Se esperan solicitudes en cascada

La semilibertad de los Jordis abre el camino a la salida de Forn y Rull

La vía del 100.2 ya ha sido reclamada por el 'exconseller' de Interior, y Rull está representado por el mismo bufete que lleva a Sànchez

Foto: Carteles reclamando la libertad para los Jordis. (EFE)
Carteles reclamando la libertad para los Jordis. (EFE)

La Generalitat ha abierto la compuerta de la concesión de beneficios penitenciarios a los presos del 'procés'. Tras la decisión adoptada respecto a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, la Junta de Tratamiento de la prisión de Lledoners debe pronunciarse sobre una tercera solicitud, la del 'exconseller' de Interior Joaquim Forn, el siguiente con la pena más baja junto a Josep Rull. Ambos están condenados a 10 años y medio de cárcel y cumplirán la cuarta parte de sus condenas en los próximos meses. Fuentes jurídicas confirman a El Confidencial que el primero de ellos ya ha solicitado la aplicación del mismo artículo de la ley penitenciaria que ha favorecido las salidas diarias de los Jordis: el 100.2. El segundo, representado por el mismo bufete que defiende a Sànchez, también prevé solicitarla.

Las fuentes consultadas no descartan que se produzca toda una cascada progresiva de excarcelaciones temporales. Lo que no sucedió con la concesión anticipada del tercer grado penitenciario, sucede ahora mediante esta vía que favorece la flexibilidad en el cumplimiento. Permite que presos clasificados en segundo grado disfruten beneficios del grado superior. Ni siquiera hace falta alcanzar un límite de cumplimiento específico. Basta con un programa de tratamiento a medida que deberá avalar, eso sí, un juez. La encargada será María Jesús Arnau, titular de Vigilancia 5 de Barcelona. La elección del camino para la excarcelación progresiva tiene así la ventaja de soslayar al Supremo, que no intervendrá este caso al no ser el competente.

Los primeros en estrenarla, tras la estela de lo sucedido con otro famoso preso catalán, Oriol Pujol, han sido los Jordis. Para acceder a estas salidas prácticamente diarias, han acreditado que trabajarán y realizarán voluntariado. La orden general en la Generalitat es de no dar demasiado detalles sobre dónde y cómo. La Secretaría de Medidas Penales del Govern confirmó, eso sí, la concesión y el número de horas. En el caso de Jordi Sànchez, tendrá 11 horas diarias en libertad tres días laborables a la semana para un programa. Cuixart permanecerá fuera de Lledoners cinco días entre semana durante nueve horas y media combinando empleo y funciones de voluntario. Ambos han superado ya los dos años de prisión por los hechos de septiembre y octubre de 2017.

Una empresa de maquinaria industrial

El de Òmnium se mostró más abierto respecto a qué dedicará este tiempo. En un comunicado, la asociación soberanista indicaba este jueves que lo que quiere Cuixart es "ejercer sus derechos en el ámbito profesional". Agregaba que es propietario de una empresa especializada en el diseño y producción de maquinaria industrial para envasados. "Nunca ha dejado de ser el máximo representante", decía. Ahora podrá desarrollar su tarea "desde la propia empresa", indicaba.

En cuanto a su colaboración como voluntario —un concepto que recuerda al asumido en el caso de marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, aunque él no se beneficia del 100.2 sino del 117 y se encuentra en circunstancias excepcionales como único varón en una cárcel de mujeres—, Cuixart indicaba que es socio de distintas organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional u Open Arms. También de Cooperativa Esperanzah!, una cooperativa solidaria del Prat de Llobregat, y del PEN Club, asociación de escritores destinada a promover un intercambio intelectual.

La decisión administrativa adoptada requiere ahora un aval judicial, para el que se recabará el criterio de la Fiscalía. Es decir, la jueza de Vigilancia solicitará informe al Ministerio Público antes de decidir si considera que este régimen de semilibertad se ajusta a la ley o no lo hace. Este informe será previsiblemente contrario, en la línea del presentado hace unos días contra un permiso de 72 horas que reclamaba el de Òmnium. Entonces ya se dijo que no se considera a Cuixart rehabilitado, por falta de arrepentimiento, e incluso se proponía someterle a un programa para que entendiera que la Constitución y las leyes deben cumplirse.

La Fiscalía, en contra

La jueza, no obstante, no tiene por qué seguir lo que diga el fiscal. Sirva de ejemplo, de nuevo, Oriol Pujol, que vio respaldada la misma medida contra la opinión fiscal. Si la decisión que adopte la magistrada no se comparte Fiscalía tiene una segunda instancia a quien acudir. Puede recurrirla ante la Audiencia Provincial de Barcelona. Pese a todo, la medida tiene "inmediata ejecutividad" y no se paraliza una vez cuenta con la luz verde de la Administración penitenciaria, con competencias transferidas en el caso de Cataluña.

En el caso de que la jueza no avale la propuesta de la Junta, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart deberán paralizar sus salidas diarias. Nada impide, sin embargo, que Lledoners adapte su propuesta, cambie los días y las horas de salidas, las reduzca o mueva. Y de nuevo, vuelta a empezar. La decisión administrativa debería pasar por el tamiz judicial, pero no se paralizaría mientras tanto. Además del régimen semiabierto, los presos pueden combinar permisos puntuales.

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