La Guardia Civil y la Policía Nacional ya sufren el 'secesionismo borroka'
Los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado y sus familias están sufriendo las mismas técnicas de presión que utiliza la izquierda abertzale para tratar de imponer su proyecto político
La escalada independentista hacia el 1-O está dejando por el camino tics que recuerdan a los años más oscuros de la violencia en el País Vasco. Ninguno de los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado que participa en el despliegue de la consulta ha muerto por un tiro en la nuca o una bomba lapa colocada en los bajos de su coche pero el secesionismo radical está utilizando los mismos métodos de presión que la izquierda abertzale para tratar de lograr sus objetivos políticos, y el blanco prioritario de su estrategia son los funcionarios de la Policía Nacional y la Guardia Civil enviados a Cataluña para mantener el orden público.
Los escraches a los agentes se extienden por la geografía catalana como una nube tóxica de odio. Los sindicatos y asociaciones que representan a los funcionarios denuncian que estos tienen serias dificultades para salir de sus hoteles a dar una simple vuelta. El acoso es continuo, incluso cuando caminan solos y de paisano. Los persiguen en grupo gritándoles “fuera las fuerzas de ocupación” y los graban con móviles para intimidarlos. “Tenemos casos de compañeros que han sido perseguidos de noche por los radicales y al final han tenido que salir corriendo para evitar un choque. Se está viviendo una situación dramática que recuerda mucho a lo que ha pasado en el País Vasco”, denuncia la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).
La Policía Nacional se está encontrando con la misma situación. “Es doloroso e indignante que, con todos los servicios que hemos prestado durante décadas en Cataluña, se nos esté tratando de esta manera”, lamenta Ramón Cosío, portavoz del Sindicato Unificado de la Policía (SUP). “Los compañeros están empezando a ocultar a sus propios hijos a qué se dediquen para evitar que sufran presiones en el colegio. Estamos viendo cosas que parecían olvidadas, como evitar tender el uniforme en zonas visibles, lo mismo que pasaba en el País Vasco, cosas que no se habían vivido nunca en Cataluña”, añade, antes de censurar que se les esté señalando desde las instituciones de la comunidad cuando su única labor es “garantizar los derechos y libertades de todos los ciudadanos”.
La presión se mantiene por la noche. Los radicales están organizándose para hacer caceroladas en las horas de descanso. Ha ocurrido en los hoteles de Reus y Calella en los que se alojan Policía Nacional y Guardia Civil y en los cuarteles del Instituto Armado de Manresa, Valls y Canovelles, entre otros lugares. La lista completa es mucho más larga. Tanto que el Ministerio del Interior ha optado, como adelantó este diario, por fletar tres cruceros turísticos con más de 7.000 camas para alojar a los agentes del dispositivo de seguridad. Dos de las embarcaciones están atracadas en el puerto de Barcelona y, la otra, en el de Tarragona. Tienen permiso para permanecer fondeadas hasta el 4 de octubre, pero la autorización podría prorrogarse indefinidamente, dependiendo de cómo evolucionen los acontecimientos.
Los cruceros no solo garantizan el alojamiento de los efectivos de las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional y los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil trasladados desde todos los puntos de España. También garantizan su descanso y refuerzan sus medidas de protección, al estar atracados en puertos del Estado que dependen directamente del Ministerio del Fomento. En esta situación, es casi imposible encontrar un lugar seguro en el que aparcar los centenares de vehículos que utilizan estas unidades. Las UIP han asumido el control de los accesos a los puertos. Los agentes salen y entran del recinto pero intentan permanecer el mayor tiempo posible en las inmediaciones de los navíos.
En torno a 2.000 agentes de la Policía se han desplazado ya a Cataluña, incluyendo también a miembros de las comisarías de Información y Policía Judicial. En el caso de la Guardia Civil, ya hay 1.500 funcionarios en comisión de servicio sobre el terreno. Y en las próximas horas seguirán llegando funcionarios de los dos cuerpos. Se prevé que solo de Madrid salgan la próxima semana otros seis grupos de UIP, 300 agentes en total.
La presión es mayor para los efectivos que viven permanentemente en Cataluña y que seguirán allí después del 1-O, pase lo que pase esa jornada. La Policía tiene 2.800 agentes en Cataluña y, la Guardia Civil, otros 1.900. Son ellos los que más están sufriendo las consecuencias del órdago independentista, sobre todo, los que residen en pequeñas poblaciones donde todo el mundo se conoce, otra situación que recuerda a la etapa más gris del País Vasco. Algunos agentes están optando por trasladar a sus familias a otras poblaciones para que no sufran el acoso de los vecinos.
"Estamos viendo cosas que parecían olvidadas, como evitar tender el uniforme en zonas visibles, lo mismo que pasaba en el País Vasco"
La consigna que han recibido los antidisturbios de la Policía Nacional y Guardia Civil es que eviten caer en las provocaciones de los radicales y solo intervengan si es imprescindible para salvaguardar la integridad de terceros o la suya propia. Incluso han recibido la instrucción de que, dependiendo de las circunstancias, opten por marcharse para evitar enfrentamientos, aunque eso implique abandonar coches y material. Eso fue lo que ocurrió el miércoles por la noche. Los efectivos del GRS que participaron en los registros de la Consejería de Economía abandonaron el edificio dejando atrás cuatro vehículos. Los manifestantes los reventaron y saqueron lo que había en su interior.
Hasta los medios de comunicación de la Generalitat están incentivando el hostigamiento. Un reportero de TV3 salió en antena saltando sobre uno de los vehículos de la Guardia Civil destrozados por los radicales. Y Catalunya Radio convirtió este viernes a sus oyentes en una enorme red de informadores. La cadena pidió a los taxistas, camioneros y cualquier otro conductor que alertaran en antena de los movimientos que estaban realizando las Fuerzas de Seguridad. Ningún elemento indica que la situación vaya a relajarse en los próximos días. Más bien, todo lo contrario.
La escalada independentista hacia el 1-O está dejando por el camino tics que recuerdan a los años más oscuros de la violencia en el País Vasco. Ninguno de los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado que participa en el despliegue de la consulta ha muerto por un tiro en la nuca o una bomba lapa colocada en los bajos de su coche pero el secesionismo radical está utilizando los mismos métodos de presión que la izquierda abertzale para tratar de lograr sus objetivos políticos, y el blanco prioritario de su estrategia son los funcionarios de la Policía Nacional y la Guardia Civil enviados a Cataluña para mantener el orden público.
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