Luanda Leaks: las empresas españolas investigadas por pagar sobornos en Angola

ICEX España Exportación e Inversiones lista hasta 45 empresas españolas que hoy tienen actividades en Angola. La mayoría se dedican a la ingeniería industrial, la construcción de infraestructuras, sector petrolífero y la pesca. De las compañías del Ibex 35 que tienen presencia en el país africano están Repsol, Naturgy, Indra Sistemas y CaixaBank.

Los grandes recursos naturales de Angola han atraído en las últimas tres décadas a multinacionales de todo el mundo que han aportado la parte técnica para extraerlos y ponerlos en el mercado global, principalmente el petróleo, el gas, los diamantes y la pesca.

Mantener en el tiempo actividades comerciales y financieras en ese país requiere habilidades negociadoras peculiares. Angola ocupa el puesto 165 de 180 en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Comparte la parte baja de la tabla con países como Venezuela, Libia o Afganistán. Los 38 años en el poder del presidente José Eduardo dos Santos (1979-2017) no contribuyeron a democratizar Angola y a crear un contexto económico propicio para hacer negocios sin depender de las conexiones políticas adecuadas.

La gente del Banco Santander escuchan el nombre de Isabel y huyen como el diablo de la cruz

Una investigación periodística revela ahora cómo la mujer más rica de África, su primogénita Isabel dos Santos, se ha beneficiado durante años del régimen cleptocrático instaurado por él para apropiarse de los recursos originados en las riquezas naturales de Angola. Luanda Leaks ha sido liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y en él han colaborado 36 medios de 20 países, entre ellos, BBC, ‘Le Monde’, ‘Süddeutsche Zeitung’ o ‘The New York Times’; El Confidencial y La Sexta en España.

[Consulta aquí el especial de Luanda Leaks]

“Angola es el paradigma de la cleptocracia. No se trata del típico caso de corrupción en África, ya que el dinero no ha sido robado en Angola y gastado en Angola, sino que ha sido robado en el país y blanqueado en las Islas Vírgenes Británicas, Reino Unido o Estados Unidos, y gastado en Nueva York Londres o París”, explica a los medios de Luanda Leaks Oliver Bullough, ensayista y periodista británico autor del libro ‘Moneyland: por qué los ladrones y los tramposos controlan el mundo’.

En ese marco político y económico tan complicado, condicionado por una guerra civil de 27 años que acabó en 2002, es donde las empresas españolas han desarrollado y desarrollan sus negocios en Angola y otros países con la familia Dos Santos y diversas figuras prominentes de los círculos del poder de Luanda.

La corrupción en el Gobierno de José Eduardo y en los negocios de sus hijos era conocida por las grandes empresas occidentales desde hacía años. Empleados de Fidequity Serviços de Gestão, una financiera con sede en Portugal y propiedad de Isabel dos Santos y su marido Sindika Dokolo, aludían en correos electrónicos de 2014 que era imposible trabajar con el Banco Santander porque consideraban a la favorita del expresidente una PEP, siglas en inglés de persona políticamente expuesta.

Esa marca PEP debería dificultar a los políticos realizar transacciones financieras internacionales de dudosa justificación porque los departamentos de control de los bancos, en muchas ocasiones, las bloquean. Indican los interlocutores de Fidequity que la gente del Banco Santander escuchan el nombre de Isabel dos Santos y huyen como el diablo de la cruz. Y recurren al refranero portugués para describir la situación de bloqueo de Dos Santos en España: “De España, ni buen viento ni buen casamiento” (‘De Espanha, nem bom vento nem bom casamento’).

Pero no todas las multinacionales españolas rehuyeron hacer negocios en Angola con personas del ‘Futungo’, como se llama a la poderosa elite político-económica cercana a José Eduardo dos Santos. Sus decretos presidenciales o el beneplácito verbal del ex mandatario y sus allegados abrían las puertas a jugosas adjudicaciones de contratación pública.

Algunas empresas están siendo investigadas en la Audiencia Nacional por haber pagado sobornos en Angola para asegurarse contratos, como son los casos de Defex y Mercasa, mercantiles con capital público; otras fueron sancionadas por la Agencia Tributaria, como sucedió con Indra Sistemas; y otras han sido investigadas por la Fiscalía Anticorrupción, como Eurofinsa, aunque su procedimiento judicial fue archivado por el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en 2011 por razones apenas comprensibles para el Ministerio Público.

Mercasa y Defex, investigadas por sobornos

Entre las sociedades a las que investigan por el presunto pago de sobornos para conseguir contratos en Ángola se encuentra Defex. En mayo de 2019, la Audiencia Nacional decretó la apertura de juicio oral contra la empresa pública y su anterior cúpula directiva, así como contra otras dos sociedades, por los delitos de corrupción en transacciones comerciales internacionales, contra la Hacienda pública, apropiación indebida, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, falsedad documental y asociación ilícita u organización criminal. En su auto, el magistrado José de la Mata apunta a que Defex logró contratos “mediante el pago de comisiones ilícitas a autoridades y funcionarios públicos angoleños”, tesis que ahora deberá confirmarse en un juicio cuya fecha todavía no se ha fijado.

La Audiencia Nacional investiga si Mercasa pagó sobornos a funcionarios y políticos de Angola por valor de más de 20 millones de euros

En los cinco años que se alargó la instrucción de la causa, se detectaron supuestas irregularidades en contratos de suministro de material para la policia angoleña. El juez destaca el papel de Guilherme Augusto de Oliveira, que se encuentra prófugo de la Justicia y supuestamente cobraba "una comisión de éxito que se materializa en un porcentaje sobre el precio del contrato público conseguido". Según se explica en el auto, también se encargaba de distribuir "el importe de las comisiones destinadas a las autoridades y funcionarios públicos angoleños". Entre los acuerdos en los que participó, destaca el que se cerró en 2009 para que Defex suministrara material policial a la Unidad de Seguridad Presidencial angoleña por la visita del Papa ese mismo año, contrato cercano a los dos millones de euros.

Tras registrar la casa de Oliveira en Lisboa, los investigadores encontraron información sobre cómo se distribuían los supuestos sobornos: "Los documentos encontrados en este domicilio recogen una distribución de comisiones ilícitas a terceros del 5,75%, distribuido en 1% para el Fondo Social de la Policía Nacional, el 3% para tres funcionarios del Comando General de la Policía Nacional, y el 1,75% para Sonadi [la empresa del propio Oliveira]". La Fiscalía Anticorrupción pide una condena de 50 años de prisión para el expresidente de Defex, José Ignacio Encinas, y su exdirector comercial, Manuel Iglesias-Sarriá, por estos hechos, en los que se calcula que el presunto desvío para comisiones ilegales superó los 40 millones de euros.

La empresa pública Defex desapareció en la primavera de 2017. El entonces secretario de Estado de Defensa, Agustín Conde, explicó en la comisión correspondiente del Senado que el Gobierno Mariano Rajoy había decidido la disolución y liquidación de Defex porque había servido como "instrumento para la corrupción" y ya no podía cumplir con su objeto social inicialmente buscado por el Estado.

Pero a Oliveira no solo se le relaciona con el presunto pago de sobornos por parte de Defex. El pasado noviembre, cuando el magistrado De la Mata propuso juzgar a la empresa pública Mercasa y otras siete empresas por entregar comisiones a autoridades y funcionarios de Angola, también situaba a Oliveira como uno de los hombres clave del entramado. Según aseguraba en su auto, de 218 páginas, tanto él como personas de su entorno llegaron a embolsarse más de 20 millones de euros por hacer de intermediario entre ambas partes en los contratos, que en ocasiones hacían referencia a servicios inexistentes. Oliveira era el destinatario inicial de las transferencias efectuadas, y una vez recibidas, distribuía parte del importe a sus verdaderos beneficiarios finales, sostiene el magistrado.

A la hora de abordar el caso de Mercasa en Angola, De la Mata aprecia delitos de corrupción en las transacciones económicas internacionales, apropiación indebida, falsedad documental, asociación ilícita u organización criminal y blanqueo de capitales. Según explica, para canalizar los sobornos a las autoridades y funcionarios públicos, concertaron acuerdos de consultoría y agencia con distintas personas físicas, a los que pagaban un porcentaje de la suma del contrato público conseguido: “No existe en el procedimiento ningún documento acreditativo del trabajo realizado por los comisionistas salvo las facturas encontradas en las diligencias judiciales de entrada y registro acordadas, por importes coincidentes con los porcentajes pactados, por unos conceptos absolutamente inveraces”, asegura el juez.

De la Mata concluye entonces que estos contratos no eran más que una mera excusa para proceder al pago de sobornos: “Su única y exclusiva finalidad era dar cobertura jurídica al pago de comisiones destinadas tanto al propio intermediario, como a terceras entidades que proporcionaron el éxito de esta operación", asegura. Una supuesta estratagema que les permitió “enriquecerse ilícitamente de forma sistémica con cargo a fondos del propio contrato, armando toda una estructura de sociedades ficticias y de facturación falsa, y simulando la prestación de servicios para la ejecución del contrato por parte de estas sociedades pantalla". Más allá de Oliveira, entre los imputados figuran también varios directivos de Mercasa como su expresidente Eduardo Meijide.

Indra, multada por comisiones injustificadas

Como publicó en exclusiva El Confidencial, Indra Sistemas SA ha sido una de esas empresas agraciadas con contratos negociados sin concurso o gracias a adjudicaciones directas otorgadas por el ‘Futungo’. La logística de las elecciones presidenciales angoleñas de 2008, 2012 y 2017 fue organizada por Indra. Esta compañía está participada en un 18,75% por el Estado español a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) desde 2013.

La cifra de esos contratos negociados entre la Comisión Nacional Electoral de Angola (CNE) e Indra se eleva a algo más de 420 millones de euros. A cambio, la multinacional española se encargó toda la logística para organizar los comicios, desde el desarrollo de un sistema informático para el censo y el escrutinio hasta la provisión de papeletas, urnas o aparatos de identificación biométrica de votantes, entre otros servicios y materiales.

En la organización de las elecciones de 2012, Indra habría incrementado de forma ficticia en 9,8 millones de euros el precio de los 14 aviones chárter que transportaron el material electoral a Angola para el pago de comisiones, según una fuente interna de la multinacional española que facilitó los documentos que acreditaban esas transacciones. Correos electrónicos internos de empleados de Indra, enviados a finales de junio de 2012, hablaban de la necesidad de compensar a intermediarios de la operación.

Hoy la situación en Luanda ejemplifica cómo será la Caracas en la era post Nicolás Maduro, la rueda del hámster debe seguir girando

Una de esas compensaciones llegó hasta las cuentas de Luís Eduardo dos Santos, hermano del expresidente de Angola y actual miembro no ejecutivo del consejo de administración de las aerolíneas angoleñas TAAG. La comisión ascendió a 108.000 euros por avión enviado y se transfirió desde España a un banco de Bruselas de las aerolíneas angoleñas TAAG. Cada pago de 108.000 euros por cada flete fue camnuflado en 'royalties' o tasas de no objeción ('traffic rights').

Hacienda investigó a Indra por estos 9,8 millones que se canalizaron a través de la sociedad británica Kessler Consultants Limited. La inspección de Hacienda concluyó que Indra no justificó la transacción de 2,4 millones de euros, asunto que se saldó en mayo de 2018 con un acta de la Agencia Tributaria comunicada a Indra.

Indra corroboró que una investigación interna de 2017 sobre el asunto de Angola llegó a la conclusión de que "se habían producido deficiencias de gestión” en la contratación de Kessler. A la conclusión del expediente, Indra despidió al directivo responsable de Procesos Electorales, según informó a este medio la propia compañía.

"Hoy la situación en Luanda ejemplifica cómo será la Caracas que vendrá tras la caída del régimen de Nicolás Maduro”, afirman fuentes de Inteligenica. Angola y Venezuela son “dos países unidos por un mismo destino: la riqueza de sus recursos minerales y la corrupción de sus élites políticas extractivas”, sostienen. En el caso de Angola son el petróleo y los diamantes; en Venezuela, el crudo y el oro. Ante el relevo de José Eduardo dos Santos en el poder en otoño de 2017, los círculos de poder en Angola se están renovando. Como decía Tancredi Falconeri, personaje de la novela 'El Gatopardo': "Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie". Los ejecutivos de las multinacionales pernoctan en los hoteles de lujo de Luanda al acecho de nuevas contrataciones millonarias. “La rueda del hámster debe seguir girando”, concluyen esas fuentes.

Si tiene alguna información relevante vinculada a este artículo, le agradeceremos si se pone en contacto con nosotros a través de investigacion@elconfidencial.com