ÁNGEL VIVEROS

El alcalde de Coslada (PSOE), procesado por un delito contra el patrimonio histórico

Se produce en relación a la concesión en 2010 una licencia de construcción de un centro comercial sobre los yacimientos prehistóricos de la zona conocida como 'El Calvario'

Foto: Ángel Viveros, alcalde socialista de Coslada
Ángel Viveros, alcalde socialista de Coslada
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El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha procesado al alcalde de Coslada, Ángel Viveros, por un delito contra el patrimonio histórico en relación a la concesión en 2010 una licencia de construcción de un centro comercial sobre los yacimientos prehistóricos de la zona conocida como 'El Calvario', con restos del paleolítico y neolítico.

Así consta en un auto, al que tuvo acceso 'Europa Press', en el que el juez concluye la investigación contra Viveros, el concejal de Urbanismo, Antonio Murillo, el secretario de la Corporación, Ángel Martínez; y el arquitecto municipal José Luis Alonso.

30.000 metros cuadrados

La investigación, según ha adelantado la 'Cadena Ser', se instó por parte de la Fiscalía de Medio Ambiente y tiene que ver con una parcela de unos 30.000 metros cuadrados que ocupaba parte del antiguo yacimiento prehistórico de El Calvario. En 1992, Coslada solicitó la declaración de Bien de Interés Cultural pero años más tarde modificó el uso.

En los fundamentos de derecho, se señala que en la sesión del 10 de diciembre de 2010 celebrada en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento se concedió a la mercantil Hipercor S.A. una licencia para ejecutar obras de movimiento de tierras para construir un centro comercial.


Consta que en dicho expediente se emitió un informe técnico por el arquitecto municipal que informa a favor de la licencia solicitada y constaba de un informe jurídico de Ángel Martínez, secretario general en funciones de la Corporación, informando en sentido favorable a la licencia.

Además, el concejal de Urbanismo procesado formuló una propuesta de resolución a la Junta consistente en la concesión de la licencia solicitada conforme al proyecto y documentación. Sin embargo, el juez llama la atención en que no se incorporó el informe de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Educación y Cultura a pesar de que éste ya advirtió de que si se hacía obra en este lugar se necesitaba una autorización por parte de la Dirección.

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