El TSJC abre una nueva causa a Torra por no obedecer la orden de quitar el lazo amarillo

El delito de desobediencia planea una vez más sobre Quim Torra. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha acordado abrir una nueva investigación contra el 'president' por lo ocurrido el pasado septiembre, cuando presuntamente ignoró la orden de retirar del Palau de la Generalitat una pancarta de apoyo a los presos del 'procés' con el lazo amarillo. La causa llega después de que el TSJC condenara a Torra a año y medio de inhabilitación por desobediencia el pasado diciembre, delito en el que incurrió al no retirar los lazos amarillos de los edificios de la Generalitat tras los requerimientos de la Junta Electoral Central en la campaña del 28-A. Mientras el Tribunal Supremo revisa esa primera sentencia, al líder independentista se le abre ahora un nuevo frente en el TSJC.

El caso se remonta a septiembre, cuando la Sección Quinta de la Sala Contencioso Administrativo estimó las medidas cautelares solicitadas por Impulso Ciudadano, una asociación contraria al independentismo que argumenta que los lazos amarillos o las pancartas a favor de los presos del 'procés' incumplen los deberes a los que está sometida la administración pública de representar al conjunto de la ciudadanía. Frente a la solicitud de retirarlos, desde la Generalitat negaron que la organización tuviera "legitimación activa para interponer el presente recurso", argumento que el TSJC echó por tierra: como ciudadanos que no se alinean "con la opción ideológica representada por dicha pancarta y el símbolo anexo", el TSJC consideró que se ven afectados por la colocación de los mismos y, por tanto, legitimados para pedir su retirada.

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El aviso definitivo del TSJC se produjo el 23 de septiembre, cuando requirió "de forma personal" a Torra que procediera a retirar la pancarta en el plazo de 48 horas. Lejos de acatar la orden, el 'president' respondió una vez más con un pulso a la Justicia: anunció que no iba a cumplir el mandato y denunció una "vulneración flagrante del derecho a la libertad de expresión y de opinión". Según defendió entonces, la pancarta representaba un clamor "mayoritario de la sociedad catalana y un compromiso democrático del Govern con las personas que sufren la represión por haber defendido la democracia, los mandatos electorales y los derechos fundamentales". El 27 de septiembre, con los símbolos todavía en la fachada, el tribunal solicitó entonces a los Mossos d'Esquadra que procedieran a quitarlos ellos mismos.

Según explica el auto, Torra "se negó a hacerlo o a dar las instrucciones para que se cumpliera el mandato judicial", de forma que fue el comisario general del cuerpo de Mossos d'Esquadra quien la retiró por orden del tribunal "dos días después de que se produjera el requerimiento judicial". A la vista de estos hechos, la sala Civil y Penal ha resuelto abrir la nueva investigación a Torra, decisión que toma después de que la Fiscalía, Impulso Ciudadano y la Generalitat hayan reconocido su competencia para hacerlo: "Declarar su competencia para conocer del tanto de culpa remitido por la Sección 5ª de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, adoptado su procedimiento Pieza Separada [...' contra el MH President de la Generalitat de Catalunya, Sr. Joaquim Torra i Pla, por la posible comisión de un presunto delito de desobediencia a resoluciones judiciales previsto", explica el auto.

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La polémica en torno a la exhibición de símbolos independentistas en edificios públicos suma así un nuevo capítulo. El 11 de marzo, en plena campaña del 28-A, la Junta Electoral Central exigió a Torra que quitara los lazos amarillos y las pancartas de apoyo a los presos del 'procés' en 48 horas, recordándole "la obligación de los poderes públicos de mantener estrictamente la neutralidad política durante los procesos electorales". El 'president', sin embargo, respondió con un órdago: subrayó "dificultad para su cumplimiento", dijo que estaba a la espera de una aclaración del defensor del pueblo catalán e incluso llegó a cambiar el lazo amarillo del Palau por uno blanco. Ante las constantes advertencias de la JEC, el 22 de marzo terminó por retirar los símbolos, pero para entonces ya era demasiado tarde: en diciembre, el TSJC condenó a Torra a a año y medio de inhabilitación por desobediencia.

La causa que se abre ahora en el TSJC también tiene los lazos amarillos y la desobediencia como protagonistas, pero va más allá de los símbolos que pueden mostrar las administraciones durante las campañas electorales. En sus escritos, el tribunal subrayaba que el 24 de septiembre se publicó en el BOE la convocatoria de elecciones y que, según decreta la Junta Electoral Central, durante la campaña no se pueden mostrar símbolos partidistas en edificios públicos, pero ese solo era un motivo más para atender la medida cautelar solicitada por Impulso Ciudadano. Como subrayaba el propio TSJC el 20 de septiembre, la clave de esta investigación se encuentra en el "incumplimiento de los deberes a los que está sometida la Administración pública de representación del conjunto de la ciudadanía", cuestión que va más allá de la neutralidad política que se exige durante los procesos electorales.