La Fiscalía apoyó la ofensiva de Podemos contra los medios de comunicación

La Fiscalía Anticorrupción respaldó los planes de Podemos para involucrar a medios de comunicación en el caso Villarejo. Los representantes del Ministerio Público y los abogados del partido pactaron investigar las supuestas relaciones del comisario con varios periodistas y empresas informativas para tratar de demostrar que el policía controlaba una “pata mediática”, una acusación utilizada con frecuencia por Podemos para desacreditar informaciones que considera críticas y que ha resucitado ahora para contrarrestar las últimas revelaciones del caso Dina. Los fiscales ayudaron a la formación a sostener esa estrategia, aunque no se han hallado indicios que avalen esa teoría y, menos aún, que impliquen responsabilidades penales para ningún periodista.

Los representantes de Anticorrupción en el caso Tándem, Ignacio Stampa y Miguel Serrano, abordaron este asunto con el equipo jurídico de Podemos en al menos dos reuniones secretas. Como ha revelado este diario, el 27 de octubre de 2018, la hasta ahora abogada de Iglesias, Marta Flor, y otros letrados del partido se citaron con los fiscales para trasladarles su intención de solicitar la apertura de una pieza separada que se centrara específicamente en las cloacas del Estado y en su teórico aparato mediático. De los mensajes de un chat interno de Podemos se desprende que Stampa y Serrano mostraron su apoyo a esa propuesta e incluso asesoraron al equipo jurídico de la formación sobre cómo debían redactarla para que fuera aceptada por el juez del caso, Manuel García-Castellón.

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Podemos tardó unos días en elaborar un borrador, pero los fiscales lo tumbaron al considerar que era demasiado agresivo e iba a ser rechazado por el instructor. En una segunda reunión celebrada el 4 de octubre, Stampa y Serrano aconsejaron a los letrados de Iglesias que rehicieran el documento utilizando un estilo más suave. El objetivo era colarle las diligencias al juez “con mantequilla”, según los mensajes del grupo de Podemos en Telegram. Entre las ideas que plantearon los fiscales, había varios puntos dirigidos exclusivamente contra periodistas y medios de comunicación sospechosos de mantener algún tipo de relación con Villarejo, aunque no quedaba clara la naturaleza penal de esos supuestos vínculos. Pese a ello, los representantes del Ministerio Público se comprometieron a apoyar esas diligencias.

El escrito de la Fiscalía

Los hechos sucedieron como recogen los mensajes. El 15 de octubre de 2018, Podemos registró un escrito en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional para solicitar las diligencias que habían acordado previamente con los fiscales. Y el 23 de octubre, estos se pronunciaron a favor de su admisión. Sobre los medios de comunicación que estaban en el punto de mira de Podemos, los representantes del Ministerio Público defendieron investigar si habían "aparecido relaciones comerciales, acuerdos o datos concretos por los que se relacione al grupo Cenyt [el 'holding' del policía] o algunos de sus gestores con la colaboración de periodistas o medios de comunicación, y, en su caso, pagos u otro tipo de contraprestaciones, vinculados a noticias relacionadas con dichos proyectos de 'intoxicación informativa', filtración de datos reservados o manipulación mediática".

Según los fiscales, el fin de esta petición era comprobar si Villarejo había recurrido a ciertos medios para hacer campañas de propaganda contra enemigos de sus clientes. La supuesta "manipulación mediática" de la que hablaba la Fiscalía no es un delito perseguible de oficio, sino a petición de los supuestos perjudicados por las falsedades. Pero el Ministerio Público entendía que ciertos podían haber retorcido algunas noticias a petición del comisario para montar extorsiones. Con todo, gran parte del escrito se dirigía contra diarios que únicamente habían publicado información relevante relacionada con el procedimiento, como las grabaciones del comisario a la examante del rey Juan Carlos, Corinna Larsen, y los audios de la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en el restaurante Rianxo.

Pese a ello, los fiscales y Podemos lograron que el juez autorizara las diligencias. El 29 de octubre de 2018, el entonces instructor, Diego Egea, dictó una providencia para oficiar a Asuntos Internos a buscar cualquier posible conexión del agente encubierto con profesionales y empresas del mundo de la información. En ese momento, la causa se encontraba bajo secreto pero, días después, el 5 de noviembre, los fiscales filtraron “extraoficialmente” a la abogada de Iglesias, Marta Flor, que el juez había aceptado sus medidas contra la presunta “pata mediática” de Villarejo, como prueban de nuevo los mensajes del chat de Podemos, a los que ha tenido acceso El Confidencial.

La investigación no ha dado resultado. Ni rastro de acuerdos ni pagos a los medios de comunicación señalados por Podemos, según el sumario

La investigación no ha dado resultados. Los únicos hallazgos relacionados con periodistas o medios que constan en la causa son un contrato de Villarejo con un modesto diario digital que habría servido para publicar informaciones en contra de los rivales de Teodorín Obiang, el hijo del dictador de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, que está llamado a sucederle; y archivos sobre un diario aún más pequeño montado por el propio Villarejo, 'Información Sensible', que gozaba de un impacto mediático limitado. Ni rastro de acuerdos comerciales ni pagos a los medios de comunicación señalados por Podemos, según el sumario.

La "pata mediática" del caso Dina

La teoría de la “pata mediática” también se ha terminado diluyendo en el caso Dina, otro de los frentes que impulsó Podemos para alimentar su cruzada contra las cloacas del Estado. Los fiscales llegaron a pedir, como quería el partido, el registro de un medio de comunicación que había difundido archivos que también estuvieron almacenados en el móvil de Dina Bousselham. Sin embargo, tras más de un año de investigación, la Fiscalía tuvo que admitir el pasado mayo que no hay ninguna prueba que vincule al comisario con la publicación de esas informaciones. Los únicos periodistas imputados en la causa son el director y un periodista de la revista 'Interviú', que recibieron una copia de la memoria del teléfono de una fuente anónima y luego facilitaron un duplicado a Villarejo.

No hay más periodistas investigados en el caso Tándem, y es probable que ellos dejen de estarlo en breve. Han pedido el archivo de la acusación tras el vuelco que ha dado la causa en las últimas semanas. El juez ha retirado a Iglesias la condición de víctima por la difusión de los datos del móvil tras descubrirse que recibió una tarjeta de memoria con su contenido en enero de 2016 y no se la entregó a Bousselham al menos hasta cinco meses después. Otras estimaciones apuntan a que tardó más de un año en hacerlo. Además, cuando el secretario general de Podemos se la devolvió, la tarjeta se encontraba "parcialmente quemada".

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Además de esos hallazgos, hay otros factores que han desinflado la investigación de la Fiscalía contra medios de comunicación en el caso Dina. El primero es que un informe pericial ha desvelado que la propia Bousselham envió a terceras personas varios pantallazos de conversaciones en las que aparecía Iglesias y también otros archivos publicados luego en prensa. El segundo es que la copia del móvil hallada en la vivienda del comisario tiene fecha de abril de 2016, tres meses después de que Iglesias hubiera recibido un primer duplicado del teléfono de manos del presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio. Los documentos pudieron llegar a los medios de comunicación por otras vías, no solo a través de Villarejo, según ha dictado el juez.

Pese a la falta de pruebas, Iglesias aprovechó ayer un mitin en Galicia para insistir de nuevo en la tesis de que existe una "cloaca mediática" que ataca a Podemos para expulsarlo del Gobierno y aseguró que el caso Dina es un boicot a su partido.