INDRA CONTINÚA IMPUTADA

El juez del caso Púnica levanta la imputación de Javier Monzón, expresidente de Indra

El juez sitúa a Indra como "parte singular en el concierto urdido por dirigentes del PPCM para utilizar las arcas públicas de la entidad Agencia de Informática y Comunicación como fuente de ingresos"

Foto: El expresidente de Indra Javier Monzón a su llegada a la Audiencia Nacional. (EFE)
El expresidente de Indra Javier Monzón a su llegada a la Audiencia Nacional. (EFE)

El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha levantado este lunes la imputación del expresidente de Indra, Javier Monzón, en el marco del caso Púnica, explican fuentes jurídicas a El Confidencial. El 4 de octubre, en su declaración como investigado, Monzón aseguró desconocer los presuntos tejemanejes de la empresa con la red corrupta y sostuvo que eran directivos de menor rango los que se encargaban de estas labores, argumentos que el juez ha dado por buenos para archivar las diligencias contra él. Por el momento, Indra continúa imputada como persona jurídica.

El el auto del 2 de septiembre, con el que se acordó tanto la imputación de Indra como de Monzón, García Castellón situaba a la empresa como "parte singular en el concierto urdido por dirigentes del PPCM para utilizar las arcas públicas de la entidad Agencia de Informática y Comunicación (ICM) como fuente de ingresos del partido". Según explicaba en el mismo, "la pleitesía de Indra tuvo su causa en las adjudicaciones de que fue objeto", para lo que destacaba los servicios prestados para los procesos electorales de los años 2007 y 2011.

En aquel auto, el juez apuntaba de forma directa a Monzón, que estuvo al frente de Indra desde 1993 hasta 2015: "Con funciones de supervisión y control de los órganos ejecutivos y equipo de dirección, Francisco Javier Monzón de Cáceres, se convertiría en instrumento de desvío de los fondos públicos de ICM, y en la caja pagadora de servicios electorales prestados encubiertamente al PPCM y de otras deudas del partido o de sus dirigentes". Pese a ello, tras tomarle declaración como imputado, García Castellón da marcha atrás en esta tesis y considera que ya no hay indicio alguno que justifique la investigación contra él.

"Basta examinar la documental aportada (tanto por su representación procesal, como por la propia Indra) y obrante en las actuaciones, para concluir que no existe acto o norma alguna que determine ese deber de supervisión vigilancia y control al presidente de la compañía", dice el magistrado en un auto al que ha tenido acceso 'EuropaPress'. Según explica, al tratarse de una compañía cuya facturación superó los 2.000 millones de euros en 2007 y los 3.000 millones en 2012, es normal que "las operaciones examinadas" no requirieran "aprobación o control alguno del cargo u órganos de los que formaba parte el investigado".

Durante el interrogatorio del 4 de octubre, la Fiscalía preguntó a Monzón por dos contratos cuyo valor ronda los 100.000 euros —uno el 30 de abril de 2008 y otro el 30 de junio de ese mismo año— que fueron adjudicados por Indra a la empresa SWAT, consultora que trabajó para las campañas del PP de Madrid. En su escrito de acusación, el Ministerio Público sostiene que el exdirector de Operaciones de Indra, Santiago Roura, entregó 90.000 euros en efectivo a la mercantil SWAT, pero Monzón dijo no tener información alguna sobre este asunto ante el juez. La Fiscalía también incidió en una adjudicación que Indra logró por valor de cuatro millones y que se redujo a un millón tras estallar el caso Púnica, cuestión que el expresidente también dijo desconocer.

Más allá de Monzón, García Castellón mantiene imputados en esta causa al exconsejero delegado de Indra, Javiér de Andrés González, y al que fuera responsable del área de procesos electorales de la empresa, Jesús Vicente Gil Ortega García. El juez sostiene que intervinieron "en la decisión de la realización de entregas de dinero en efectivo a quien se les indicaba desde los altos puestos del PPCM, en la adjudicación de contratos de cobertura, o en el pago de facturas a las empresas del entramado de confianza del PPCM, que recogían trabajos que nunca se realizaron".

En lo que se refiere a Indra, también constan como investigados la gerente Cristina Bombín del Palacio, el exdirector de Sistemas Diego Mora Borobia y el exdirector de Operaciones Santiago Roura. A este último se le acusa de haber entregado 10.000 euros en efectivo a a Alejandro de Pedro, uno de los empresarios a los que se investiga en el caso Púnica. En octubre, en su declaración como investigado, Roura reconoció que el exconsejero delegado de ICM, José Martínez Nicolás, le pidió entregar este dinero a De Pedro y que, siguiendo sus instrucciones, se reunió con él en el interior de un vehículo, pero negó que el pago de la mordida llegara a efectuarse.

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