Fiscalía se prepara ante el riesgo de tercer grado automático para los presos del 'procés'

La Fiscalía mira a la cárcel de Lledoners. A unos días de que se cumplan dos meses de la condena firme contra nueve de los presos del 'procés', desde el Ministerio Público se alerta del riesgo de que los condenados por sedición y malversación se beneficien de una progresión automática al tercer grado penitenciario, un régimen de vida en semilibertad. Fuentes fiscales indican a El Confidencial que recurrirán cualquier abuso del reglamento dirigido a facilitar permisos anticipados a los penados.

La prisión provisional que pesaba contra Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull y Joaquim Forn, el exlíder de la ANC Jordi Sànchez y el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, Carme Forcadell y Dolors Bassa acabó con la notificación de la sentencia del Tribunal Supremo, que fijó penas de entre nueve y 13 años de cárcel para ellos. Ahora, a punto de transcurrir el plazo fijado, debe clasificárseles en un grado determinado. Según apuntan expertos consultados, lo habitual es que se opte por el segundo, pero existe la posibilidad, si se cumplen una serie de requisitos, de que accedan directamente al tercero, lo que implica salidas de la cárcel los fines de semana y de lunes a viernes si son para acudir a un puesto laboral.

TE PUEDE INTERESAR

UP pide a Sánchez derogar el delito de sedición para liberar a los presos del 'procés'

Europa Press

La encargada de proponer esta clasificación es la Junta de Tratamiento Penitenciario. Realiza una propuesta que resuelve —en el caso de Cataluña, que cuenta con competencias sobre la materia— la división de Serveis Penitenciaries, dependiente de la Conselleria de Justicia de la Generalitat que dirige Quim Torra. Para esta concesión directa del tercer grado (sin necesidad de que se cumpla la cuarta parte de la condena), se valoran circunstancias como el hecho de que se trate del primer delito y no existan antecedentes, el riesgo de reincidencia o la existencia de un entorno familiar y laboral estable y adecuado. Esa propuesta de la Junta se encuentra actualmente en fase de elaboración y se desconoce por el momento cuál será su sentido.

Al margen de esta progresión que aceleraría las cosas, la ley indica que los presos podrán acceder a permisos penitenciarios cuando cumplan una cuarta parte de la condena. En el caso de los Jordis, los condenados con penas menos graves, esto sucederá el 14 de enero. El último en poder beneficiarse de estas salidas previstas en la ley es Junqueras, que tendría que aguardar hasta la Navidad de 2021, salvo que la Generalitat opte por algún atajo.

Es sobre estos atajos contra los que se previene ya la Fiscalía. El cumplimiento efectivo preocupa en el Ministerio Público, hasta el extremo de que los fiscales del 'procés' pidieron expresamente al Tribunal Supremo que los políticos catalanes presos no obtuvieran el tercer grado hasta que cumplan la mitad de la pena de cárcel. Tras ratificarse en su acusación de rebelión y en su petición de penas de 25 años en la franja más alta, que afecta a Junqueras, reclamaron que se dejara constancia en sentencia de la obligada aplicación del artículo 36.2 del Código Penal.

En él, se especifica que cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años, el juez o tribunal podrá ordenar que la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta. No obstante, el tribunal no recogió este guante, bajo el argumento de que supondría una intromisión gratuita en un terreno ajeno a su competencia.

La otra vía: el 100.2

La decisión levantó malestar en el equipo fiscal que, ahora, se opondrá con todas las armas legales contra beneficios que desborden la ley y el reglamento penitenciario. Más allá de la progresión directa al tercer grado, existe una segunda vía para aligerar el régimen: el conocido como 100.2, por el que optarían a una semilibertad a medio camino entre el segundo y tercer grado. Para ello, el equipo técnico de la prisión puede proponer a la Junta de Tratamiento "un modelo de ejecución en el que puedan combinarse aspectos característicos de cada uno de los mencionados grados, siempre y cuando dicha medida se fundamente en un programa específico de tratamiento que de otra forma no pueda ser ejecutado".

TE PUEDE INTERESAR

La Fiscalía pide un nuevo juicio del 'procés' en el Supremo contra la Mesa del Parlament

Beatriz Parera

En última instancia, la decisión acabaría en manos de los jueces. El propio Tribunal Supremo decidiría en caso de progresión anticipada en grado, mientras que la fórmula que acelera los beneficios y que permite, por ejemplo, salir diariamente a trabajar o a participar en actividades de voluntariado es una medida que requiere la posterior aprobación por parte del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.