'Caso Alsasua': piden apartar a la jueza Espejel por estar casada con un guardia civil

La defensa de los acusados en el 'caso Alsasua' presentó este jueves ante la Audiencia Nacional un escrito en el que pide la recusación de la magistrada Concepción Espejel "a fin de garantizar el derecho a un juez imparcial". En el proceso están imputados ocho jóvenes que participaron en la agresión a dos guardias civiles de permiso y sus parejas en las fiestas del pueblo navarro en octubre de 2016, suceso por el que se les acusa de un delito de terrorismo. La jueza Concecepción Espejel, presidenta del tribunal, iba a juzgarles el próximo abril, pero la defensa de los procesados solicita ahora que se le aparte del caso por estar casada con un coronel de la Guardia Civil.

"[Concepción Espejel] está casada con un coronel de la Guardia Civil, matrimonio del que resulta evidente que derivan lazos psicológicos o conexión afectiva intensa con el cuerpo al que pertenece su marido", argumenta la defensa en su escrito. Asimismo, los acusados subrayan el hecho de que haya sido "condecorada por el Ministro del Interior con la Orden del Mérito de la Guardia Civil, en su categoría de Cruz con distintivo blanco, que se concede a quien lleva a cabo acciones o conductas de extraordinario relieve que redunden en el prestigio del Cuerpo de la Guardia Civil e interés de la patria”.

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Basándose en ambos argumentos, la defensa de los procesados asegura que "es evidente" que queda "en entredicho su imparcialidad y serenidad de ánimo para decidir en la presente causa, y los acusados no pueden sentirse imparcialmente juzgados". En este sentido, apuntan a que "ningún ciudadano estaría tranquilo, creemos, si cualquier decisión que le afecte – ante un desahucio, por ejemplo, o en su recurso de un despido –dependiera de un juez que haya recibido una condecoración de la entidad o empresa a la que, supuestamente, el referido ciudadano hubiera pretendido violentar, y que sea, además, familiar directo de uno de sus accionistas o directivos".

Cuatro delitos de lesiones terroristas

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide por su parte penas de cárcel para los ocho acusados que van desde los 62 años y 6 meses hasta los 12 años y 6 meses. En el escrito de acusación, el fiscal José Perals solicita que se condene por cuatro delitos de lesiones terroristas a siete de los jóvenes, reclamando 12 años y medio de cárcel por cada uno de ellos, lo que suma un total de 50 años. De todos modos, a Ohian Arnanz Ciordia, uno de dichos jóvenes, le atribuye además un delito de amenazas terroristas y pide para él 12 años y medio más de cárcel. Para la octava procesada, Ainara Urquijo Goicoechea, la Fiscalía pide únicamente 12 años y medio de prisión por un delito de amenazas terroristas.

Frente al escrito de acusación, los abogados de las defensas reprochan que la Fiscalía impute a los acusados un supuesto "sentimiento de odio hacia la Guardia Civil" y les vincule con el movimiento 'Alde Hemendik' ('Fuera de aquí'), que reivindica el rechazo a la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas en Navarra y el País Vasco. "No se trata, por tanto, del enjuiciamiento de unas lesiones causadas a dos guardias civiles, aisladamente consideradas, sino el de una supuesta campaña de acoso al Cuerpo desde 1978, aunque los acusados ni siquiera hubiesen nacido, que ponía en tela de juicio la legitimidad de su presencia en el País Vasco y la Comunidad Foral Navarra, todo ello basado en informes de la propia Guardia Civil concernida", apuntan.