La Justicia investiga al alcalde de Alcalá y a su equipo de gobierno por prevaricación

El Juzgado de Instrucción 1 de Alcalá de Henares ha abierto una investigación contra el alcalde de la localidad y secretario del Comité de Ética del PSOE de Madrid, Francisco Javier Rodríguez Palacios, por un delito de prevaricación. La instrucción está de momento en una fase muy incipiente, pues el juzgado acaba de admitir la denuncia presentada por un empresario contra el regidor, el concejal de Urbanismo, un arquitecto municipal, un jefe de servicios urbanísticos y cinco ediles de la corporación. A todos ellos les ha remitido el escrito y les ha conminado a personarse en el procedimiento con abogado, ya que en los próximos días serán citados a declarar en calidad de investigados y requieren de asistencia legal.

El denunciante acusa al equipo de gobierno de suspender el pasado 19 de julio la licencia de actividad que tenía concedida en un local que el empresario estaba rehabilitando para operar como sala de fiestas. "Las reglas del juego fueron alteradas deliberadamente, sirviéndose de un acuerdo municipal que modificaba los usos y suspendía la licencia", describe el denunciante. La denuncia asegura que el fin que buscaba el alcalde de Alcalá con la supresión de la licencia era "evitar a toda costa" que el empresario montara una sala de fiestas que "según la legislación vigente era posible" establecer.

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El escrito, que servirá como base al juzgado cuando escuche la declaración de los investigados, asegura que la decisión del presidente de la corporación municipal había sido dictada 'ad hoc' contra el ahora denunciante. "Se circunscribió exclusivamente a la actividad que iba a realizar él", argumenta la denuncia, que califica de "trato discriminatorio" la medida, dado que existen "licencias similares" que operan en la ciudad sin ningún problema. Se refieren en concreto el empresario y sus representantes legales a recintos como la plaza de toros de la localidad, donde el propio equipo de gobierno anunció en Fitur que organizaría grandes eventos.

Este último, alegó el denunciante, "es un recinto que no cubre las medidas de insonorización". "Los problemas de tráfico y de ruido que puede generar son de unas proporciones diez veces mayores de aquellas que puede llegar a provocar el negocio del denunciante", alega el escrito, que tacha de "injusto, caprichoso y desigual" el trato que está recibiendo el empresario. "Solo pretende dañar a unos en favor de los intereses personales de otros", defiende el denunciante, que alquiló el local situado en el número 18 de la avenida Juan Carlos Primero de Alcalá —que tiene uso hostelero— el 1 de septiembre de 2018 y ahora paga 17.000 euros mensuales.

"La actividad que pretendo iniciar, una sala de fiestas, está amparada por el uso hostelero, incluso por una actividad concreta que se desarrolla desde hace 20 años y que es un salón de bodas y festejos", argumenta el escrito, que defiende que el inmueble —en el que ya ha concluido las obras de acondicionamiento— se encuentra insonorizado. "No existe peligro alguno de perturbación a vivienda alguna", subraya el empresario, que describe en la denuncia cómo al principio de las conversaciones que los arquitectos que contrató tuvieron con los representantes municipales no había ningún problema en funcionar como sala de fiestas, pero que en un momento determinado las cosas comenzaron a cambiar.

"Los técnicos no establecieron ninguna incidencia para la gestión como sala de fiestas" hasta el pasado 9 de julio. "A partir de esa fecha, mantuvieron una actitud completamente distante y evasiva" que el denunciante atribuye a que fue entonces cuando el alcalde tuvo conocimiento de lo que estaba pasando. Diez días después, de hecho, la Junta de Gobierno Local acordó la suspensión. "Debieron de incidir otros intereses económicos y personales para acordar que el proyecto no se llevara a cabo", sostiene el propio escrito de acusación, que interpreta que "los verdaderos motivos" que hay detrás de la decisión política tienen que ver con que el alcalde vive "en el entorno inmediato del local afectado", extremo que confirman de hecho otras fuentes municipales consultadas.

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"No le preocupaba la problemática derivada del ruido, ni de los usos de ocio ni de las situaciones derivadas del ocio juvenil, sino que lo que le preocupaban eran sus estrictos intereses personales", sostiene la denuncia, que entiende que fue el alcalde el instigador de toda "la cacicada" y que los miembros de la corporación aprobaron la suspensión de la licencia sin más, un criterio que no comparten las "fuentes municipales" consultadas por El Confidencial. Estas últimas explican que la Junta de Gobierno local suspendió la licencia en el ámbito de una ordenanza que afectó "entre otras" a la parcela del denunciante.

"El acuerdo se toma en base al contenido de la Ley del Suelo, que faculta al ayuntamiento la suspensión de usos de suelo, de construcción y de ejecución de actividades", defienden las mencionadas fuentes, que aseguran que el empresario solicitó la licencia el 2 de septiembre de 2019 y que esta "fue inadmitida porque ya había suspensión y resultaba incompatible". La suspensión, añaden, "obedece a una larga reflexión sobre los usos y actividades en el barrio, respondiendo en gran medida a numerosas solicitudes y sugerencias recibidas en estos últimos años". En estos momentos, casi 1.800 personas han firmado una petición promovida en Change.org para paralizar la puesta en marcha de la discoteca.