La curva arrastra a Sánchez al cierre total del país que demoró para no dañar la economía

Tras la intervención de Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos, en el pleno del Congreso celebrado el pasado jueves para prorrogar el estado de alarma, desde la bancada azul Pablo Iglesias intercambió una mirada con Pedro Sánchez mientras asentía con la cabeza. Echenique había rematado su discurso prometiéndole lealtad a sus socios de Gobierno, al tiempo que le "sugería" que si la situación derivada del coronavirus no mejoraba sería conveniente replantearse el endurecimiento del confinamiento. Lo hacía reconociendo que era una opinión compartida por el resto de grupos parlamentarios. Llevaban días reivindicándolo y presionando, comenzando por Íñigo Errejón que "para frenar la curva" pedía "anticipación", y en el pleno lo reclamaron una vez más. También varios presidentes autonómicos, como el catalán Quim Torra, el murciano Fernando López Miras o el castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco habían presionado tanto en público como en privado en este sentido.

Finalmente, Pedro Sánchez rectificó este sábado, aunque para la oposición vuelve a llegar tarde. Durante una comparecencia desde La Moncloa anunció que en un Consejo de Ministros extraordinario convocado para este domingo se paralizará toda la actividad que no sea fundamental hasta el 9 de abril. La opinión mayoritaria del Congreso, de varios presidentes autonómicos y del sector de Unidas Podemos en el Ejecutivo se imponía frente a la oposición a endurecer las restricciones que durante los últimos días lideró la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

Ya lo hizo los días previos a decretarse el estado de alarma, para disminuir el golpe en la economía, mientras que el pasado lunes en rueda de prensa insistía en la necesidad de mantener "un equilibrio que garantice el mantenimiento del empleo que permita la recuperación económica", aun abriéndose a adoptar más medidas en función de cómo siguiese evolucionando la pandemia. Las medidas hasta llegar al estado de alarma, debido a la posición de Calviño, se tomaron de forma gradual. Esta lógica se sigue imponiendo pese al dibujo que va adquiriendo la curva de la pandemia.

En las reuniones previas al Consejo de Ministros del pasado martes, el sector de Unidas Podemos en el Gobierno pidió que se considerase endurecer las restricciones. Se planteó lo que denominaron un "cierre total" de las actividades productivas, salvo las consideradas esenciales en este contexto para contener la propagación del virus. Italia lo está haciendo, se argumentó, añadiendo que si se va a ir un escenario similar lo mejor sería hacerlo con anticipación.

La respuesta volvió a ser que ya se estaban adoptando "medidas muy estrictas". Las cifras de las últimas horas, con 72.000 contagios y 5.690 fallecidos, han obligado a un nueva vuelta de tuerca, a pesar de que la mañana de este sábado Fernando Simón afirmaba que el principal problema "ahora mismo no es la transmisión, porque las medidas son suficientes para controlarla", sino la "saturación de las UCI".

Italia, que es el espejo, ya endureció las restricciones hace más de una semana sin que se aprovechase esa ventaja. España hace lo propio, con retraso, para "intensificar la lucha" contra el coronavirus. Ahora se paralizará toda aquella industria que no sea básica, convirtiendo días laborales en libranzas retribuidas, al estilo de lo que se ha hecho en otros países. "Ahora es cuando podemos lograr rebajar de manera significativa esa movilidad y cortar de manera más agresiva esas infecciones y evitar la presión sobre las UCI", argumentó el presidente del Gobierno.

Una semana después de pedirlo las CCAA

El Ejecutivo ya comenzó a preparar el terreno este viernes para una posible ampliación de las restricciones. Así lo dejó caer tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno María Jesús Montero, al reconocer que "todos los ministerios" estaban trabajando por si Sanidad daba la orden de endurecer las condiciones del estado de alarma. Este planteamiento llega casi una semana después de la segunda videoconferencia que Sánchez mantuvo con los presidentes autonómicos. En ella se sucedieron las peticiones de medidas más duras, como el parón total de la actividad económica o el cierre de puertos y aeropuertos.

El argumento del presidente del Gobierno para negarse fue el mismo que el esgrimido desde la vicepresidencia de Asuntos Económicos durante los últimos días, defendiendo la necesidad de que haya un mínimo de actividad económica y que el decreto del estado alarma ya era suficiente porque además se estaban cumpliendo con disciplina. Las explicaciones no convencieron a una buena parte de los presidentes autonómicos, que hicieron piña independientemente de su color político, como fue el caso de Cataluña, Murcia, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Baleares o Canarias. Con más o menos matices, todos coincidieron en la necesidad de limitar lo máximo la actividad industrial.

"A la hora de actuar, es preciso utilizar el bisturí para no amputar ningún nervio de nuestro organismo social que comprometa el propio sostenimiento de la población confinada o la ulterior recuperación", sostendría después Pedro Sánchez en el pleno del Congreso. Ante ello, formaciones tan alejadas como PP y ERC o Bildu y Más País volvieron a defender la necesidad de parar toda la actividad económica no esencial, tal y como hizo Italia el pasado fin de semana. Su tesis es que un confinamiento más duro, prácticamente total, puede llevar a una salida más rápida porque se frenaría radicalmente la propagación del contagio.

El Consejo de Ministros de este domingo precisará el listado de actividades no esenciales que, a partir del lunes, en la práctica, se detendrá. Una vez haya concluido la alarma, los trabajadores podrán pactar con los empresarios ampliar su horario hasta el próximo 31 de diciembre para recuperar esos días de inactividad.