POR LA CONDENA DE LOS LAZOS

El fiscal pide inadmitir el recurso de Torra contra su inhabilitación y defiende a la JEC

Si el Tribunal Supremo asume el criterio del fiscal, la sentencia sería firme en menos de un mes y Torra quedaría inhabilitado de forma definitiva para el ejercicio de cargo público

Foto: El presidente de la Generalitat, Quim Torra. (EFE)
El presidente de la Generalitat, Quim Torra. (EFE)

La Fiscalía ha pedido este miércoles que se inadmita el recurso del 'president' Quim Torra contra la sentencia por la que se le condenó a año y medio de inhabilitación por desobediencia. Como adelantó El Confidencial, el Ministerio Público aboga por que se rechace su escrito "sin necesidad de celebración de vista" y se confirme así la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que condenó en diciembre al líder independentista por no retirar los lazos amarillos de los edificios públicos tras los requerimientos de la Junta Electoral Central (JEC) en la campaña del 28-A. Si la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo asume el criterio del fiscal, la sentencia sería firme en menos de un mes y Torra quedaría inhabilitado de forma definitiva para el ejercicio de cargo público.

"La JEC es autoridad superior en el ámbito electoral, las elecciones generales son de ámbito electoral y competencia de la administración electoral, donde el presidente de la comunidad autónoma carece en absoluto de competencias", subraya el Ministerio Público en un escrito al que ha tenido acceso este diario. El líder independentista denunciaba en su recurso la falta de "imparcialidad de la Junta Electoral Central" y, en concreto, de dos de sus miembros, pero la Fiscalía descarta de forma tajante este razonamiento: "No deja de ser curioso que se plantee de nuevo en casación la supuesta falta de imparcialidad de dos de los vocales de la JEC, cuando tal alegación no se hizo en el expediente administrativo ni en la vía contenciosa- administrativa. Las razones que se dan para justificar ello, cuando tanto ahora la sentencia recurrida como resoluciones anteriores del Instructor, ponen de relieve estos extremos no pueden ser acogidas".

Las críticas de Torra al tribunal que le condenó tampoco son aceptadas por la Fiscalía, que defiende que "no es posible sostener que hay una predeterminación" de la sentencia: "Se declaran probados unos hechos, se analiza la prueba existente que los sustenta, la participación del acusado y se razona, valorándolo lógicamente, conforme a derecho y sin atisbo de arbitrariedad, los planteamientos de la defensa que son rechazados".

En cuanto al argumento de que retirar los lazos amarillos implicaba vulnerar la "libertad de expresión", el Ministerio Público rechaza esta idea al considerar que mantenerlos fue una "decisión contraria a las exigencias de neutralidad en periodo electoral, que también obligan al presidente de la Comunidad Autónoma". Línea similar a la que mantiene cuando Torra alega que ha sido condenado dos veces, un "por la Junta Electoral Central" y otra en sentencia penal, "lo que vulnera el principio de legalidad y la tutela judicial efectiva": "El expediente sancionador no tiene el mismo fundamento que el delito por el que ha sido condenado", responde la Fiscalía.

Otra causa en marcha

Mientras el Supremo analiza el escrito de Fiscalía, el delito de desobediencia planea una vez más sobre Quim Torra. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acordó este mismo febrero abrir una nueva investigación contra el 'president' por lo ocurrido en septiembre, cuando presuntamente ignoró la orden de retirar del Palau de la Generalitat una pancarta de apoyo a los presos del 'procés' con el lazo amarillo.

Ese mes, la Sección Quinta de la Sala Contencioso Administrativo estimó las medidas cautelares solicitadas por Impulso Ciudadano, una asociación contraria al independentismo que argumenta que los lazos amarillos o las pancartas a favor de los presos del 'procés' incumplen los deberes a los que está sometida la administración pública de representar al conjunto de la ciudadanía. Frente a la solicitud de retirarlos, desde la Generalitat negaron que la organización tuviera "legitimación activa para interponer el presente recurso", argumento que el TSJC echó por tierra: como ciudadanos que no se alinean "con la opción ideológica representada por dicha pancarta y el símbolo anexo", el TSJC consideró que se ven afectados por la colocación de los mismos y, por tanto, legitimados para pedir su retirada.

El aviso definitivo del TSJC se produjo el 23 de septiembre, cuando requirió "de forma personal" a Torra que procediera a retirar la pancarta en el plazo de 48 horas. Lejos de acatar la orden, el 'president' respondió una vez más con un pulso a la Justicia: anunció que no iba a cumplir el mandato y denunció una "vulneración flagrante del derecho a la libertad de expresión y de opinión". Según defendió entonces, la pancarta representaba un clamor "mayoritario de la sociedad catalana y un compromiso democrático del Govern con las personas que sufren la represión por haber defendido la democracia, los mandatos electorales y los derechos fundamentales". El 27 de septiembre, con los símbolos todavía en la fachada, el tribunal solicitó entonces a los Mossos d'Esquadra que procedieran a quitarlos ellos mismos.

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