El alcalde de Coslada (PSOE) y candidato a la reelección, al banquillo por prevaricación

El alcalde socialista de Coslada y candidato a la reelección en las próximas elecciones municipales del próximo 26 de mayo, Ángel Viveros, se sentará en el banquillo de los acusados. Así lo ha ordenado el Juzgado número 3 de la localidad madrileña en línea con lo que reclamaba la Fiscalía, que pide para el acusado tres años y nueve meses de prisión por un delito de prevaricación urbanística y otro contra el patrimonio por omisión al conceder a finales de 2010 a Hipercor el permiso para iniciar las obras de un centro comercial en pleno yacimiento arqueológico de El Calvario.

La decisión, que ha pillado al cabeza de lista en plena carrera electoral, no admite recurso alguno, aunque sí está pendiente de una apelación previa de la defensa ante la Audiencia Provincial de Madrid que aún no se ha resuelto, con lo que en ningún caso el juicio tendrá lugar antes de los próximos comicios municipales. El recurso que queda por solventarse por parte del alto tribunal se refiere al auto previo emitido por el Juzgado 3 de Coslada, que finalizó la instrucción y la transformó en procedimiento abreviado.

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Además de Viveros, se sentarán igualmente en el banquillo por el mismo ilícito penal los que en aquel momento eran concejal de Urbanismo, Antonio Murillo, arquitecto municipal, José Luis Alonso Dávila, y secretario general del consistorio, Ángel Martínez Arribas, como reclamaba también el ministerio público, que solicita las mismas penas para estos tres que para el presidente del gobierno local, los mencionados tres años y nueve meses de prisión, una multa de 6.480 euros y la obligación de indemnizar a la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid con 2,2 millones de euros, que es el coste estimado de los elementos arqueológicos dañados por la constructora al comenzar las excavaciones.

Según la Fiscalía, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Coslada aprobó el 10 de diciembre de 2010 conceder a Hipercor la licencia para excavar en la zona arqueológica con el fin de levantar un centro comercial. En el beneplácito municipal intervinieron Viveros y Murillo, que ignoraron —según el ministerio público— la obligación legal establecida en el Plan de Ordenación Urbana de solicitar autorización previa a la Dirección General de Patrimonio, que en ese momento mantenía registrado el yacimiento como zona protegida y hacía controles arqueológicos periódicos con el fin de determinar si finalmente el lugar era declarado Bien de Interés Cultural, extremo que fue comunicado al ayuntamiento.

Los técnicos, de hecho, habían encontrado en El Calvario restos del Paleolítico, del Neolítico y de la Edad de Bronce. En concreto, hallaron puntas musterienses, raederas, raspadores, perforadores, escotaduras, denticulados y lascas retocadas, como detalla la Fiscalía, que entiende los habitantes de la época permanecieron en aquel lugar durante un periodo "prolongado" de tiempo y que por eso existen tantos vestigios suyos.

Los técnicos, de hecho, habían encontrado en El Calvario restos del Paleolítico, del Neolítico y de la Edad de Bronce

El ministerio público entiende que no hay pruebas de que Hipercor conociera la existencia de la zona protegida. Afirma que sus excavadoras vaciaron la tierra hasta 10 metros de profundidad cuando los inspectores visitaron las obras en julio de 2012 sin el mínimo control arqueológico, lo que provocó "la destrucción de una parte considerable del denominado yacimiento de La Dehesa" que Patrimonio cuantificó en 2,2 millones de euros.

La Fiscalía considera que Alonso Dávila intervino en la tramitación de la licencia como arquitecto municipal, "ignoró de forma consciente el régimen de protección de la zona y emitió un informe técnico favorable". Además, concluye que Martínez Arribas, como secretario general, emitió igualmente un informe jurídico positivo "ignorando así de forma grosera la naturaleza" del yacimiento y la obligación del consistorio de proteger su patrimonio. Los desperfectos fueron ocasionados "por la pasividad de los acusados", que no defendieron sus bienes culturales a pesar de que debían ser "los garantes" de esa custodia.