Moncloa teme el desgaste institucional por las investigaciones a Juan Carlos I e Iglesias

El Gobierno está incómodo con los procesos judiciales referidos al Rey emérito y al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Obviamente, no son comparables ni en las acusaciones ni en los protagonistas, y ni siquiera en el tiempo en que ocurrieron los hechos a los que se refieren, pero sí tienen, cada uno a su manera, efectos políticos e institucionales y exigirán que, de alguna forma, el Gobierno en su conjunto fije posición.

Uno, el del anterior jefe del Estado, es visto en el Gobierno con la preocupación de ver testimonios publicados que avalan la continuidad del procedimiento, salvo que surgieran cuestiones técnicas, siempre según el testimonio de varios ministros.

El otro, el que afecta a Iglesias, es visto con la preocupación de la repercusión política, pero se considera mucho más difícil que pueda seguir adelante en el Tribunal Supremo, si es que el juez Manuel García-Castellón avanza en la idea de elevar una exposición razonada contra el vicepresidente. Dicho de otra forma, en el sector del PSOE estiman que no hay base para que llegue al Supremo, que los hechos no justifican una imputación, aunque ven inevitable que se mantenga el ruido político, al margen de la consideración que les merezcan algunos detalles que se van publicando. Hay preocupación por el proceso, no por el resultado.

Ya suponen los dos casos una cierta incomodidad en los pronunciamientos públicos, por tener que responder sobre ellos, como ha ocurrido este lunes en la rueda de prensa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Lisboa, donde ha vuelto a ser preguntado sobre el caso que afecta a su vicepresidente. Y este martes tendrá continuidad en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y en cualquier otra comparecencia de miembros del Ejecutivo. Está previsto que hoy comparezca el propi Iglesias en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para hablar de la prórroga de medidas del llamado "escudo social" y una gran parte de las preguntas y los titulares serán con seguridad sobre su respuesta al escándalo.

Los dos tienen en común que, según la previsión del Gobierno, aún tendrán recorrido judicial. En el caso del Rey emérito, aún es preciso que avance la investigación del fiscal del Tribunal Supremo y, si lo considera conveniente, pedir al alto tribunal que abra procedimiento penal. En ese caso, el Gobierno explica que el momento más delicado será cuando tenga que intervenir la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia. Y no puede ponerse de perfil porque la Abogacía está obligada a personarse en representación de la Agencia Tributaria en todos los procesos de este tipo.

Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado y, en su caso, el Supremo tendrán que valorar hasta dónde llega la inviolabilidad de Juan Carlos de Borbón: si hasta el momento en que abdicó y, por tanto, puede ser encausado por delito de blanqueo cometido tras abandonar el cargo en 2014, o si le ampara con posterioridad, como defendieron los letrados del Congreso para impedir la comisión de investigación.

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En todo caso, todos esos pasos tienen implicaciones institucionales que, por ejemplo, afectan a los anteriores expresidentes del Gobierno y a cargos de Hacienda de las épocas en que se cometieron los hechos. El desfile de citados en la causa puede provocar un terremoto político y, sobre todo, institucional.

Las fuentes del Gobierno consultadas, además del consabido respeto a las decisiones judiciales que se repite en público, aseguran que la consigna es establecer una raya clara que separe el reinado de Juan Carlos I del de Felipe VI, para evitar que la crisis institucional sea aún mayor. Es decir, se trata de seguir la misma estrategia que sigue el actual jefe del Estado, para intentar encapsular la gestión del Rey, refiriendo siempre los cambios que se produjeron en el funcionamiento de la Casa Real tras la abdicación.

Ese espíritu estaba también en el comunicado de Felipe VI de marzo, cuando anunció que retiraba la asignación pública a su padre y, de alguna forma, admitía la existencia de las cuentas opacas. Obviamente, en el Gobierno no hay intención de abundar en el debate sobre la monarquía. Ni siquiera la hay en la parte de Unidas Podemos.

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El PSOE ya asumió cortar de raíz en el Congreso la petición de comisión de investigación, como hizo con la de los GAL que afectaba a Felipe González. Y ahora tendrá que decidir qué hace con la que ha anunciado Iglesias sobre las 'cloacas del Estado'. Aparentemente, no hay decisión tomada, pero fuentes socialistas y del Gobierno no muestran entusiasmo con la petición, si es que llega a producirse.

Respecto al procedimiento que instruye Manuel García-Castellón, el llamado caso Dina, fuentes del Gobierno consideran que el juez aún esperará a recibir el resultado de la comisión rogatoria enviada a Reino Unido para determinar si se intentó destruir la tarjeta. Eso hace que el procedimiento seguirá vivo aún durante, como mínimo, unos meses, con las implicaciones políticas que tiene tener a un vicepresidente más vulnerable. Si llegara al Supremo sería inevitable el conflicto con el Supremo hasta que se decidiera sobre la admisión a trámite.

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Iglesias inició el viernes una respuesta abierta, explicando los hechos y refiriéndose a ellos en cada acto público, unida a una denuncia pública de periodistas concretos, junto a la reiteración de la denuncia de las 'cloacas' que en otros momentos ya sirvió a Unidas Podemos como señuelo político. En este caso, la estrategia de la parte socialista del Gobierno no acompaña a la de Iglesias, como quedó claro este lunes con las palabras de Sánchez en Lisboa: respeto a la decisión judicial y su explicación de que él siempre calla cuando recibe críticas. El Gobierno en su conjunto y la parte del PSOE en particular no prevén moverse del formalismo del respeto a la Justicia.

En todo caso, los ministros consultados no ocultan la incomodidad de la situación y coinciden en que el proceso puede debilitar al vicepresidente, aunque pueda acabar en nada ante la Justicia. Quizá tenga algún efecto en el futuro en el reparto de fuerzas dentro del Gobierno, pero las fuentes consultadas no se aventuran a explicarlo y explican que el desgaste puede afectar finalmete a todos sus miembros.