Los letrados tumban la investigación del Congreso a Juan Carlos I que pedía Podemos
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PESE A QUE ERA TRAS LA ABDICACIÓN

Los letrados tumban la investigación del Congreso a Juan Carlos I que pedía Podemos

Se oponen a una investigación parlamentaria incluso para la época posterior a la abdicación. PSOE y PP ya anunciaron su rechazo

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Los letrados tumban la investigación del Congreso a Juan Carlos I que pedía Podemos

Los letrados del Congreso se oponen a la investigación parlamentaria sobre Juan Carlos I. Y lo hacen, según fuentes parlamentarias, alegando que la inviolabilidad del rey se mantiene incluso después de abdicar. Unidas Podemos y otros partidos habían pedido en esta ocasión una investigación a partir de 2014, cuando Juan Carlos abdicó después de que en el pasado los letrados ya tumbaran esa investigación. La mesa de la Cámara rechazará previsiblemente en su reunión de mañana esa investigación y no llegará ni a ser debatida. Los socialistas, además, ya se habían desvinculado de dicha petición, por lo que su rechazo en el órgano a la admisión de la petición la haría descabalgar igualmente al margen de la decisión de los letrados.

Unidas Podemos solicitó una comisión de investigación "sobre las relaciones diplomáticas y comerciales entre España y Arabia Saudí, su vínculo con instituciones y empresas españolas y sus efectos sobre el erario público". Algaba que los hechos que pedía investigar, y que han hecho que la Fiscalía Anticorrupción traslade el caso al Supremo, "ocurren con posterioridad a que Juan Carlos de Borbón abdicase en junio de 2014, momento en que dejó de estar protegido por la inviolabilidad que la Constitución proporciona al jefe del Estado".

La Constitución establece que "la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad" pero Podemos interpretaba que eso terminaba con la abdicación. Pretendía así sortear el veto de los letrados del Congreso, el cuerpo jurídico que en ocasiones anteriores ya había tumbado comisiones parecidas. Pero no ha sido así. Los letrados del Congreso consideran que no procede admitir a trámite la petición de la comisión de investigación porque la inviolabilidad del rey es absoluta y que las comisiones de Arabia que Unidas Podemos pide investigar proceden de su etapa como rey.

La justicia considera que las comisiones de Arabia Saudí, 100 millones que investiga la fiscalía suiza, las percibió siendo rey y eso lo hace inviolable para esa etapa pero no ante un posible blanqueo y delito fiscal posterior cometido con ese dinero. Según el informe remitido a la Mesa, investigar la etapa posterior vaciaría de contenido la prerrogativa del rey.

La comisión de todas formas estaba condenada porque PSOE, PP y Vox, que suman mayoría, habían anunciado su rechazo. Pero con este informe es posible que no llegue ni al pleno y que lo tumbe la Mesa de la Cámara directamente.

El texto que había presentado Unidas Podemos respaldado con la firma de los diputados de otros grupos hasta sumar una quinta parte del Congreso, se apoyaba en el hecho de que "las diligencias abiertas en su momento por la Fiscalía Anticorrupción y que la Fiscalía General del Estado ha explicado en una nota que dicha investigación tiene por objeto precisamente 'delimitar o descartar' la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad a que Juan Carlos de Borbón abdicase en junio de 2014, 'momento en el que dejó de estar protegido por la inviolabilidad' (sic) que la Constitución proporciona al jefe del Estado en el artículo 56.3".

De este modo, se seguía argumentando que no resultaría descartable ni que los hechos vinculados a estos ilícitos no contaran con el debido refrendo al que la Constitución española vincula la inviolabilidad ni que, como consecuencia, "los mismos se hubieran ejecutado con posterioridad a la abdicación de Juan Carlos I o que se estuvieran ejecutando actualmente, lo cual los excluiría de manera aún más explícita del ámbito de la inviolabilidad regia". El texto que se presentó la pasada semana abundaba en su argumentación, para evitar este rechazo por cuestiones meramente técnicas, que "el óbice formal de ser actos cometidos durante el periodo de inviolabilidad no puede ser alegado en este caso, siendo objeto de investigación el que, con posterioridad a su abdicación, posea, adquiera, utilice o transmita capitales de presuntas comisiones ilícitas".

Finalmente, se concluía que la Fiscalía General del Estado habría abierto la puerta a que puedan existir implicaciones penales "por actos cometidos tras la abdicación" y que "tampoco puede ser argumentado que se trate de un acto de control a la jefatura del Estado, ya que no ostenta en la actualidad tal condición".

El objeto de la comisión se resumía en dilucidar distintos aspectos que se han ido revelando a través de diversas informaciones durante los últimos meses, desde "la existencia de redes y estructuras opacas para la adjudicación de contratos en territorio nacional y en Arabia Saudí o en terceros países y su relación con el exjefe de Estado" hasta el grado de conocimiento de dichas presuntas actividades del Rey emérito "por parte de las empresas y los organismos y departamentos del gobierno implicados en las mismas". Asimismo se ponía el foco en el "grado de conocimiento de dichas presuntas actividades del exjefe de Estado por parte de las empresas y los organismos y departamentos del gobierno implicados en las misma" y "la posible existencia de quid pro quo en forma de comisiones o donaciones en especie o dinerarias entre el gobierno de Arabia Saudí y el exjefe de Estado a cambio de su mediación en la consecución de contratos o de operaciones de promoción internacional del régimen saudí".

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