El consejo de sabios de la sedición: el Gobierno se asesora en las universidades

La reforma del delito de sedición se ha convertido en un tema recurrente en estas primeras semanas de Gobierno. El Ejecutivo no oculta que es una de sus prioridades y este lunes la encargada de hacerlo fue Adriana Lastra, que recuperó la consigna repetida por unos y otros sobre la necesidad de "acomodar" ciertos artículos "a los tiempos". Dejó también caer que ya existe un borrador en el que trabaja el Ministerio de Justicia. El departamento que dirige Juan Carlos Campo abordó desde la misma formación de gobierno la renovación legal y no trabaja solo. Se ha rodeado de un grupo de juristas que asesoran sobre la adaptación de un texto que afectará a las penas que les fueron impuestas por el Supremo a Oriol Junqueras y el resto de políticos catalanes condenados por el 'procés'.

El ministro no es novel ni en el departamento ni en las reformas legislativas. En su etapa como secretario de Estado con Francisco Caamaño abordó desde la misma cartera otro plan de modernización legislativa, en aquel caso de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el que participó de forma directa y dedicó energía, tiempo y esfuerzo. Algunos de los que le acompañaron en ese camino ya entonces volverán a hacerlo ahora, indican fuentes jurídicas. Es el caso del catedrático de la Universidad de Valencia José Luis González Cussac, con el que ya ha mantenido una reunión preliminar sobre la próxima reforma legislativa. El reputado experto en Derecho Penal quiso mantenerse al margen de valoraciones personales tanto en la fase del juicio como de la sentencia, pero dejó entrever su opinión jurídica en algunas declaraciones.

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Por ejemplo, en una entrevista concedida hace unos meses a 'Infolibre', González Cussac destacó -en una línea similar a la lanzada desde el Ejecutivo, que los criterios jurídico-interpretativos con los que trabajan los jueces se adaptan, de forma necesaria, a los cambios sociales y ya entonces, el pasado octubre, avisaba de que "no se puede perder lo que dice la ley en atención a las consecuencias políticas y sociales". "El ordenamiento jurídico tiene luego otros mecanismos de subsanación si se considera que el castigo es excesivo. Nosotros usamos una expresión en latín, 'summum ius summa iniuria', es decir, la aplicación rigurosa y estricta de las leyes puede llevar a una resolución relativamente injusta. Hay mecanismos para corregir eso. Pero la ley se tiene que aplicar", indicaba.

El ministerio ha topado con la dificultad de la escasez de juristas que hayan realizado trabajos sobre el asunto clave a reformar: la sedición. No se trata, desde luego, de un delito común ni que haya levantado un evidente interés social hasta hace más bien poco. Y ha buscado en las universidades. En Madrid, en concreto en la Universidad Carlos III, ha encontrado inspiración en las publicaciones de uno de los pocos juristas que ha abordado tanto este delito como el de rebelión, el catedrático Francisco Javier Álvarez, que analizó ambos en un extenso 'Tratado de Derecho Penal' que se detiene también en los delitos contra el orden público, categoría al que pertenecen los dos. Álvarez se ha dedicado también a la desobediencia por parte de funcionario público y contribuyó junto a otros juristas en una edición anotada sobre el Código Penal que abordaba tanto la sedición como la rebelión.

García Rivas ha defendido en conferencias y otros foros la disonancia que supone en relación con otros países del entorno más cercano

Algo parecido sucede con otro experto en la materia, el catedrático de la Universidad de Castilla La Mancha Nicolás García Rivas, uno de los escasos especialistas en rebelión. Autor del libro 'La rebelión militar en el Derecho Penal', ha defendido públicamente en conferencias y otros foros la disonancia que supone en relación con otros países del entorno de España la permanencia en el Código Penal del delito de sedición, que considera una goma elástica que puede estirarse o encogerse a conveniencia. Una "red con los agujeros muy pequeños" que atrapa tanto hechos leves como graves, lo definió en unas jornadas celebradas en el Colegio de la Abogacía de Barcelona.

Reforma concreta o general

Más allá de la reforma de la sedición y la rebelión, la reforma penal que quiere abordar el Ejecutivo incluye otros aspectos que nada tienen que ver con esos delitos. Aunque se ha ido conociendo su sentido por distintos anuncios, aún no ha quedado claro si se aunarán en una reforma única o se abordarán de forma individualizada. La bautizada como del 'sí es sí' es una de las prioridades de la parte de Unidas Podemos del Gobierno que aprieta para lanzarla lo antes posible. La reforma prevé en este caso colocar el consentimiento de la víctima en el centro de la tipificación de los delitos sexuales.

También se han avanzado otras posibles modificaciones. En declaraciones posteriores al primero de los anuncios efectuado por Pedro Sánchez, el vicepresidente Pablo Iglesias se refirió a la necesidad de endurecer "los delitos medioambientales" o "el maltrato a los animales". Lastra aprovechó el mismo desayuno informativo mencionado antes para oficializar otro anuncio: el PSOE prevé incluir el delito de apología del franquismo para evitar "homenajes a dictadores y tiranos".