Iglesias mantiene el pulso para que el ingreso mínimo llegue a más de un millón de hogares

La Vicepresidencia de Derechos Sociales y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones siguen tratando de consensuar el número de beneficiarios del ingreso mínimo vital que, según el compromiso anunciado por el Gobierno, se aprobará el próximo mes de mayo. Después de que este martes el presidente, Pedro Sánchez, y el vicepresidente, Pablo Iglesias, llegasen a un acuerdo para acelerar su aprobación, adelantándola entre dos y tres meses al calendario previsto, desde el departamento que dirige el líder de Unidas Podemos mantienen el pulso para que este subsidio pueda llegar al mayor número posible de hogares con dificultades económicas.

Las cifras que maneja el ministro José Luis Escrivá es que se beneficiarían alrededor de un millón de hogares, de los cuales aproximadamente un 10% serían familias monoparentales. Un total de tres millones de personas. Unas estimaciones que se quedarían cortas para los morados, dado que esa sería la cifra de beneficiarios que se manejaba para el ingreso mínimo vital pactado en el programa de gobierno antes de que golpease la crisis del coronavirus.

Este número de beneficiarios correspondería con el número de hogares con pobreza severa. Esto es, con unos ingresos por debajo del 30% de la renta mediana. En el sector morado del Gobierno, sostienen que esas cifras habrían aumentado en las últimas semanas por la crisis del coronavirus y manejan otros números distintos sobre el total de potenciales beneficiarios en función de los diversos escenarios.

El confinamiento también ha traído consigo el fin de la economía sumergida, mediante la que muchos hogares lograban complementar sus ingresos y situarse fuera de la bolsa considerada de pobreza severa. Solo en el sector de las empleadas del hogar, un tercio de las 600.000 trabajadoras no está dado de alta en la Seguridad Social. Se trataría, por tanto, de unas 200.000 trabajadoras que han dejado de percibir ingresos sin poder tampoco acceder a las ayudas aprobadas por el Gobierno para destinar a este colectivo que tampoco tiene opción de acceder al subsidio de desempleo.

Los distintos departamentos siguen intercambiando documentos para acabar de perfilar la propuesta, aunque los morados entienden que este ingreso mínimo vital debería llegar a más hogares de los que se han estimado como potenciales beneficiarios en un principio. Con todo, los números que se manejan están muy lejos de los máximos que puso sobre la mesa el sector de Unidas Podemos en el Gobierno y que llevaba en su programa electoral, en buena medida porque ya se han aprobado otra serie de subsidios, ERTE y ayudas.

Los cálculos que los morados llevaban en su programa electoral eran que el denominado 'ingreso básico garantizado' que proponían podría alcanzar a unos 10 millones de personas. Pablo Iglesias remarcaba también este jueves durante una entrevista en La Sexta que el ingreso mínimo vital ya era urgente antes de la crisis del coronavirus porque había 10 millones de personas en riesgo de pobreza y la tercera peor tasa de pobreza infantil de la Unión Europea.

En lo que sí hay total consenso es en la cuantía de este ingreso, que será de carácter estructural y permanente. Se trataría de una prestación base de 500 euros, que se incrementaría en 100 euros mensuales por cada persona menor a cargo o 150 euros en el caso de las familias monoparentales, hasta un máximo de 950 euros. Se baraja asimismo que el ingreso sea de 600 euros para las personas que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. En el caso de que fuese un menor a cargo el que tuviese reconocida esta discapacidad, a los 500 euros se sumarían 120 —en lugar de 100— y 180 en las familias monoparentales —en lugar de 150—. Unas cantidades que no distan en demasía de las que Unidas Podemos prometía en su programa electoral, al fijar la renta mínima en 600 euros por adulto e incrementándose en función del número de hijos hasta un tope de 1.200 euros al mes.

Otra de las cuestiones que todavía se están resolviendo con las administraciones autonómicas es cómo coordinar esta renta mínima, ya que en varias comunidades autónomas existen distintas modalidades. La intención en este sentido es que se agilicen las tramitaciones, que se garanticen sin dejar estas ayudas sujetas a la disponibilidad presupuestaria y que se estudien mecanismos para facilitar su portabilidad entre comunidades autónomas.

Los trabajos siguen acelerándose entre la Secretaría de Estado de Derechos Sociales que dirige Nacho Álvarez y el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, pero las negociaciones prosiguen y este jueves finalmente no se ha producido el anuncio previsto para dar a conocer la medida. Respecto a ello, Escrivá explicaba en una entrevista en la Cadena SER que "estos días los calendarios son muy flexibles y están muy abiertos", añadiendo que "estamos trabajando a marchas forzadas" y que todavía faltaría por "cerrar algún fleco". Iglesias, por su parte, destacaba que lo importante es que existe la promesa de aprobar la renta mínima vital en mayo, momento a partir del cual ya se podrán acoger a esta ayuda las personas que puedan ser beneficiarias de ella.