La jueza limita a la prevaricación la vía penal contra el Gobierno por permitir el 8M

La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha limitado la investigación que mantenía abierta por la gestión del Gobierno central por la celebración de manifestaciones multitudinarias, como la del 8-M, en los días previos a que se declarara el estado de alarma a consecuencia del Covid 19. La magistrada que instruía por delitos de lesiones imprudentes o prevaricación, ha desestimado el primero de los supuestos aunque mantiene vivo el procedimiento por el segundo, informan fuentes jurídicas.

Rodríguez-Medel ha tomado esta decisión a la vista de uno de los informes recibidos, del médico forense, en el que se indica que no se puede determinar que existiera relación causa-efecto entre la asistencia a una concentración masiva y el contagio del virus. Según especifica el estudio, indican las fuentes consultadas, este informe ha desencadenado el cierre del procedimiento por lesiones.

Sin embargo, las diligencias para determinar si el delegado del Gobierno en Madrid, el único contra el que procede el Juzgado que no es competente para investigar al presidente ni a otros miembros del Ejecutivo, aforados ante el Supremo, continúan abiertas. La denuncia presentada por el abogado Víctor Valladares apuntaba a la comisión de este delito por no decidir suspender ni la concentración del 8-M ni otras 70 manifestaciones multitudinarias pese a las advertencias sobre el riesgo remitidas por el Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades.

La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid abrió la primera vía penal contra el Gobierno central. Tras recibir por reparto de decanato, el pasado viernes 20 de marzo, la denuncia de un particular contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra todos los delegados del Gobierno de las diferentes comunidades autónomas, la magistrada incoó diligencias previas en exclusiva respecto al delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco.

Batería de diligencias

La magistrada ordenaba una batería de diligencias de investigación a la Policía, la Guardia Civil y al médico forense, con expresa advertencia de que no son urgentes y que deberán, por tanto, practicarse cuando su disponibilidad lo permita a la vista de la evolución del estado de alarma. Constataba que el derecho de reunión que protege la Constitución debió limitarse debido a la "desproporcionada perturbación de otros bienes", en este caso, la vida y, en concreto, "si en el momento de la decisión gubernativa se tenían suficientes datos". Pese a ello, alberga serias dudas sobre la calificación de los hechos que realiza el denunciante. "La calificación jurídica puede ser esta o puede ser esta en concurso con otras", indica.

En su auto indicaba que existen, a día de hoy, una serie de interrogantes sobre los que nada se sabe. Explica que se desconoce si el informe del centro europeo fue remitido oficialmente a España, en qué fecha y a qué autoridad. Tampoco se conoce si la Delegación del Gobierno fue instada a alertar sobre el peligro de propagación del virus en estas concentraciones o incluso a prohibir o autorizar su celebración.