POR CONTRATOS DE LOGÍSTICA ELECTORAL EN ANGOLA

Hacienda investigó a Indra por comisiones de 2,4 millones en operaciones en Angola

Fue multada por la logística de las elecciones presidenciales de Angola de 2012. La empresa trianguló facturas con sociedades internacionales para pagar comisiones a intermediarios

Foto: Elecciones en Angola en 2012. (EFE)
Elecciones en Angola en 2012. (EFE)

José Eduardo dos Santos ocupó la presidencia de Angola entre 1979 y 2017. En esos 38 años de liderazgo se convirtió en el segundo mandatario que más tiempo estuvo al frente de una nación africana, solo superado por Teodoro Obiang en Guinea Ecuatorial. El régimen de Dos Santos siempre fue receptivo a cerrar negocios con empresas españolas en sectores tan diversos como la importación de armas, el suministro de material policial y sanitario o la construcción de hospitales.

Indra Sistemas SA ha sido una de esas empresas agraciadas con contratos negociados sin concurso o gracias a adjudicaciones directas otorgadas por el Futungo, como se llama a la poderosa elite político-económica cercana al expresidente Dos Santos que se enriqueció al calor de la explotación del petróleo angoleño y los acuerdos con multinacionales para modernizar el país. Cuando dejó el poder en agosto de 2017, Angola ocupaba el puesto 167º sobre un total de 180 en el índice de corrupción de Transparencia Internacional, solo superado por países como Afganistán o Somalia.

La logística de las elecciones presidenciales angoleñas de 2008, 2012 y 2017 fue precisamente organizada por Indra. Esta compañía está participada en un 18,75% por el Estado español a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) desde 2013. Según ha sabido este diario, la cifra de esos contratos negociados entre la Comisión Nacional Electoral de Angola (CNE) e Indra se eleva a algo más de 420 millones de euros. A cambio, la multinacional española se encargó de servir toda la logística para que se llevaran a cabo los comicios, desde el desarrollo de un sistema informático para el censo y el escrutinio hasta la provisión de papeletas, urnas o aparatos de identificación biométrica de votantes, entre otros servicios y materiales.

En un régimen como el de Dos Santos, considerado altamente corrupto por diversas instituciones internacionales como el Senado de Estados Unidos, el pago de retribuciones irregulares a altos funcionarios y a intermediarios extranjeros fue moneda de cambio para conseguir contratos. En la organización de las elecciones de 2012, Indra habría incrementado de forma ficticia en 9,8 millones de euros el precio de los 14 aviones chárter que transportaron el material electoral a Angola para el pago de comisiones, según una fuente interna de la empresa.

Por su lado, la Agencia Tributaria (AEAT) ha investigado en los últimos meses a Indra por estos 9,8 millones que se canalizaron a través de la sociedad británica Kessler Consultants Limited. La inspección de Hacienda concluyó que la cifra no justificada era de tan solo 2,4 millones de euros, asunto que se saldó en mayo pasado con el acta de la institución fiscal comunicada a Indra.

Indra admite que una investigación interna sobre el tema de Angola “concluyó que se habían producido deficiencias de gestión” en el contrato de Kessler

La empresa que dirige hoy Fernando Abril-Martorell señala a este diario que desde que llegó a la presidencia a comienzos de 2015 ha implementado “políticas de buen gobierno como pilar fundamental de la compañía”. Al mismo tiempo que Indra recalca que la Unidad de Cumplimiento de la empresa ya no depende de la línea ejecutiva, sino de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento del Consejo para garantizar su independencia.

En ese contexto, Indra admite que una investigación interna de 2017 sobre el asunto de Angola concluyó que "se habían producido deficiencias de gestión” en la contratación de Kessler. A la conclusión del expediente, Indra despidió al directivo Jesús Gil Ortega, responsable de Procesos Electorales, según informa a este medio la propia compañía.

Pero la multinacional no admite el pago de comisiones ilegales a intermediarios, aunque reconoce a El Confidencial que la AEAT inició una inspección fiscal a finales de 2015. Estas indagaciones de Hacienda afectaron a los ejercicios de 2011 a 2014 sobre cuestiones relacionadas con los tributos del impuesto de sociedades, retenciones a cuenta de imposición de no residentes o el pago del IVA. Entre esas actuaciones, Hacienda también analizó los contratos de Indra con Kessler Consultants de verano de 2012 que permitieron el flete de 14 aviones chárter con material electoral a Angola.

“Finalizadas las actuaciones inspectoras, el 23 de febrero de 2018, la AEAT levantó acta entendiendo que Indra no había proporcionado documentación o prueba suficiente que acreditara la confirmación y posterior cancelación de los tres vuelos desde China [a Angola] y, por consiguiente, concluyendo que el pago asociado de Indra a Kessler, 2.400.000€ del total pagado, 15.022.500€, no tenía justificación jurídica”, refiere la empresa tecnológica. Como consecuencia, según Indra, Hacienda, “no apreciando dolo, impuso una sanción administrativa leve” que se liquidó en mayo pasado.

Según ha podido saber este diario, el Departamento Fiscal de Indra, una vez afloradas las indagaciones de Hacienda por la cuestión, presentó una factura correspondiente a la reserva de tres vuelos desde China que no llegaron a realizarse, lo que dio origen a una penalización contraactual. La mayoría de los 14 aviones salieron de Vitoria y algunos desde Barajas. El aeropuerto madrileño no dio permiso a todos los vuelos porque eran aeronaves con motores antiguos que dejan una huella sonora excesiva y no adaptados a la normativa de la Unión Europea.

Algunas comunicaciones entre responsables de la AEAT, fechadas a finales de 2017, resumen el asunto del sobrecoste de la operación. Por aquel entonces, la Dirección de Vigilancia Aduanera de Hacienda remitió el asunto a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes.

'E-mails' internos de empleados de Indra, enviados en junio de 2012, hablan de la necesidad de compensar a intermediarios de la operación

La sociedad británica

Kessler Consultants Ltd era una mercantil controlada por el hispano-suizo Francisco Javier Romero, residente en Lausana, ciudad desde donde controla complejos entramados societarios internacionales a través del despacho Fidalliance SA. Romero está asimismo vinculado a la gestión en Suiza del patrimonio del exbanquero Mario Conde, según las diligencias abiertas en la Audiencia Nacional por el juez Santiago Pedraz. Kessler Consultants fue liquidada en junio pasado.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la multinacional española, esos 9,8 millones de euros corresponderían a un sobrecoste injustificado. Esa cantidad se habría cursado a través de la sociedad británica Kessler Consultants, intermediaria de la operación, pero una gran parte de ese dinero habría acabado en cuentas de bancos suizos, siempre según el testimonio de esa fuente interna de Indra. Se trataría de una triangulación clásica en las transacciones internacionales cuando se quiere ocultar la identidad de los últimos beneficiarios de capitales de origen turbio.

Kessler Consultants no era una compañía especializada en la logística de transportes, sino en proveer servicios de actividades empresariales sin especificación, según el Registro Mercantil del Reino Unido. De hecho, una vez alcanzado un acuerdo de precios por los aviones necesarios estimados, Indra había empezado a cerrar en junio de 2012 un acuerdo marco con la empresa especializada en transporte aéreo UTI Iberia (hoy DSV Holding Spain SL) para llevar el material electoral a Angola y fletar los aviones. Pero la documentación en poder de El Confidencial evidencia que ese preacuerdo se rompió en favor de la sociedad domiciliada en Reino Unido.. UTI Iberia había trabajado con Indra en las elecciones presidenciales angoleñas de 2008.

Página primera del acuerdo de transporte entre Indra y Kessler para aviones a Angola.
Página primera del acuerdo de transporte entre Indra y Kessler para aviones a Angola.

El primer presupuesto que facturó Kessler Consultants a Indra ascendió a 5.330.000 euros por fletar 14 aviones chárter destino Angola en julio de 2012. Algo que se ajustaba a los precios de mercado para los aviones Boeing 747 utilizados en la operación, según reconocen fuentes cualificadas de Indra.

Sin embargo, Kessler Consultants recibió el abono adicional de otra factura por 9.810.000 euros que no estaría justificada por razones comerciales. De ese modo, la cantidad final cobrada por la compañía intermediaria de Reino Unido superó los 15 millones de euros. Correos electrónicos internos de empleados de Indra, enviados a finales de junio de 2012, hablan de la necesidad de compensar a intermediarios de la operación. La interpretación de la AEAT fue diferente.

Además, un trabajador competente de Indra añade que ya en 2008, tras conseguir el contrato de la CNE, se libraron retribuciones supuestamente irregulares y camufladas como pago de ‘royalties’ de los aviones transportadores y aterrizados en el aeropuerto de Luanda. Una de esas compensaciones fue para Luís Eduardo dos Santos, hermano del expresidente de Angola y actual director no ejecutivo de las aerolíneas angoleñas TAAG. La comisión ascendió a 108.000 euros por avión enviado y se transfirió desde España a un banco de Bruselas de las aerolíneas angoleñas TAAG. La comisiones de 108.000 euros por cada flete fue enmascarada en 'royalties' o tasas de no objeción ('traffic rights') a través del operador de los vuelos Acciona, previamente pagada por Indra.

Una investigación interna de Indra por la relación con Kessler Consultants motivó el despido del responsable de Procesos Electorales

La CNE y el Gobierno del presidente João Lourenço han declinado responder a todas las cuestiones remitidas por este medio de forma reiterada en las últimas semanas.

Javier Monzón, quien ejerció como presidente de Indra desde su nacimiento en 1993 hasta que fue sustituido por Fernando Abril-Martorell en enero de 2015, era el máximo responsable de la compañía entonces. También coincidieron en el tiempo como primeros ejecutivos, tanto Regino Moranchel, que salió de Indra a finales de 2012, como su sustituto como consejero delegado, Javier de Andrés (investigado en Púnica), que terminó su relación con la compañía a finales de 2017.

Otro nombre conocido con buenas conexiones en Angola es José Bono. El exministro de Defensa socialista también tiene una relación estrecha con el anterior presidente angoleño, José Eduardo dos Santos. Cuando este vino a España por motivos personales en junio de 2017, Bono lo hospedó. Con motivo del 40 aniversario de la independencia de Angola (1975), Bono escribió: “Actualmente, el presidente Dos Santos lidera un ambicioso plan de reconstrucción nacional (…). Empresas de todo el mundo invierten en Angola y Dos Santos es un referente de autoridad en todo el continente africano”.

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