LA FISCALÍA PIDE DESESTIMAR LOS RECURSOS

El fiscal defiende que la agresión en Alsasua se debió a que la GC es "fiel a España y al Rey"

Ocho jóvenes fueron condenados a entre dos y 13 años de cárcel por agredir en un bar de la localidad a dos guardias civiles y sus parejas en 2016, sentencia que ahora revisa el Supremo

Foto: Los abogados de los acusados de Alsasua, durante la vista pública celebrada este miércoles en el Tribunal Supremo. (EFE)
Los abogados de los acusados de Alsasua, durante la vista pública celebrada este miércoles en el Tribunal Supremo. (EFE)

La agresión a dos guardias civiles y sus parejas en la localidad navarra de Alsasua ya está en manos del Tribunal Supremo. Tras dos sentencias de la Audiencia Nacional, la de la Sala de lo Penal y la de la Sala de Apelaciones, el alto tribunal revisará ahora la condena de entre 2 y 13 años de cárcel que se impuso a los ocho jóvenes acusados. En la vista celebrada este miércoles, las defensas han pedido la absolución y han cargado contra la "fiabilidad" de los guardias civiles que fueron agredidos, mientras que el fiscal ha pedido la desestimación de sus recursos al considerar que el ataque se vio motivado por la pertenencia de las víctimas a "una institución fiel a España y al Rey, valores que no solo no se pueden compartir, sino también atacar".

Los hechos se remontan al 15 de octubre de 2016, cuando los dos guardias y sus parejas fueron agredidos en el bar Koxka de Alsasua. La Audiencia Nacional explica en su sentencia que los acusados les propinaron "golpes, patadas y puñetazos", ataque que provocó la rotura de tobillo de uno de los guardias civiles, entre otras lesiones. Los ocho acusados fueron condenados por delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas, pero no por terrorismo como pedía la Fiscalía, pues el tribunal no consideró probado que se pudiese vincular el ataque con la estrategia de ETA. Ni el Ministerio Público ni las acusaciones ejercidas por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) recurrieron la sentencia, pero las defensas sí lo hicieron, llegando así la causa al Tribunal Supremo.

Para pedir la absolución, los abogados han afirmado este lunes que la única prueba que sustenta la condena es el relato de las propias víctimas. Así lo ha defendido la letrada de Jokin Unamuno y Ainara Urquijo, Amaia Izko, que este mismo lunes fue condenada a un año y medio de prisión por "participación activa" en ETA. "La prueba no ha sido valorada de forma racional y lógica", ha denunciado ante el tribunal, presidido por el juez Andrés Martínez-Arrieta. Jaime Montero, abogado de Oihan Arnanz, se ha mostrado más contundente y ha cargado de forma directa contra el papel de la Guardia Civil, para lo que ha criticado que en las pesquisas "se entremezclaron los roles de víctima e investigador". Según ha defendido, esta situación se reflejó en las declaraciones del general agredido y su pareja, que introdujeron "elementos de la propia investigación" cuando esta seguía en marcha.

Montero también ha puesto sobre la mesa uno de los argumentos que más se ha repetido por parte de las defensas: la falta de "fiabilidad" de las ruedas de reconocimiento a las que se sometió a los ocho jóvenes. El abogado ha asegurado que se colocó a los acusados junto a personas extranjeras para que las víctimas procedieran a su identificación sin atisbo de duda, denuncia que después ha retomado su compañero José Luis Galán, que ejerce la defensa de Aratz Urrizola e Iñaki Abad: "Se les puso junto a mulatos, sudamericanos y árabes. Es un escándalo", ha llegado a decir este último. El abogado Manuel Ollé, que ha cerrado el turno de las defensas en nombre de Julen Goikoetxea y Jon Ander Cob, también ha incidido en esta idea y, para ilustrarla, ha comentado incluso que el primero de sus clientes "es el más blanco de todas las personas que hay en esta sala".

Frente a estos argumentos, el fiscal Álvaro Redondo ha subrayado que "la Policía Judicial no tiene una imparcialidad institucional", sino que "toma partido en defensa de los derechos de las víctimas". Sobre la manipulación que las defensas han denunciado al valorar las ruedas de reconocimiento, ha respondido que se puede afirmar con toda certeza que "todos los acusados estaban presentes en el bar", por lo que considera que carece de importancia este hecho. Y en cuanto a la supuesta falta de credibilidad de las víctimas, ha defendido que "los partes médicos no tienen que coincidir con el testimonio del declarante", incidiendo además en que fueron atacados por su pertenencia al instituto armado: "¿No puede haber una razón ideológica para atacar a la Guardia Civil?, ¿cómo que no? Claro que sí", ha lanzado ante el tribunal. "La Guardia Civil no es una asociación de amigos que se reúne para comer un asado".

Las defensas también han cargado contra la magistrada de la Audiencia Nacional Concepción Espejel, a la que han acusado de "falta de imparcialidad" por estar casada con un coronel del instituto armado y por haber sido condecorada por el Ministro del Interior con la Orden del Mérito de la Guardia Civil. "Es como si un árbitro es socio honorífico de uno de los equipos y además está casado con uno de sus directivos", ha denunciado Galán. Ante estas críticas, el fiscal ha contestado que Espejel no podía inhibirse y dejar el caso en manos de otro juez, pues "la ley fija taxativamente los casos en los que se puede dar esta situación". Una vez respondidos los argumentos de los abogados, Redondo ha pedido al tribunal que se "desestimen íntegramente sus recursos" y se mantenga la condena impuesta.

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