Interior blinda las instalaciones eléctricas de Cataluña para impedir sabotajes por el 1-O

Las Fuerzas de Seguridad del Estado están vigilando las infraestructuras críticas de Cataluña ante el riesgo de que se conviertan en blanco de sabotajes con motivo del referéndum del 1-O. La medida se enmarca en el enorme dispositivo diseñado por el Ministerio del Interior para hacer frente al desafío independentista y se mantendrá hasta que baje la tensión. El objetivo del plan es impedir que grupos radicales o antisistema puedan atacar puntos neurálgicos de Cataluña para generar un estado de caos que refuerce aún más la sensación de excepcionalidad que ya ha provocado el órdago secesionista.

La vigilancia comenzó hace semanas y se centra en instalaciones eléctricas, redes de comunicación y medios de transporte, según han revelado a este diario fuentes próximas al operativo. Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil se turnan las 24 horas para garantizar la protección de esos puntos clave, identificados previamente por los servicios de información de ambos cuerpos. En el operativo están participando los funcionarios que han sido desplazados a Cataluña desde el resto de comunidades de España.

La medida pretende evitar que grandes ciudades puedan sufrir un apagón o que se vea alterada la movilidad de los ciudadanos, dos escenarios que contribuirían a trasladar la idea de que se están produciendo errores en el funcionamiento ordinario del Estado, justo lo que el Gobierno quiere evitar. Precisamente, una de las estrategias que ha puesto sobre la mesa el movimiento secesionista es convocar una huelga general indefinida después del 1-O para tratar de frenar la vida de Cataluña hasta que la Generalitat apruebe una declaración unilateral de independencia (DUI). Además, Interior maneja informaciones que advierten de que grupúsculos anarquistas de otros puntos de la geografía española y europea están desplazándose a Barcelona para tratar de provocar altercados y desórdenes públicos que pongan en jaque al Estado de derecho. La propia ciudad condal ya acumula un largo historial de incidentes protagonizados por la extrema izquierda.

El despliegue ordenado con motivo del referéndum se está sumando a las medidas de protección que ya se aplicaban en la infraestructuras críticas por la declaración del nivel 4 de amenaza terrorista de riesgo 'alto', en vigor desde junio de 2015 y reforzado tras los atentados de Barcelona y Cambrils del pasado agosto. Esa orden ya incluye a centrales nucleares, pantanos y aeropuertos, así como puntos de gran concentración de personas. Pero Interior ha incrementado la vigilancia para orientarla también a la prevención de posibles sabotajes, según han confirmado fuentes conocedoras del despliegue.

Interior también ha acelerado los trámites para asegurarse de que todos los policías y guardias civiles que ha trasladado a Cataluña en comisión de servicios cobren las dietas que les corresponden antes de este fin de semana. La cartera que dirige Juan Ignacio Zoido ya accedió la semana pasada a la petición de las principales organizaciones sindicales de recompensar a los funcionarios del operativo con un pago extraordinario. Esta semana, señalan fuentes policiales, ya han comenzado a percibir un adelanto de lo pactado.

El Gobierno ya ha enviado a Cataluña a más de 6.000 agentes, a los que suman los 4.500 que hay de forma permanente en la comunidad. La mayoría pertenece a las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional y a los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil, dos secciones especializadas en el mantenimiento del orden público. También han llegado efectivos de otras unidades de seguridad ciudadana y de las divisiones de Información y Policía Judicial para colaborar en las pesquisas sobre los preparativos de la consulta. Parte de los efectivos se encuentra alojada en los tres cruceros fletados por Interior (dos en el puerto de Barcelona y otro en el de Tarragona), con capacidad para albergar a más de 7.500 huéspedes. En cambio, otros grupos se mantienen hospedados en hoteles, cuarteles de la Guardia Civil e instalaciones militares repartidas por toda la geografía catalana.

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EC

Además de proteger las instalaciones críticas, la labor de estos funcionarios ha consistido en los últimos días en garantizar la seguridad de los edificios del Estado en Cataluña, como la Delegación y subdelegaciones del Gobierno, la sede del Banco de España, las oficinas de la Agencia Tributaria y las instalaciones de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Pero el escenario cambiará en las próximas horas por la cercanía de la consulta y la negativa del Ejecutivo de Carles Puigdemont a las peticiones para frenarla. Interior prevé que Policía Nacional y Guardia Civil tengan que intervenir para apoyar a los Mossos d`Esquadra en el operativo ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para evitar que se coloquen las urnas.

El regreso de las dotaciones trasladadas a Cataluña debería comenzar el próximo martes de forma escalonada, pero dependerá de cómo evolucionen los acontecimientos. Si la tensión aumenta tras el 1-O, las unidades continuarán en la comunidad y sus efectivos será relevados de forma progresiva para evitar que sufran un desgaste excesivo.