El Govern rechaza que los presos del 'procés' puedan gozar ya de la semilibertad

Las Juntas de Tratamiento Penitenciario de las cárceles catalanas han anunciado su decisión de conceder el segundo grado, el ordinario, a los nueve reclusos que cumplen condena por sedición y malversación en Lledoners, Puig de les Basses y Mas d’Enric, cerrando así la puerta a una progresión directa al tercer grado, un régimen de semilibertad automática. La decisión sobre la clasificación en grado de los presos del 'procés' amenaza con quebrar las ya complejas relaciones de ERC y JxCAT. Desde la formación de Carles Puigdemont, la semilibertad se veía ajustada y posible.

[¿Qué implica el segundo grado a los presos del 'procés'?]

La balanza ha caído en este caso del lado de Esquerra, responsable del Departamento de Justicia de la Generalitat, a través de la exsenadora Ester Capella. Fuentes del entorno de la formación indican que la consejera ha tratado de explicar, en las últimas semanas, a todo aquel que ha querido escucharla que no caben atajos que bordeen la legalidad en el cumplimiento de las penas impuestas, ya firmes. La más elevada recae precisamente en el líder de la formación, Oriol Junqueras. Amand Calderó, secretario de Medidas Penales, ha indicado en rueda de prensa que la decisión se ha tomado después de un intenso debate y sin unanimidad.

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A. Fernández. Barcelona

Los compañeros de gobierno de ERC en Cataluña no lo ven, sin embargo, igual. En este último tramo han aumentado la presión sobre sus socios, avisando de que el criterio de las juntas no es vinculante y que la última palabra depende de la Secretaría de Medidas Penales, de nuevo bajo la batuta de Capella y, por tanto, de Esquerra. En un plazo de dos meses, la recomendación elevada debe ser respaldada o tumbada.

ERC ve la postura de JxCAT como una aventura que puede tener consecuencias nefastas a largo plazo, dadas las elevadas posibilidades de que la Fiscalía recurriera la progresión directa a la semilibertad y que los tribunales encargados de revisarla tumbaran la misma. Los de Puigdemont, sin embargo, lo ven como una oportunidad perdida. Desde esta segunda formación, se defiende que la clasificación debería ser de tercer grado penitenciario dadas las circunstancias personales de los presos. Pese a ello, el tercer grado podría llegar en enero para algunos de los reclusos, que cumplen ese mes una cuarta parte de la condena, como ocurre con Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Se alejan otros beneficios

Desde JxCAT, subrayan que los condenados cuentan con un entorno social que los acoge y la posibilidad de encontrar trabajo estable. Además, los delitos por los que han sido condenados no revisten peligrosidad en la medida en que no han actuado con violencia. Aseguran también que la imposición de la inhabilitación elimina el riesgo de reincidencia: "No cargan con ninguna responsabilidad civil subsidiaria impuesta y pendiente de pago", especifican para terminar.

La firme postura de ERC, inmersa en plena negociación con el Ejecutivo en funciones de cara a la investidura, aleja también, según las fuentes consultadas, la posibilidad de que los presos se beneficien de forma inminente de otras vías de acceso a permisos antes del cumplimiento de la cuarta parte de sus condenas.

No se desactiva el riesgo de que el comodín que representa el artículo 100.2 —cuya aplicación favorece un régimen más abierto a caballo entre el segundo y el tercero— se emplee más adelante. Pero sí lo aplaza a un futuro indeterminado. El propio Calderó ha indicado en este sentido que hay que esperar a que se confirme la clasificación antes de plantearlo y que entonces dependerá de cada Junta de Tratamiento y de cada preso, subrayando además que es un artículo sin plazo para poder aplicarlo.

Por el momento, Esquerra mantiene la llave de la formación del Gobierno pero no ha querido emplear la que abriría las celdas de Lledoners, Puig de les Basses y Mas d’Enric. Calderó ha indicado que la clasificación se revisará de nuevo en un máximo de seis meses y ha defendido la "honestidad e independencia" de los profesionales de las prisiones en Cataluña.