En el Tribunal de Cuentas

Junqueras y Puigdemont aparcan diferencias por un frente común ante la fianza millonaria

Sus defensas preparan ya un escrito en el que pedirán recurrir a la fianza de 5,8 millones depositada en el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona gracias a la caja de resistencia

Foto: El expresidente catalán Carles Puigdemont y el exvicepresidente Oriol Junqueras en una imagen de archivo de 2017. (Reuters)
El expresidente catalán Carles Puigdemont y el exvicepresidente Oriol Junqueras en una imagen de archivo de 2017. (Reuters)
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Oriol Junqueras y Carles Puigdemont unirán fuerzas para eludir la fianza millonaria impuesta por el Tribunal de Cuentas por el desvío de fondos para el referéndum ilegal del 1-O. El organismo reclama 4,1 millones a 28 acusados, entre ellos los que fueran 'president' y 'vicepresident', pagos que varían de unos a otros y que deben afrontar de manera conjunta y solidaria en un plazo que acaba la próxima semana. Las defensas de ambos han acordado reclamar al Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, donde ya se investiga la consulta, que les permitan emplear la fianza que se depositó allí y que procede de la caja de resistencia.

Según informan a El Confidencial fuentes jurídicas, las defensas de todos los acusados, también las de ambos, preparan ya un escrito en el que se agarran a una idea que dejó caer la instructora del Tribunal de Cuentas en su expediente sancionador, al que ha tenido acceso este diario: la delegada anticipa en el mismo su intención de remitir copia de la pieza de responsabilidad civil a la magistrada del 13. En este juzgado, el grupo de procesados por el 1-O es distinto, pero las formaciones de las que proceden son las mismas, por lo que ERC y JxCAT consideran que la fianza que se depositó allí y que supera la que se pide aquí "es para todos": la hucha "para todos" permitió que se depositara en ese procedimiento un total de 5,8 millones el pasado julio.

La división en el terreno político, exacerbada en los últimos días ante la inminencia de las elecciones anticipadas que anunció Quim Torra, se diluye cuando la cuestión a tratar afecta al bolsillo: se considera responsable a Carles Puigdemont de seis partidas que suman 2,1 millones, mientras que en el caso de Oriol Junqueras, su nombre aparece en siete partidas que rozan los 3,6 millones. En caso de no depositar el dinero en plazo, el organismo procederá al embargo de bienes y, en el caso del 'expresident' huido, puede llegar a solicitar que se retenga su salario de diputado en el Parlamento Europeo. La inmunidad de la que gozan Puigdemont o Comín como eurodiputados no tiene efecto aquí al tratarse de un órgano administrativo y no judicial.

Mientras en este aspecto reina la concordia, la lucha entre los líderes de las dos formaciones continúa en todo lo demás. El signo más claro fue el espectáculo de bloqueo que ofreció el Parlament de Cataluña hace unas semanas frente a la inhabilitación como diputado de Torra. Después, se han ido produciendo más escaramuzas. La última, al hilo del protagonismo en el gran mitin de Carles Puigdemont en Perpiñán que tendrá lugar el próximo 29 de febrero. ERC quiere aquí su minuto de gloria y negocia una presencia institucional en medio de un ambiente más bien tenso.

Pero Puigdemont y Junqueras no son los únicos afectados por el inminente sablazo del Tribunal de Cuentas. También figuran como acusados los 'exconsellers' Neus Munté, Toni Comín, Clara Ponsatí, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull y Joaquim Forn, entre otros. El Tribunal de Cuentas activa así el procedimiento para establecer la responsabilidad contable del 1-O y reclamar la desviación de fondos públicos, aspecto que se considera probado después de que el Supremo condenara por malversación a los líderes independentistas.

En el acta de liquidación provisional, la delegada instructora menciona 13 partidas: gastos por el “referendum.cat” y “crida extra” (171.357,59 euros); gastos de rehabilitación de la nave anexa al CTTI Call Center (1.454.039,94); creación y diseño del registro de residentes en el exterior (11.503,64); difusión en prensa escrita del registro de residentes en el exterior (168.201,35); diseño y activación del registro de residentes en el exterior (2.868,08); campaña Civisme (357.068,26); gastos relativos a Unipost (1.259.882,07); cartelería del referéndum (65.730,97); campaña internacional de imagen de la Generalitat (63.735); invitación a grupos de parlamentarios europeos para el 1-O (88.643,56); equipo de expertos del IEERT para el 1-O (189.200,34); observadores internacionales (177.464,80), y web cataloniavotes.eu (136.579,37)

El órgano fiscalizador pone así el foco en gastos que ya se repasaron en el Supremo y que sirvieron para condenar a los líderes independentistas por malversación. En su sentencia, el Alto Tribunal no dio una cifra redonda, pero sí explicó dónde se produjo el delito: “Los gastos del referéndum relacionados con la publicidad institucional, organización de la Administración, confección del registro de catalanes en el exterior, material electoral, pago de observadores internacionales y aplicaciones informáticas son expresivos de la consciente y voluntaria desviación de destino de los fondos públicos”. De los 12 acusados, el Supremo solo absolvió del delito de malversación a Rull, Forn, Vila, Mundó y Borras, pero el Tribunal de Cuentas les mantiene por el momento como responsables en su acta de liquidación provisional.

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