Tras las diligencias de la jueza Medel

La denuncia contra Pedro Sánchez por prevaricación, en manos del Supremo

Acusa al Ejecutivo de permitir la celebración de multitudinarias manifestaciones, como la del 8M, que deberían haber sido prohibidas en cumplimiento de las recomendaciones de la UE.

Foto: Manifestación del 8-M en Madrid. (EFE)
Manifestación del 8-M en Madrid. (EFE)

El abogado Víctor Valladares, el denunciante que ha provocado la apertura de diligencias en los juzgados de Madrid contra el Gobierno por la celebración de manifestaciones multitudinarias como la del 8 de marzo en los días previos a la declaración del estado de alarma por la extensión del coronavirus, ha presentado este lunes a primera hora de la tarde denuncia contra Pedro Sánchez en el Tribunal Supremo. Acusa al presidente de un delito de prevaricación y de lesiones por imprudencia. En el escrito, al que ha tenido acceso El Confidencial, Valladares asegura que el Ejecutivo permitió la celebración de multitudinarias manifestaciones, como la del 8-M, que se dotaron de las autorizaciones necesarias cuando deberían haber sido prohibidas en cumplimiento de las recomendaciones de la UE. En aquel momento, dice, ya se habían detectado 114 casos de coronavirus en España.

El letrado se ha dirigido al alto tribunal después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, le indicara que este era el competente para investigar los hechos en el caso de Sánchez. La magistrada ha abierto la primera vía penal contra el Ejecutivo. Ha incoado diligencias previas respecto al delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco.

En opinión de Rodríguez-Medel, el derecho de reunión que protege la Constitución debió limitarse —"Si en el momento de la decisión gubernativa se tenían suficientes datos", precisa— debido a la "desproporcionada perturbación de otros bienes", en este caso, la vida. Ordena, además, una batería de diligencias de investigación a la Policía, la Guardia Civil y al médico forense, con expresa advertencia de que no son urgentes y que deberán, por tanto, practicarse cuando su disponibilidad lo permita a la vista de la evolución del estado de alarma.

El denunciante solicita que se interrogue a Sánchez como imputado y que se recabe testimonio de los expedientes administrativos que tramitaron las distintas delegaciones del Gobierno antes de dar su visto bueno a las concentraciones. También reclama que se tome declaración como testigos a los profesionales sanitarios que elaboraron el informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y de la Agencia Española del Medicamento, entre ellos, Fernando Simón.

La denuncia, que no solo se limita a la celebración de la masiva manifestación del Día de la Mujer, detalla que en la Comunidad de Madrid hubo 77 reuniones multitudinarias desde que, el 2 de marzo, el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades emitiera un informe de aviso. Repasa, además, otros actos celebrados en todo el territorio nacional.

"En definitiva, por parte de la UE se envía un informe en el que se recomienda a los gobiernos de los Estados miembros evitar la celebración de reuniones tumultuosas, y no solo por parte del denunciado Sánchez se desoye esa información, sino que se autorizan manifestaciones multitudinarias en la inmensa mayoría de localidades españolas, cuando en ese momento ya incluso se había prohibido en algunos eventos deportivos la asistencia de público a los mismos", dice la querella.

Se pregunta por qué se autorizaron estas manifestaciones multitudinarias que "pusieron en riesgo y peligro vital a sus asistentes y a toda la sociedad española". "¿Por qué no se emitió una orden que evitara cualesquiera tipo de eventos multitudinarios, tal y como los mencionados o el celebrado por el partido político Vox en el Palacio de los Deportes de Vistalegre de Madrid, o algunos eventos deportivos o conciertos musicales? ¿A qué interés se debía el proceder del presidente del Gobierno?", agrega.

Peligro para miembros del Gobierno

El denunciante asegura que la asistencia a este tipo de concentraciones puso en peligro a miembros del propio Gobierno al que acusa, "como la ministra Irene Montero, que resultó infectada en la manifestación del 8-M celebrada en Madrid, o la propia mujer del denunciado Sánchez, que también asistió a la citada manifestación, o la vicepresidenta primera del Gobierno, la señora Calvo, también asistiendo como pancartera a la citada manifestación". "Y a saber cuántas más personas que acudieron en tropel a esas manifestaciones, alentadas por el Gobierno presidido por el denunciado y que por ser anónimas desconocemos la incidencia de su asistencia y su infección", agrega.

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