¿Qué implica el segundo grado para los presos del 'procés' independentista?

Hace casi dos meses que la Justicia puso fin al juicio del 'procés' independentista catalán decretando sentencias de prisión para nueve de los implicados por delitos que van desde la sedición a la malversación. Desde ERC esperaban que los nueve recibieran el tercer grado, aunque preveían lo que finalmente ha ocurrido: las Juntas de Tratamiento Penitenciario de las cárceles catalanas han concedido el segundo grado a los nueve, cerrando así la puerta a una progresión directa al tercer grado, un régimen de semilibertad automática. ¿Pero qué implica esta concesión?

Se trata del mismo grado al que accedió Iñaki Urdangarin hace más de un año, en verano de 2018, tras pasar dos meses en la prisión de Brieva. El procedimiento para definir los grados de los reclusos arranca antes de su entrada en prisión: los internos son separados siguiendo criterios de sexo, edad y antecedentes delictivos, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley General Penitenciaria, para después determinar el grado que define el nivel de control de los presos: medidas estrictas en caso de primer grado, ordinarias para el segundo y régimen abierto cuando se refiere al tercero. Éste es el que la formación de Carles Puigdemont esperaba que se aplicara a Oriol Junqueras y el resto de presos del 'procés'.

El segundo grado, el ordinario, es el más común y se concede a todos los presos a excepción de aquellos que demuestren "peligrosidad extrema o inadaptación manifiesta". Gracias a éste, un recluso puede solicitar sus primeros permisos penitenciarios —el año pasado Urdangarin solicitó uno para salir en Navidad— una vez que se haya cumplido un cuarto de la condena. Si bien este grado no permite que, de forma automática, accedan a permisos ordinarios, la Generalitat podría aplicarles el artículo 100.2, lo que conlleva que puedan salir de prisión de manera inmediata en cuanto lo acuerde la Administración catalana.

Aplicar este artículo es la alternativa para acelerar los beneficios penitenciarios de un interno: solicitar la participación en un programa individualizado de tratamiento para que se le pueda aplicar este artículo, que introduce el principio de flexibilidad, lo que permitiría la incorporación progresiva al régimen de libertad. Fuentes penitenciarias califican este artículo como un 'traje a medida', ya que permite que presos clasificados en primer o segundo grado tengan beneficios propios de su grado inmediatamente superior. A diferencia de los permisos ordinarios, que requiere el cumplimiento de un cuarto de la condena, en este caso no hace falta haber pasado un mínimo de tiempo en la cárcel.

El 100.2 permite la incorporación progresiva al Medio Abierto de penados clasificados en segundo grado de tratamiento

Según datos penitenciarios consultados por Europa Press, en torno a 900 presos se benefician cada año del artículo 100.2. El artículo 100.2 dice, textualmente, que "con el fin de hacer el sistema más flexible, el Equipo Técnico podrá proponer a la Junta de Tratamiento que, respecto de cada penado, se adopte un modelo de ejecución en el que puedan combinarse aspectos característicos de cada uno de los mencionados grados, siempre y cuando dicha medida se fundamente en un programa específico de tratamiento que de otra forma no pueda ser ejecutado". "Esta medida excepcional", continúa el Reglamento Penitenciario en referencia al artículo 100.2, "necesitará de la ulterior aprobación del Juez de Vigilancia correspondiente, sin perjuicio de su inmediata ejecutividad". Esto último es importante porque, aunque haya decisión del juez contraria o recurso, no se paraliza la aplicación del 100.2 una vez sea aprobado por la Administración Penitenciaria.

El programa específico de tratamiento es individualizado y tiene que ser validado por el juez de Vigilancia Penitenciaria, según explican a Europa Press fuentes penitenciarias. La flexibilidad es máxima: no está a priori tasado que el preso tenga un límite de días a la semana para trabajar fuera de la cárcel o que tenga que dormir una serie de noches en prisión. También existen diferentes posibilidades sobre el control por vía telemática fuera del centro. Si el juez tumba el modelo de ejecución del 100.2 al estar disconforme con su aplicación, automáticamente los presos tienen que volver a prisión. No obstante, las juntas de tratamiento y los Servicios Penitenciarios catalanes pueden volver a plantear un 100.2 modificando el horario y días de salida de prisión, y de nuevo es de aplicación ejecutiva hasta que se pronuncie el juez.

Este tipo de artículos —como el 117, que es el que disfruta Iñaki Urdangarin antes de pedir permisos ordinarios— se pueden combinar, además, con los permisos ordinarios. A los líderes del 'procés' condenados a entre 13 y nueve años de prisión hay que descontarles el tiempo que llevan en prisión preventiva, desde el 16 de octubre de 2017 en el caso de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart y desde el 2 de noviembre de ese año para el resto de penados. Pueden por esa vía salir de la cárcel un máximo de 36 días al año (18 días por semestre), aunque sin sumar más de una semana de forma consecutiva. De esta forma, según los cálculos realizados por fuentes jurídicas y penitenciarias consultadas por Europa Press, Junqueras puede tener los primeros permisos ordinarios aproximadamente en enero de 2021; Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, en noviembre de 2020; Carme Forcadell, en julio de 2020; Joaquim Forn y Josep Rull, en mayo de 2020; y Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, en enero de 2020.

El tercer grado se aplica a los internos capaces de vivir en "semilibertad". Se trata de una reclusión a medias que permite disfrutar de 48 días de permiso al año y acudir a prisión sólo para dormir de lunes a jueves, con fines de semana libres, en caso de tener un empleo. Ante la situación de que no regresase al centro después de un permiso o de cualquier salida autorizada, volvería automáticamente a la clasificación de segundo grado.