El cese de De los Cobos salpica al n.º 2 de Marlaska por aceptarlo sin salvedades

Fernando Grande-Marlaska y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, han centrado los focos de la política nacional esta semana por el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, pero el episodio también compromete al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, segundo en el escalafón de Interior y amigo íntimo del máximo responsable del Ministerio. El Boletín Oficial de la Guardia Civil, de difusión restringida, publicó el pasado martes 2 de junio la resolución de cese del mando del Instituto Armado como jefe de la Comandancia de Madrid, según recoge el documento, al que ha tenido acceso este diario.

El nombre del secretario de Estado figura al final de la orden de destitución. Aunque la propuesta de relevo debía partir de la directora general del cuerpo, la Ley del Régimen de Personal de la Guardia Civil 29/2014 establece que el cargo competente para hacerlo efectivo es la mano derecha de Marlaska. La fórmula escogida para el cese es estándar, pero en este caso implica que Pérez hizo propios los argumentos presuntamente irregulares que utilizó Gámez para fulminar al responsable orgánico de la unidad policial que investiga la celebración del 8-M y otros 129 actos masivos en plena crisis del coronavirus.

Como desveló este diario, la directora del Instituto Armado, concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga entre 2011 y 2016, dejó por escrito que Pérez de los Cobos fue sustituido "por pérdida de confianza de esta Dirección General y del Equipo de Dirección del Ministerio del Interior, por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento". El detonante fue la negativa de Pérez de los Cobos a revelar detalles sobre las pesquisas que estaban realizando sus agentes para el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, después de que este medio desvelara que un primer atestado apuntaba al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, y aportaba nuevos indicios contra el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, el también socialista José Manuel Franco, único imputado por ahora.

A pesar de que la ley obliga a la Policía Judicial a mantener el secreto de sus averiguaciones en cualquier procedimiento e informar únicamente al juez instructor de sus avances, el secretario de Estado de Seguridad asumió los motivos de Gámez para el relevo. En la causa concreta del 8-M, la Guardia Civil tenía razones añadidas para guardar la reserva de las diligencias. La jueza que dirige el procedimiento, Carmen Rodríguez-Medel, ordenó a los agentes al inicio de la causa que solo trataran el caso con ella. Y el lunes 25 de mayo, la magistrada envió una carta precisamente al secretario de Estado de Seguridad para advertirle de que se enfrentaba a posibles responsables penales si no respectaba la "estricta reserva" que tienen los guardias civiles adscritos a ella.

La firma del cese sin salvedades involucra de lleno, por tanto, al número dos del Ministerio. El Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid ha archivado una querella de Vox contra Gámez por un presunto delito de prevaricación en el relevo del coronel, pero la formación de Santiago Abascal la presentó el 27 de mayo y el juez resolvió el 1 de junio. Es decir, antes de que trascendiera el documento con las verdaderas razones del cese. Las asociaciones de jueces y fiscales han expresado de forma unánime su rechazo frontal a lo que consideran una intromisión del Ejecutivo en el Poder Judicial para tratar de frenar o condicionar una causa que le afecta directamente y consideran que los hechos podrían ser constitutivos de delito.

La resolución publicada en el Boletín Oficial de la Guardia Civil también revela otro detalle. Cuando la jueza Rodríguez-Medel envió la carta de advertencia a Rafael Pérez, ya hacía varias horas que este había destituido al jefe de la Comandancia de Madrid. Gámez envió su propuesta de cese a la Secretaría de Estado de Seguridad a las 22.14 horas del domingo 24 de mayo, como consta en el documento clasificado con la condición de "reservado" que desveló este diario. Y el número dos de Marlaska la aceptó de forma automática, en los 106 minutos que restaban para que acabara el día. La orden lleva la fecha del propio 24 de mayo, aunque no tuvo "efectos" hasta el día siguiente.

Este detalle, un relevo en tiempo récord en plena noche de un domingo, confirmaría que Gámez y Pérez cesaron al coronel de forma perfectamente coordinada por una orden directa del superior de ambos, el ministro Marlaska. En sus últimas versiones del episodio, el antiguo juez de la Audiencia Nacional ha intentado quedarse al margen de la sustitución, asegura que no intervino en el proceso, probablemente, por miedo a las consecuencias jurídicas que puede conllevar. Pero ni Gámez ni Pérez habrían tomado una decisión con tanta trascendencia para el conjunto del Gobierno de un modo tan urgente y un momento de la semana tan ilógico si no hubiera sido porque obedecían una instrucción del titular de Interior. Después de todo, no era la primera vez que Marlaska laminaba a un alto cargo del Ministerio por negarse a filtrarle detalle de una investigación secreta de la Guardia Civil. Ya lo hizo con el antecesor de Gámez, Félix Azón, porque este no quiso anticiparle los pormenores de la operación contra los CDR.