Problemas en la Abogacía para encajar el último viraje de Sánchez con Junqueras

El Gobierno en funciones alentó la idea de que la Abogacía del Estado informaría este lunes sobre la inmunidad de Oriol Junqueras y sus consecuencias. Pero el informe no llegó. El escrito en que el Ejecutivo esperaba un apoyo a una excarcelación no se entregó al Supremo con la celeridad anunciada. Fuentes jurídicas sitúan esta dilación en la dificultad encontrada por la defensa del Estado para dar cabida a la posibilidad de una excarcelación del líder de ERC sin considerar que la especial protección que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) situó en junio llegue hasta hoy. Y cuando ya pesa en su contra una condena firme a 13 años de prisión y de inhabilitación.

Desde el Ejecutivo se reclamaba un apoyo a una excarcelación del líder de ERC en una horquilla que podría ir desde la concesión de un permiso de salida puntual hasta una libertad más amplia y la solicitud de que se tramite a la Eurocámara un suplicatorio, es decir, que se solicite una autorización para proceder en su contra. Con el plazo aún no agotado —se mantiene abierto hasta el próximo 2 de enero—, la expectativa temporal alentada por los socialistas ha resultado, sin embargo, demasiado optimista. La Abogacía ve más plausible la primera de las opciones, la autorización puntual de abandono de la prisión. En todo caso, y según confirmaron fuentes gubernamentales a este periódico, ahora se calcula que las alegaciones no estarán listas hasta el jueves 26 o viernes 27 de diciembre. "Es un tema muy complejo, novedoso, con muchos puntos que tratar, hay que hacerlo bien y no se puede ir deprisa. Aunque el plazo concluye el 2, esperemos que esté antes", explicaron desde el Ejecutivo en funciones.

La posición que adopten los letrados del Estado es vital para desbloquear la investidura de Pedro Sánchez. ERC había advertido el jueves pasado, tras la sentencia del TJUE, de que las negociaciones quedaban formalmente paralizadas hasta ver cómo se movían los servicios jurídicos del Estado. Para los republicanos, la actitud de la Abogacía, que depende del Gobierno, viene a ser como la prueba del nueve de que el Ejecutivo socialista apuesta por la política y no por la "vía represiva".

Pero el camino intermedio que prevé ofrecer el Gobierno en funciones a modo de gesto tiene difícil encaje. Se situaría entre la postura de Esquerra, que ya ha anunciado que reclamará la nulidad del fallo, y la de la Fiscalía que, en el extremo opuesto, considera que la inmunidad adquirida el 13 de junio no tiene ya validez, superada por la condena firme, no produce ningún efecto y deja a Junqueras en la misma situación en la que se encuentra a día de hoy. Es complicado argumentar un apoyo a un permiso que facilite que Junqueras recoja su acta al mismo tiempo que se reconoce que está ya inhabilitado.

El Gobierno apuesta por una vía intermedia, a medio camino entre la de ERC, que pide la nulidad del juicio y la condena, y la de la Fiscalía, muy dura

Otra de las dificultades se encuentra en la postura defendida en anteriores ocasiones por el departamento que dirige Consuelo Castro. El pasado junio, después de que Junqueras fuera elegido, se mostró a favor de que se le permitiera realizar el trámite requerido ante la Junta Electoral Central para, a continuación, sugerir que debía quedar suspendido del ejercicio por el momento en el que fue proclamado, un día después del visto para sentencia del juicio. En sus alegaciones ante el propio TJUE, se mostró partidaria del nulo efecto de esa supuesta inmunidad, como refleja la propia sentencia del tribunal europeo.

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La postura de ERC

El acuerdo de Gobierno queda a expensas de ese escrito. De hecho, Marta Vilalta, la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, señalaba este lunes en rueda de prensa que los contactos "discretos", telefónicos y no presenciales con los socialistas se han reanudado, pero al cabo la decisión final dependerá de cómo obre la Abogacía. "Estamos esperando un posicionamiento sobre la sentencia del TJUE y no entenderíamos que no diga que se debe cumplir y que la 'doctrina Junqueras' es aplicable a todo el mundo menos al propio Junqueras", apuntó Vilalta, en señal de protesta.

Los republicanos insisten en que las sentencias se deben cumplir, y también ahora. Reconocen que quedan apenas "flecos" para cerrar el acuerdo

Así quería evidenciar que en su partido no ven lógico que Carles Puigdemont y Toni Comín se beneficien del fallo y ya tengan acreditación provisional como eurodiputados y en cambio el jefe de ERC siga en la cárcel, pese a que fue su caso el que ha desencadenado una resolución muy trascendente. "Siempre nos han dicho que las sentencias se tienen que acatar y cumplir", advirtió, no sin antes remarcar que ahora la Justicia española tiene la "oportunidad de rectificar asumiendo" lo que dicen los tribunales europeos, informa EFE. Y si los tribunales españoles no cumplen las resoluciones que le llegan de fuera, "llegarán más victorias de la justicia europea y cuánto más tarden en rectificar más fuerte será la caída".

También la número cuatro de la formación catalana apuntó que quedan apenas unos "flecos" para acordar la investidura de Sánchez, lo que abonaba la convicción de que el acuerdo está muy cerca ya. "Flecos" que tienen que ver, dijo Vilalta, con la "concreción del formato en la lógica de hacer real" lo que los republicanos han demandado, "activar la vía política y desactivar la represiva". Pero antes hará falta ver, insistió, el papel del letrado del Estado. En realidad, el Supremo decidirá al margen de lo que hayan alegado las partes, y de hecho en junio la voz de la Abogacía fue desatendida, pero todo el foco se sitúa ahora en ella porque ERC le ha desplazado toda la presión.

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Y aunque la dirigente remachó que "no es cuestión de fechas", para el Gobierno sí importan las hojas que van cayendo del calendario. De ahí que haya insistido en los últimos días que no renuncia a que la investidura llegue el 30 de diciembre. Por eso mismo era muy llamativo que este lunes la Abogacía no hubiera presentado su escrito. Esto hace materialmente imposible que el pleno se pueda convocar para el 27 de diciembre, viernes, porque la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, se comprometió, aunque no tenga un plazo tasado, a señalar el día con unas 48 horas de antelación para facilitar los desplazamientos de sus señorías a Madrid en plenas fiestas navideñas.

PP y Cs registran en el Congreso una solicitud de comparecencia del jefe del Ejecutivo para que explique las "presiones" a la Abogacía

Al no estar el escrito de la Abogacía listo (y puede retrasarse hasta finales de semana), ERC no puede expresar su parecer ni convocar su 'consell nacional', su máximo órgano de dirección, para que ratifique el acuerdo con el PSOE. La siguiente ventana de oportunidad es, por tanto, la primera semana de enero: el debate arrancaría el jueves 2, seguiría el viernes 3 con la primera votación, en la que se exige mayoría absoluta y, al no conseguirse, hará falta ir a una segunda ronda 48 horas después —el domingo 5, víspera de Reyes—, en la que bastan más síes que noes. Sánchez, por tanto, no podrá concluir 2019 como presidente con plenas facultades, salvo un giro mayúsculo y rápido en las próximas horas. Desde el Gobierno se retornó al mutismo más absoluto. Ni se comentaba el porqué del retraso de la Abogacía, ni qué previsiones nuevas hay, ni cuándo se espera atar la entente con ERC que alumbre la confirmación de Sánchez.

La oposición, mientras, no da tregua. PP y Ciudadanos registraron en el Congreso una solicitud de comparecencia del jefe del Ejecutivo para que explique las "presiones" a la Abogacía. Dado el "silencio" del Gabinete, los dos partidos exigen saber si los criterios utilizados por los letrados del Estado son jurídicos o políticos. Los populares censuraron la "utilización partidista" de la Abogacía, mientras que el diputado de Cs Edmundo Bal —a quien Justicia purgó porque, como abogado del Estado, no quiso pedir sedición para los líderes del 'procés', sino rebelión— calificó de "aberración jurídica" que los servicios jurídicos pidan la excarcelación del líder de ERC.

La Fiscalía se opone a anular la sentencia del 'procés': inmunidad no es impunidad

La Fiscalía se opuso este lunes a la petición de Oriol Junqueras de anular la sentencia del 'procés' al sostener que no se han vulnerado ninguno de sus derechos, y admite que la Justicia europea le reconoció la inmunidad, si bien lo hizo una vez el juicio, por el que está condenado en firme, ya había acabado.

"La inmunidad -dice la Fiscalía- no puede convertirse, en ningún caso, en un refugio protector o generador de impunidad frente al legítimo ejercicio de la función jurisdiccional, y mucho menos, de la impunidad buscada [...] con el único propósito de eludir la acción de la Justicia".

Así se pronunciaron los fiscales en un escrito en el que piden al Tribunal Supremo que inadmita los incidentes de nulidad presentados por el 'exvicepresident' Junqueras y el 'exconseller' Raül Romeva contra la sentencia que les condenó a 13 y 12 años de cárcel por sedición y malversación, respectivamente, informa EFE.

Junqueras y Romeva buscaban la nulidad de la sentencia por la vulneración de numerosos derechos detallados en sus escritos ante el Supremo que ahora la Fiscalía rechaza, como hizo con otros acusados, al considerar que no han sufrido indefensión alguna.

En el caso del líder de ERC, también aducía su inmunidad europarlamentaria, un asunto clave una vez el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) reconoció que debió gozar de ella desde el 13 de junio, cuando se proclamaron los resultados a los comicios europeos.

Si bien la Fiscalía recuerda que Junqueras se presentó a las elecciones cuando estaba siendo juzgado y que cuando se proclamaron los resultados, el juicio ya estaba visto para sentencia, por lo que su planteamiento de que el Supremo debería haber suspendido el procedimiento antes de dictar sentencia a la espera de autorización del Parlamento europeo "no es correcto ni ha sido respaldado por el TJUE".

Además, abundan los fiscales, sobre él no pesa ninguna medida cautelar ya, sino que está condenado en firme, por lo que "el primer efecto" que puede tener la sentencia del TJUE es el de "la inmediata ejecución" de su inhabilitación. Recuerdan que la inmunidad no protege "de forma ilimitada" a los parlamentarios frente a procesos penales que prácticamente han concluido antes de la elección "creando así un inadmisible limbo parlamentario".

Y añaden que aunque el TJUE reconoce que se le debería haber permitido acudir a la primera sesión del Parlamento, no se ha generado "de ningún modo" en la causa principal "la indefensión" exigida para proceder a la nulidad de la sentencia, como pretende el líder de ERC.