El juez que archivó una querella contra Simón asume la denuncia de Vox por el cese

El juez de instrucción número 11 de Madrid ha asumido por reparto la querella presentada por Vox contra la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, por un delito de prevaricación administrativa, informan fuentes jurídicas. El magistrado inadmitió hace unos días otra querella, en este caso presentada por familiares de una fallecida por coronavirus contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAE), Fernando Simón.

La familia acusaba a Simón de homicidio imprudente, delitos contra los derechos de los trabajadores y falsedad documental, pero el magistrado Juan Javier Pérez desestimó su solicitud sin solicitar informe previo de la Fiscalía. Para descartar los dos últimos delitos, el juez apuntaba a la "existencia de discrepancias en la comunidad científica" durante la pandemia y destacaba también que el covid-19 era de "imprevisible evolución y extensión".

Opinión

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Ahora se ocupará de estudiar el escrito del partido de Santiago Abascal que, hace unos días anunció su intención de querellarse contra la directora de la Guardia Civil y el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez. Presentó su escrito tras conocerse el cese del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos en el marco de la investigación sobre las manifestaciones del 8-M pocos días antes de decretarse el estado de alarma por la pandemia del coronavirus. Cuando se redactó la querella aún no había trascendido la nota de Interior en la que se motivaba la destitución.

En esta nota escrita, desvelada este martes por El Confidencial, Gámez indicaba que el coronel Diego Pérez de los Cobos fue relevado por "no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento". El partido de Santiago Abascal ponía de manifiesto en su escrito que la "relación entre la destitución del coronel de la Guardia Civil y la emisión del informe" solicitado por la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que investiga la actuación del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por autorizar la manifestación feminista del 8 de marzo.

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Dudaba de la credibilidad las declaraciones del ministro del Interior, que atribuyó el cese del coronel Pérez de los Cobos a una "pérdida de confianza". También se refería al polémico informe de la Guardia Civil sobre el que afirmaba refleja que "los datos que manejaba el director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, y por ende el ministro Salvador Illa, de los que el delegado del Gobierno en Madrid tuvo conocimiento, le pusieron en aviso sobre la gravedad de la crisis, al menos, días antes de las manifestaciones en Madrid". "Datos que fueron ocultados en relación con las convocatorias previstas para el día 8 de marzo", resume.

"La relación entre el cese del coronel Pérez de los Cobos y las publicaciones que indican que éste se habría negado a dar información sobre la misión otorgada por la juez, al ser telefoneado por un alto cargo de Interior para solicitarle información sobre las diligencias que estaba realizando, supone una grave infracción de normas de actuación de la Guardia Civil en sus funciones como policía judicial", agregaba

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Por todo ello planteaba que si se probara que el coronel Pérez de los Cobos ha sido destituido "por el informe y/o por negarse a dar información sobre el mismo, la destitución deberá ser declarada nula por arbitraria y los querellados, condenados".