Junqueras, inhabilitado hasta 2024 salvo reforma a la carta que incluya malversación

El Gobierno tendrá que crear una sedición a la carta, que combine en un mismo delito el uso de fondos públicos junto al impulso de un alzamiento tumultuario, si quiere conseguir una reducción de la condena que permita un rápido regreso de Oriol Junqueras a la política. Una reforma que implique exclusivamente el delito de sedición no libraría al exvicepresidente del Govern del otro delito por el que ha sido condenado en concurso medial con el primero —la malversación—, y provocaría que su pena se recortara, sí, pero a seis años como poco. Con una pena así, la concesión del régimen de semilibertad sería automática y volvería a la calle. Pero no podría ejercer cargos públicos. Su inhabilitación, una vez descontado el tiempo de procesamiento, se alarga hasta al menos 2024.

El anuncio de la reforma legal inminente ya ha comenzado a tensar la política catalana. JxCAT baraja un escenario en el que el recorte de penas de Junqueras favorezca que pueda presentarse en solo unos meses a unas elecciones anticipadas en Cataluña. Esa posibilidad se presenta complicada, salvo que el Ejecutivo plantee de forma urgente un tipo penal que encaje como un guante con lo que consideró probado en firme el Tribunal Supremo. Y se extienda, por tanto, a los dos delitos combinados.

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El alto tribunal impuso al de Esquerra una pena de 13 años de prisión por sedición en concurso medial con la malversación. Respecto a esta última, la sentencia del 'procés' asegura que tanto Junqueras como otros tres de los acusados (Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa) llevaron a cabo una "consciente y voluntaria desviación de destino de fondos" para sufragar publicidad institucional del referéndum, organizar la administración electoral, confeccionar el registro de catalanes en el exterior, comprar material electoral, pagar a observadores internacionales e implementar aplicaciones informáticas. El gasto fue "ajeno a cualquier fin público lícito" y se repartió en los departamentos que dirigían los cuatro condenados. Entre ellos, el de Vicepresidencia y Economía, que se encontraba bajo el mando de Junqueras. Y superó los 250.000 euros, pasando de este modo a ser una malversación de tipo agravado.

No obstante, en lugar de sumar la pena correspondiente, por un lado a la sedición y por otro a la malversación, el tribunal que presidió Manuel Marchena se inclinó por elevar la condena de la primera por efecto de la segunda mediante el denominado concurso medial. Una forma de determinar una pena que se produce en los casos en que una actuación delictiva constituye dos o más delitos y uno de ellos es un medio imprescindible para cometer el otro. En este caso, sin dinero que sufragara el referéndum del 1-O, este nunca hubiera podido llevarse a cabo.

El concurso medial tiene una particularidad. Según se explica en el Código Penal, su aplicación supone que se imponga una pena superior a la que hubiera correspondido por la infracción más grave (en este caso, la sedición) pero que nunca supere la suma de las penas que se hubieran impuesto de forma separada por cada uno de los delitos. La sedición se castiga ahora mismo con entre 10 y 15 años para las personas constituidas en autoridad. La malversación por cantidades que superen los 250.000, con penas de entre seis y 12 años.

El efecto en Junqueras

Por ello, si la reforma que ha anunciado el Ejecutivo de Pedro Sánchez solo afectara a la sedición de forma que la rebajara al máximo posible para favorecer una restauración de Junqueras como actor político, la modificación se seguiría topando con la malversación. Un cambio en la sedición por debajo de los seis años provocaría que el delito más grave pasara a ser el otro, el de uso de fondos públicos. La circunstancia ha sido señalada por juristas como el abogado José María de Pablo, que ha señalado a este respecto que "como mínimo habría que mantener una pena superior a la de la malversación agravada". Fuentes del Supremo confirman esta interpretación.

Con al menos seis años de condena, Junqueras permanecería desactivado para la política como mínimo hasta dentro de cuatro años. El Tribunal Supremo todavía tiene pendiente ejecutar la liquidación de condena y, por ello, fijar el criterio de inhabilitación en el caso de Junqueras. En todo caso, es probable que tenga en cuenta el periodo en el que Junqueras permaneció procesado en firme por rebelión, lo que, en aplicación del 384 bis, provocó su suspensión para el ejercicio de cargo público. En total, fueron 19 meses que se descontarían de los seis años de pena. Eso sí, saldría en libertad mucho antes que con la actual condena.

Por todo ello, si el Gobierno pretende favorecer con la rebaja de la sedición un regreso a la política del líder de ERC, tendrá que crear a medida un delito que encaje con lo ocurrido el 1-O. Una sedición impropia que incluya el empleo de fondos públicos, es decir, un tipo penal más complejo que consiga que se excluya en su caso particular la fórmula concursal y se castigue con una condena conjunta. El encaje, avisan las fuentes consultadas, será complejo. Será el mismo tribunal el encargado de comprobar si la vía más beneficiosa encaja en el caso concreto y debe, por ello, aplicarse.