La Fiscalía pide tres años de cárcel para los dos 'mossos' que escoltaron a Puigdemont

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide tres años de cárcel para los dos mossos que escoltaban a Carles Puigdemont cuando fue detenido en Alemania el 25 de marzo de 2018. En su escrito, presentado este jueves ante el Juzgado Central de Instrucción número 6, el Ministerio Público acusa a Carlos de Pedro López y a Xavier Goicoechea Fernández de un delito de encubrimiento, para lo que subraya que ayudaron al expresidente catalán pese a ser "conscientes de que era investigado en España por su participación en hechos constitutivos de delito de rebelión y otros".

La Fiscalía explica que tanto De Pedro como Goicoechea estaban disfrutando sus días libres cuando "una persona no identificada" les pidió que fuesen a Estocolmo (Suecia) a recoger a Puigdemont para llevarle a Bruselas. El instructor de la causa del 'procés', Pablo Llarena, ya había emitido una orden europea de detención y entrega contra el expresidente catalán, pero los mossos no dudaron en ayudarle a regresar a Bélgica para evitar así "su identificación en algún lugar donde pudieran ejecutar la orden". Además de Puigdemont y los dos mossos, en el coche también iban el empresario Josep María Matamala y el historiador Josep Lluís Alay.

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De Pedro, que estaba destinado en la unidad de seguridad ciudadana de la comisaría de El Prat de Llobregat, y Goicoechea, que formaba parte del área de escoltas en Sabadell, viajaron a Waterloo (Bélgica) el 19 de marzo de 2018. Cuatro días después, a la vista de que Puigdemont había abandonado Bélgica y se estaba desplazando por Europa, el magistrado Pablo Llarena emitió una orden de detención europea, decisión ante la que el expresidente comenzó un viaje de vuelta hacia Bruselas, donde ya había conseguido que las autoridades belgas rechazaran su entrega a España.

"La emisión de la orden tuvo lugar cuando Carles Puigdemont se encontraba en Helsinki (Finlandia), país al que se había desplazado el 22 de marzo, procedente de Suiza. El mismo día de la emisión de la OEDE, viernes 23 de marzo, por la tarde, Carles Puigdemont abandonó Helsinki", explica la Fiscalía. Su siguiente parada fue Estocolmo, donde le recogieron los dos mossos en un Renault y pusieron rumbo a Bruselas. "El 25 de marzo de 2018, a las 11:17, agentes de la policía alemana (BKA) interceptaron el vehículo indicado en el aparcamiento de viajeros pendulares de Jagel, autopista BAB7 (Alemania), que transcurre entre la frontera con Dinamarca y la ciudad de Hamburgo".

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Once días después, la orden cursada por Llarena terminó en fracaso: la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein (norte de Alemania) descartó el delito de rebelión y dejó en libertad a Carles Puigdemont bajo fianza de 75.000 euros mientras estudiaba la entrega. La decisión final llegó el 12 de julio, cuando el juez alemán anunció que solo lo extraditaría por malversación de caudales públicos, lo que cerraba a la puerta a que se le pudiera juzgar por rebelión en España. A la vista de esta postura, Llarena retiró la orden y el expresidente catalán quedó en libertad, situación que se mantiene a día de hoy tras la tramitación de una tercera orden que también ha fracasado.

Pese a ello, la Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que esa función de escolta que ejercieron los dos mossos constituye el delito de encubrimiento que recoge el artículo 451 del Código Penal en su tercer apartado: "Ayudando a los presuntos responsables de un delito a eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes, o a sustraerse a su busca o captura". El Ministerio Público solicita entonces tres años de cárcel para ellos, así como la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante el tiempo de la condena.