Anticorrupción rectifica y Púnica se prepara para el archivo de varias imputaciones

"Dadme un punto de apoyo y moveré al mundo". Algo así deben estar pensando las decenas de abogados defensores personados en la trama Púnica después de ver cómo, hace unos días, la Fiscalía Anticorrupción se desdecía e instaba al Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional a archivar una de las imputaciones que el propio Ministerio Público instó en la pieza en la que investiga la financiación irregular del PP.

No se trata de un nombre de primera fila. La imputación archivada corresponde a uno de los empresarios investigados por facturar servicios de publicidad para la campaña del PP de 2011 fuera del periodo electoral. En su declaración el pasado septiembre, indicó que se reunió con la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre para concretar aspectos sobre el diseño de dichos trabajos. Carlos Holemans, creativo en su empresa El Laboratorio de Almagro, ya no está imputado. El juez Manuel García-Castellón atendió la petición de las fiscales y decretó el archivo el 6 de noviembre.

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"A la vista de las explicaciones ofrecidas por el investigado Holemans en la declaración practicada el pasado 17 de septiembre en sede judicial así como de la documentación obrante en las actuaciones, procede el sobreseimiento en el caso planteado, a pesar de que el investigado se encuentra vinculado", explica el juez en su auto, al que ha tenido acceso El Confidencial. "Por estos razonamientos, procede el sobreseimiento provisional [...] en relación con este investigado, al entender la existencia de delito previo, pero no existen motivos suficientes para acusar a este investigado como autor, cómplice o encubridor".

Según defendía Anticorrupción, su empresa realizó servicios electorales para el PP de Madrid por un importe de 1,2 millones de euros, de los que 992.754 fueron "abonados subrepticiamente desde la cuenta corriente de funcionamiento" del partido. Es decir, aseguraban que se sobrepasó el techo de gasto electoral para conseguir "una campaña fastuosa".

Con el objetivo de abonar esos 992.754 euros, según la investigación, se utilizaron varias empresas, entre ellas Paqui Palla, que se hacía pasar por proveedora de servicios no electorales y maquillaba así la verdadera prestación y su naturaleza electoral, emitiendo facturas "bajo conceptos irreales" y fechas anteriores al trabajo. Holemans hizo ante el juez lo que la mayoría de los acusados: negar conocimiento. Se desvinculó del control de los asuntos económicos y aseguró no tener información sobre la procedencia del dinero.

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El escrito de Fiscalía reclamaba su imputación en los siguientes términos. "Que se reciba declaración como investigado a Carlos Holemans, administrador solidario junto a la investigada Mª Luisa de Madariaga de la mercantil El Laboratorio de Almagro por su participación en las actuaciones dirigidas a velar los gastos electorales del PP de la Comunidad de Madrid en la campaña autonómica del 2011 y encubrir el origen de los fondos. También participaría en el concierto dirigido a que la Consejería de Economía adjudicase un contrato menor, con objeto ficticio, a la mercantil, que desviaría fondos públicos de las arcas de dicha consejería".

Tres meses después llega el sobreseimiento. La extensa ronda de declaraciones de septiembre y octubre -que aún se prolonga a día de hoy- no ha obtenido los resultados esperados y fuentes jurídicas no dudan en avisar de que se tambalean imputaciones. Las defensas no dejarán pasar esta oportunidad y tras el archivo que abre la veda reclamarán que sus clientes, muchos de ellos empresarios como el ahora favorecido, sigan sus mismos pasos.

No solo se trata de los más 'modestos'. La misma Fiscalía Anticorrupción busca nuevas pruebas contra Esperanza Aguirre ante la debilidad de los indicios que obran, en este momento, en el procedimiento. Su comparecencia hace unas semanas, en la que hizo gala de su acostumbrado 'aguirrismo' y mezcló reproche con ironía y mala baba con las fiscales responsables en su opinión de este tropezón, debía ser el colofón de una intensísima ronda con decenas de interrogatorios. La gincana declarativa era clave para atar los indicios contra Aguirre pero, sin embargo, no ha salido como preveía Anticorrupción. Fuentes jurídicas la califican como "decepcionante" y avisan de que, si no aparecen nuevas pruebas, la imputación no podrá sostenerse mucho tiempo.