España tenía que tener en 2016 el listado de recursos sanitarios que ahora improvisa

En las enfermerías de las grandes plazas de toros de España, incluso en aquellas en las que hacía años que no se celebraban corridas, había respiradores que, a día de hoy, han sido en muchos casos entregados a hospitales. Incluso en la de La Arena, en Arnedo (14.800 habitantes, La Rioja), había dos aparatos de ventilación mecánica en perfecto estado cuando la pandemia empezó a azotar España.

Esos respiradores, junto con los que poseen las clínicas veterinarias, odontológicas, estéticas, deberían de haber estado incluidos desde hace tres años en un exhaustivo catálogo —en realidad, una base de datos— de recursos humanos y de medios naturales disponibles en España para hacer frente a crisis sanitarias. Una ley hubiera después tenido que precisar cómo el Gobierno podría movilizar esos recursos. De haber sido así, el Ministerio de Sanidad no tendría que haber ido a salto de mata, desde hace 25 días, desenterrando recursos sanitarios a veces sepultados por el olvido. A día de hoy, la ley y el catálogo no existen.

El Partido Popular y el PSOE votaron, en septiembre de 2015, la Ley de Seguridad Nacional, cuyo ámbito abarca la sanidad, incluidos los medicamentos y productos sanitarios. En su artículo 28, estipulaba que las comunidades autónomas deberían elaborar “catálogos de recursos en base a sus propias competencias” y facilitárselos al Gobierno.

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La disposición final tercera de dicha ley comprometía al Gobierno de Mariano Rajoy a elaborar y remitir al Congreso de los Diputados “en el plazo de un año”, es decir, no más tarde de septiembre de 2016, “un proyecto de ley reguladora de la preparación y disposición de la contribución de recursos a la Seguridad Nacional”. Esa nueva ley debía, en realidad, precisar cómo y en qué circunstancias se podrían movilizar esos recursos.

Nada de eso se hizo en España. La cascada de elecciones generales entre diciembre de 2015 y noviembre de 2019 explica, en parte, la inexistencia de la ley y su catálogo, pero también el deseo de los gobiernos de turno de evitar roces con los nacionalistas vascos y catalanes, que facilitaron las dos investiduras de Pedro Sánchez como en su día el PNV permitió la aprobación de los últimos Presupuestos de Mariano Rajoy. En 2015, los nacionalistas se opusieron a la Ley de Seguridad Nacional.

En España, la configuración del Estado en autonomías ha sido un obstáculo para desarrollar la Ley de Seguridad Nacional. No ha sido así en otros países occidentales, incluso en Estados de marcado carácter federal. Canadá aprobó, por ejemplo, la suya (Ley de Movilización de Recursos Nacionales) en junio de 1940, unos meses después de su entrada en la II Guerra Mundial. Aunque sirvió para la guerra, la ley no era estrictamente militar.

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El Ministerio de Sanidad español ha tenido que improvisar contrarreloj a partir de la entrada en vigor, el 14 de marzo, del real decreto sobre el estado de alarma. Con tan solo 1.044 trabajadores, es el más pequeño de los ministerios. De él dependen seis organismos autónomos con unos 4.600 trabajadores, la mayoría pertenecientes al Ingesa, que administra los hospitales de Ceuta y Melilla. Los profesionales sanitarios al servicio de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid multiplican por 14 los efectivos de Sanidad.

Para reforzar su equipo un tanto esquelético, el ministro, Salvador Illa, ha echado mano de algunos de sus funcionarios adscritos a esos organismos autónomos, así como de otros expertos con experiencia en gestión sanitaria, pero contratados por ONG españolas o extranjeras.

A marchas forzadas, Sanidad ha elaborado una base de datos en que las comunidades autónomas y también los hospitales deben ahora volcar la información epidemiológica, fallecimientos y altas médicas, capacidad asistencial general y en unidades de cuidados intensivos —incluido el número de respiradores—, necesidades de recursos humanos y materiales, 'stocks' farmacéuticos, etcétera.

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Para garantizar la colaboración de los que poseen todos esos datos y asegurar así “la eficiencia en la gestión de la crisis”, Sanidad publicó, el 15 de marzo, una orden de obligado cumplimiento en el Boletín Oficial del Estado que amplió seis días después.

Dieciocho días después de su publicación, su aplicación sigue dejando que desear. “Hay unos pocos hospitales que no colaboran”, comenta una fuente conocedora del funcionamiento de la base de datos instalada en los sótanos del Ministerio de Sanidad. “Sospechamos que no lo hacen porque están desbordados y no andan escasos de nada”, añade, pero rehúsa precisar cuáles son esos centros hospitalarios. “Hay también autonomías que arrastran un poco los pies”, concluye.

El equipo de Illa se ha quedado además sorprendido por algunos anuncios públicos de presidentes o consejeros de Sanidad autonómicos sobre material de protección o camas en UCI que ponían generosamente a disposición de otras regiones. Esas ofertas grandilocuentes no siempre habían sido trasladadas a la base de datos del ministerio.

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El segundo problema a la hora de alimentar el ordenador es la falta de homologación de los datos. Al hacer el recuento de los enfermos más graves, la Comunidad de Madrid tiene un criterio dispar a los del País Vaso y Castilla y León, mientras que el de Castilla-La Mancha se situaba a mitad de camino. Poco a poco, sin embargo, los criterios se van aproximando.

Entre las prioridades a corto plazo de la etapa de poscrisis están, en lo concerniente a Sanidad, reforzar el ministerio y tramitar en las Cortes esa ley de movilización de los recursos disponibles para apuntalar la seguridad nacional, que lleva tres años largos de retraso. “Conocer, por ejemplo, los recursos humanos, el número de médicos y su especialidad, no significa que se les quiere poner a todos un uniforme militar sino movilizarlos más eficazmente en caso de pandemia o de catástrofe natural”, aseguran en Sanidad.