nota interna remitida este martes a todos los fiscales jefes, en la que subraya que tendrán que dar cuenta a Madrid sobre los problemas jurídicos que puedan suscitarse antes de posicionarse. La resolución de Delgado llega después de la situación vivida en Lleida, cuyo fiscal jefe, Juan Francisco Bone, se opuso este domingo al confinamiento decretado por Quim Torra y provocó una batalla jurídica en la que el Gobierno de Pedro Sánchez se vio obligado a posicionarse.

Bone aseguró este lunes a El Confidencial que su rechazo al confinamiento contó con el visto bueno de sus "superiores", pero dejó en el aire si había llegado a consultar a la Fiscalía General del Estado o a la de Cataluña. En cuanto al papel de la primera, aseguró que les habían facilitado "algunas directrices genéricas" sobre cómo responder a las solicitudes de confinamiento, pero incidió en que estas no eran aplicables a "un caso tan peculiar" como el de Lleida: el domingo, el 'president' trató de sacar adelante restricciones que apenas se diferenciaban de las aprobadas por Moncloa en los meses más duros, por lo que el fiscal se mostró en contra y empujó a Torra a que pidiera a Moncloa la declaración del estado de alarma.

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La postura del fiscal fue atendida por la jueza de guardia, que congeló el confinamiento la madrugada del lunes. En lugar de recurrir, Torra optó por blindar sus restricciones a través de un decreto-ley, ardid que el propio Bone calificó de "ilegal" este lunes. Pese a ello, al tratarse de un decreto-ley, su suspensión inmediata quedaba en manos de Pedro Sánchez, que por el momento ha evitado recurrir la medida ante el Tribunal Constitucional. De esta manera, cuando el Govern aprobó este martes un nuevo confinamiento al amparo del decreto-ley y pidió su ratificación en los juzgados, el fiscal jefe de Lleida no tuvo más remedio que mostrarse a favor de las restricciones. Para entonces, Delgado ya había enviado la nota interna con la que el control pasaba a manos de la Fiscalía del Tribunal Supremo.

"Con el fin de potenciar ese esfuerzo de coordinación, y de optimizar la efectividad del mencionado principio constitucional de unidad de actuación, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, se dará cuenta a la Fiscalía General del Estado, a través del Fiscal de Sala delegado para la especialidad contencioso-administrativa [del Supremo], de los asuntos relacionados para el análisis de los problemas jurídicos que puedan suscitarse, en orden a fijar la posición de la Fiscalía en cada caso", argumenta el Ministerio Público en un comunicado. La nota interna no ha sido facilitada a los medios de comunicación.

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El artículo al que hace referencia la nota establece que "el fiscal general del Estado podrá impartir a sus subordinados las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de las funciones, tanto de carácter general como referidas a asuntos específicos", obligando además a los mismos a poner en conocimiento de sus superiores "los hechos relativos a su misión que por su importancia o trascendencia deba conoce". "El fiscal que reciba una orden o instrucción concerniente al servicio y al ejercicio de sus funciones, referida a asuntos específicos, deberá atenerse a las mismas en sus dictámenes pero podrá desenvolver libremente sus intervenciones orales en lo que crea conveniente al bien de la justicia", concluye el artículo.

Con esta norma como telón de fondo, Delgado toma el control a la hora de responder a las solicitudes de confinamiento a través de la Fiscalía del Tribunal Supremo, medida que, según sostiene, busca garantizar "el debido esfuerzo por parte del Ministerio Fiscal para hacer efectivo el principio de unidad de actuación en el ejercicio de su misión de defensa de la legalidad y de los derechos de la ciudadanía". Tras lo ocurrido en Lleida, la Fiscalía General del Estado no quiere más sorpresas.