Atacar el suministro eléctrico, el otro objetivo del grupo desarticulado en Cataluña

El grupo independentista desarticulado este lunes en una operación dirigida por la Audiencia Nacional tenía previsto atacar un tercer objetivo. El contenido de las escuchas incorporadas al sumario apunta a que los nueve radicales arrestados estaban preparando un sabotaje de la red de suministro eléctrico, una infraestructura de carácter crítico, para tratar de detener la actividad económica y sembrar el caos. Según han confirmado a El Confidencial fuentes jurídicas, los investigados por delitos de rebelión, terrorismo y tenencia de explosivos habían fijado su atención en torres de alta tensión, que son fácilmente accesibles.

Los investigadores del Servicio de Información de la Guardia Civil disponen de audios en los que se escucha a los detenidos hablar sobre estos planes. De hecho, las fuentes consultadas afirman que, de los pinchazos, se desprende que ya barajaban emplazamientos concretos. El plan de los nueve miembros de los autodenominados comités de defensa de la república (CDR) pasaba por ejecutar una batería de acciones de carácter violento de forma inminente, entre el segundo aniversario del 1-O y la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del 'procés', prevista para finales de la primera quincena de octubre.

Termita ya mezclada

Las pesquisas habrían revelado que el grupo llevaba meses preparándose en secreto para perfilar sus planes. Por un lado, habían adquirido sustancias químicas para fabricar sus explosivos. En los registros, se halló termita ya mezclada, una sustancia que se elabora con polvo de aluminio y óxito metálico y que sirve como precursora de otros materiales explosivos más potentes. También se localizó ácido sulfúrico, parafina y decapante, así como manuales para confeccionar la propia termita y cloratita, esta última sustancia, de mucho mayor poder destructivo.

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Los investigados llegaron a probar la capacidad de detonación de la termita en un masía aislada. Un terreno situado en Sant Pere de Torelló, que fue registrado junto a otra decena de domicilios en cinco localidades diferentes: Mollet del Vallès, Sabadell, Sant Fost de Campsentelles, Santa Perpètua de Mogoda y Cerdanyola del Vallès.

Los sospechosos querían colocar artefactos el "día D", la fórmula que usaban para referirse en clave a la fecha en la que cometerían los ataques. Entre sus objetivos prioritarios, estaba una casa cuartel de la provincia de Barcelona en la que los agentes destinados a esa plaza comparten espacio de trabajo con sus familias. Los acusados ya disponían de fotos y varios croquis de las instalaciones.

Asimismo, como adelantó El Confidencial este martes, los investigados también contaban con planes para tomar el control del Parlament durante al menos una semana para forzar la proclamación de la república de Cataluña y provocar de ese modo la ruptura definitiva con el resto de España. No es la primera vez que los CDR ponen en su punto de mira la Cámara de la soberanía autonómica. Ya intentaron acceder a su interior en el primer aniversario del 1-O y volvieron a la carga en la pasada Diada. En ambos casos, tuvieron que intervenir los Mossos d'Esquadra para dispersar a los violentos.

Operación Copérnico

A esos dos objetivos se sumaba también el sabotaje de la red eléctrica, una acción con la que querían alcanzar una de las grandes aspiraciones del independentismo radical: forzar la detención de la actividad económica para provocar un colapso del Estado en Cataluña que desencadenara por la vía de los hechos la constitución de la república. Ese riesgo ya figuró en la lista de amenazas contempladas en la célebre operación Copérnico de 2017. Entonces, el Gobierno de Mariano Rajoy reforzó la presencia de agentes en los principales centros de generación de energía y grandes nodos de distribución, considerados infraestructuras críticas, para asegurarse de que en ningún momento se venía abajo el servicio.

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Siete de los nueve detenidos se encuentran en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos a la espera de declarar ante el juez Manuel García-Castellón el próximo jueves. Mientras tanto, desde el Govern catalán, se acusa al 'aparato del Estado' de tratar de presentar una cara violenta de Cataluña que no se corresponde con la realidad. El propio 'president', Quim Torra, ha remitido una carta al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en que le reprocha que el operativo "inventa un falso relato". Hay una "utilización de los aparatos del Estado para una finalidad política de parte", ha lanzado Torra, que califica la operación como una pinza judicial-político-mediática que se salta los principios de la presunción de inocencia.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional defiende que los explosivos que manejaba el grupo querían "ser utilizados contra objetivos seleccionados" y asegura que los arrestos se desencadenaron ante la necesidad de neutralización de acciones de lo que califica como un "grupo terrorista de índole secesionista catalán". La gravedad de los delitos que les imputan hace previsible una solicitud de prisión para algunos de los acusados.

Al menos dos de los nueve detenidos, Eduard Garzón y David Budria, forman parte del colectivo independentista Los 9 de Lledoners, un grupo de radicales acusado de robo, graves riesgos para la circulación, lesiones, atentado contra la autoridad y desórdenes públicos por tratar de impedir por la fuerza y con barricadas el traslado de los líderes del 'procés' desde la prisión catalana a Madrid el pasado 1 de febrero. También se encuentran entre los arrestados Jordi Ros, integrante de los CDR, y Xavier Duch Palau.