El Gobierno planea limitar los movimientos de los ciudadanos para frenar el coronavirus

España, desde este sábado y durante los próximos 15 días, estará a lo largo del día en estado de alarma para frenar el avance del coronavirus Covid-19, que ya ha contagiado a 5.753 personas y quitado la vida a 136. Un estado que hará, según estudiaba el Consejo de Ministros, que los ciudadanos de todo el país tengan restringida la libertad de movimientos. Así, se planea que solo se pueda circular por las calles para adquirir alimentos, productos farmacéuticos y bienes de primera necesidad, asistir a centros hospitalarios, ir al trabajo y retornar a su casa, cuidar a mayores, menores, enfermos y personas con discapacidad, desplazarse a entidades financieras o por causa de fuerza mayor o situación de necesidad o bien por alguna otra razón análoga debidamente justificada. Los vehículos, del mismo modo, solo podrían circular para realizar esas actividades. Además, el Ministerio del Interior estaría autorizado para acordar el cierre de carreteras o tramos de ellas por razones similares. El Gobierno, en consecuencia, se prepara para confinar a los españoles para contener al máximo la expansión de la enfermedad. Todas estas limitaciones de movimientos entrarían en vigor a las 8:00 del lunes 16 de marzo de 2020. En paralelo, además, se lanzará la prohibición de apertura al público comercios y negocios, salvo tiendas de alimentación y farmacias, tal y como ha hecho ya Madrid. También el Ejecutivo podría tirar de la sanidad privada para reforzar la red pública o intervenir empresas para garantizar suministros.

Son algunas de las medidas estudiadas por el Consejo de Ministros extraordinario de este sábado, que aprueba la declaración del estado de alarma en todo el país durante la tarde. Un encuentro presidido por Pedro Sánchez y presencial, no telemático, y al que acudieron todos los ministros, salvo las titulares de Igualdad y Política Territorial, Irene Montero y Carolina Darias, ambas contagiadas por coronavirus. Pablo Iglesias, vicepresidente segundo y pareja de Montero, estaba en cuarentena pero asistió a la cita del Gabinete. Fuentes de su departamento explicaron que el presidente le convocó al Consejo y no se pudo habilitar la asistencia telemática, por lo que se siguió un protocolo sanitario, definido desde la Moncloa, para hacer que su presencia fuera totalmente segura. Cerca de las 15:00, la Moncloa informó de que el Consejo hacía un receso para seguir a continuación, por lo que la comparecencia de Sánchez llegaría a lo largo de la tarde, sin hora definida, lo que daba cuenta de la profundidad de la discusión de un real decreto histórico. El Consejo finalizó a las 18:00, según comunicó la Secretaría de Estado de Comunicación. Siete horas y media de deliberación totales, contando el descanso.

El estado de alarma supondrá que el Gobierno central sea la única autoridad competente, y por delegación Robles, Marlaska, Ábalos e Illa

El borrador del real decreto que declara el estado de alarma al que tuvo acceso El Confidencial centra la toma de decisiones en el Gobierno de Sánchez, la única autoridad competente. Para el ejercicio de sus funciones, bajo la superior dirección del presidente, serán autoridades competentes delegadas, en sus respectivas áreas, los ministros de Defensa, Margarita Robles; Interior, Fernando Grande-Marlaska; Transportes, José Luis Ábalos, y Sanidad, Salvador Illa. Los cuatro pueden dictar en este periodo acuerdos, resoluciones y disposiciones que garanticen el cumplimiento del real decreto y la protección de las personas. Los cuerpos policiales autonómicos y locales quedarán así bajo las órdenes directas del ministro del Interior.

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Abastecimiento del mercado

El texto señala que se suspende la actividad educativa presencial en todos los centros —prohibición que ya habían adoptado las comunidades autónomas—, obliga a los empleadores a facilitar el teletrabajo y establece el cierre al público de todos los comercios y negocios que no sean de primera necesidad. En supermercados y mercados quedará prohibido el consumo de alimentos, se evitarán aglomeraciones y se mantendrá la distancia de seguridad interpersonal de un metro. Cafeterías y restaurantes podrán prestar exclusivamente servicios de entrega a domicilio. Es una traslación nacional de las medidas ya adoptadas, por ejemplo, por la Comunidad de Madrid. Quedarían también suspendidas verbenas y fiestas populares.

Todas las autoridades civiles, y en particular las sanitarias, así como los funcionarios y trabajadores que dependen de ellas, se hallarían bajo las órdenes directas del ministro de Sanidad, aunque las administraciones autonómicas y locales mantendrán la gestión de los servicios. Illa, no obstante, puede tener la potestad de tomar todas las decisiones que sean necesarias para garantizar la cohesión y equidad en la prestación del servicio. Podrá, por ejemplo, distribuir recursos técnicos y personales de acuerdo con las necesidades que se pongan de manifiesto en la gestión de la crisis. Asimismo, los hospitales militares están llamados a contribuir a reforzar el sistema nacional de salud en toda España. El Estado, por tanto, se arroga competencias que son de comunidades y ayuntamientos, aunque sea de manera temporal.

Se trabaja también, siempre según el documento citado, para que el Ministerio de Sanidad pueda dar órdenes para asegurar el abastecimiento del mercado y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados por la falta de productos necesarios para proteger la salud. El departamento podría por tanto intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, incluidos los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada, así como la industria farmacéutica. Y podría practicar requisas temporales de todo tipo de bienes.

El Gobierno extendería a todo el Estado las medidas de cierre de comercios y negocios adoptadas por Madrid. En la práctica, un cierre de país

En el borrador no se apunta hacia un cierre del espacio aéreo, ni se clausura el transporte público, pero sí se limitará, en principio, la frecuencia de paso de trenes, buses o barcos. Así, se indica en ese texto que los operadores de transporte público reducirán la oferta total de operaciones en, al menos un 50%, porcentaje que podría modificarse por orden del ministro Ábalos y que en todo caso habría de garantizar que los ciudadanos puedan acceder a sus puestos de trabajo y los servicios básicos.

También se recogen en el borrador medidas para garantizar el suministro de alimentos. El Gobierno, por tanto, aseguraría el abastecimiento alimentario y la distribución de los productos desde el origen hasta el consumidor. Se especifica que pueden establecerse "corredores sanitarios" para permitir la entrada y salida de personas, materias primas y productos elaborados. Cabría la opción, según el texto, de intervenir empresas y servicios y de movilizar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas para asegurar los suministros.