UP ultima la petición de investigación de Juan Carlos I con cambios para evitar el veto

Unidas Podemos acelera los tiempos para reclamar una comisión de investigación sobre el Rey emérito que, según el borrador del documento al que ha tenido acceso este diario, pone el foco en las "presuntas ilegalidades o irregularidades cometidas por el ex Jefe de Estado, Don Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón-Dos Sicilias con posterioridad a junio de 2014, en relación con hechos vinculados a relaciones diplomáticas y comerciales entre España y Arabia Saudí u otros que se pusieran de manifiesto". La fecha a partir de la cual se solicita centrar la investigación es clave, puesto que limitarse a los hechos posteriores a junio de 2014 se intenta evitar así el rechazo de los servicios jurídicos de la cámara Baja que en otras ocasiones se justificó porque comprendía un periodo en el que Juan Carlos I no había abdicado aún y, por tanto, no había perdido su inviolabilidad consagrada en la Constitución.

Para sortear este extremo, el documento que ya ha preparado el grupo confederal alega en su exposición de motivos, entre otras cuestiones, que "de las diligencias abiertas en su momento por la Fiscalía Anticorrupción y que la Fiscalía General del Estado ha explicado en una nota que dicha investigación tiene por objeto precisamente "delimitar o descartar" la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad a que Juan Carlos de Borbón abdicase en junio de 2014, "momento en el que dejó de estar protegido por la inviolabilidad" (sic) que la Constitución proporciona al Jefe del Estado en el artículo 56.3".

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De este modo, se sigue argumentando que no resulta descartable ni que los hechos vinculados a estos ilícitos no contaran con el debido refrendo al que la Constitución española vincula la inviolabilidad ni que, como consecuencia, "los mismos se hubieran ejecutado con posterioridad a la abdicación de Juan Carlos I o que se estuvieran ejecutando actualmente, lo cual los excluiría de manera aún más explícita del ámbito de la inviolabilidad regia". El texto que se llevará a registro abunda en su argumentación, para evitar que sea rechazado por cuestiones meramente técnicas, que "el óbice formal de ser actos cometidos durante el periodo de inviolabilidad no puede ser alegado en este caso, siendo objeto de investigación el que, con posterioridad a su abdicación, posea, adquiera, utilice o transmita capitales de presuntas comisiones ilícitas".

Finalmente, la petición para abrir dicha comisión de investigación se apoya en que la Fiscalía General del Estado ha abierto la puerta a que puedan existir implicaciones penales "por actos cometidos tras la abdicación" y que "tampoco puede ser argumentado que se trate de un acto de control a la Jefatura del Estado, ya que no ostenta en la actualidad tal condición".

Más allá de las investigaciones judiciales en curso, el grupo confederal entiende que se debe realizar paralelamente una investigación en el Congreso para ir hasta el final del asunto porque se trata de sospechas sobre una institución, alegan, que no solo se circunscriben a lo fiscal, "sino que hablamos de sospechas que pueden erosionar gravemente las bases de nuestra democracia".

El objeto de la comisión se resume en dilucidar distintos aspectos que se han ido revelando a través de diversas informaciones durante los últimos meses, desde "la existencia de redes y estructuras opacas para la adjudicación de contratos en territorio nacional y en Arabia Saudí o en terceros países y su relación con el ex Jefe de Estado" hasta el grado de conocimiento de dichas presuntas actividades del Rey emérito "por parte de las empresas y los organismos y departamentos del gobierno implicados en las mismas". Asimismo se pone el foco en el "grado de conocimiento de dichas presuntas actividades del ex Jefe de Estado por parte de las empresas y los organismos y departamentos del gobierno implicados en las misma" y "la posible existencia de quid pro quo en forma de comisiones o donaciones en especie o dinerarias entre el gobierno de Arabia Saudí y el ex Jefe de Estado a cambio de su mediación en la consecución de contratos o de operaciones de promoción internacional del régimen saudí".

Más allá de que esta petición de investigación pueda sortear el rechazo de los servicios jurídicos del Congreso, que se sumará a la ya presentada por otros grupos parlamentarios, deberá contar con el apoyo mayoritario de la Mesa del Congreso. El voto del PSOE será clave, y todo apunta a que no variará su posición a la mantenida en el pasado, mostrándose contrario a investigar estar cuestiones fuera de la sede judicial. Una posición que en Unidas Podemos comienzan a asumir, aunque han presionado en las últimas horas, con escaso éxito. De ahí que el presidente del grupo parlamentario confederal de Unidas Podemos, Jaume Asens, incidiese en que, tras las últimas pesquisas de la Fiscalía, "ahora solo falta que PSOE, PP, Cs y Vox dejen de bloquear iniciativas como la nuestra para crear de una vez la comisión de investigación en el Congreso".